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El sector Alianza Progresista que lidera el diputado Óscar de los Santos difundió un comunicado para notificar que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) dirigió una nota al intendente Enrique Antía sobre el Expediente 2017-88-01-03957 de la IDM en relación a la denuncia presentada por funcionarios que fueron dejados cesantes en diciembre de 2015 por la administración. A juicio del organismo, la IDM violó los derechos de los trabajadores cesados, dijo el mensaje.

Alianza Progresista (AP) aseguró que el INDDHH recomendó la “revisión de los procedimientos que determinaron el cese de la relación funcional de los funcionarios, adecuando sus actuaciones a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. Todos ellos habían ingresado por concurso o sorteo y, entre ellos se encontraban embarazadas. También sugirió “adoptar medidas administrativas pertinentes para dictar una resolución que, por contrario imperio, repare la vulneración de derechos de las personas denunciantes” y la “adecuación de la política pública de contratación y cese de funcionarios, incluso en los supuestos de actuación discrecional, adoptando criterios transparentes y confiables, en consonancia con las obligaciones de cualquier organismo del Estado Uruguayo; a nivel nacional o departamental”.

Según AP, en su momento y en vista de lo preceptuado anteriormente, la IDM solicitó copia de las actuaciones del expediente respectivo, “aun a sabiendas que el artículo 20 de la Ley 18446 es claro al respecto y determina que las actuaciones de la INDDHH son reservadas. Ante la obvia respuesta negativa, la Dirección General de Asuntos Legales usó ese argumento para no considerar las recomendaciones explicitadas más arriba”.

“En vista de esta situación, la Institución Nacional de Derechos Humanos dictó el 20 de Febrero de 2017 la Resolución 462/2017 que establece: Que la Intendencia de Maldonado, incumplió las recomendaciones establecidas en la Resolución 407/2016 de fecha 10 de Agosto de 2016. Disponer la aplicación de las medidas establecidas por el artículo 28 de la Ley 18446”, dijo el sector político.

Amplia difusión

La resolución luce las firmas de los Directores de la INDDHH Mirtha Guianze, Juan Faroppa y Mariana González Guyer y puede ser consultada en su página web. En relación a las medidas establecidas por el artículo 28 de la Ley 18446, AP reprodujo el Artículo 28:

“Si las autoridades respectivas incumplen las obligaciones que habían asumido, no aceptan las propuestas de la INDDHH o incumplen total o parcialmente su implementación en los plazos establecidos, la INDDHH dará la más amplia difusión pública al texto de las recomendaciones efectuadas y sus antecedentes o, en su caso, a las obligaciones que las autoridades habían asumido, todo con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud y sin perjuicio de su inclusión en el Informe Anual o, en su caso, en el Informe Especial que resuelva presentar”.

De esta manera el sector del FA afirmó que “seguramente en los próximos días, teniendo en cuenta el texto de la Ley se publicitará la situación generada, ello sin descartar, tal como lo establece el texto legal, que la Intendencia y sus máximas autoridades sean consignados en el Informe Anual que realiza la INDDHH como violadores de los derechos de los trabajadores”.

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