El edil blanco Rodrigo Blás, principal dirigente del sector Unidad y Cambio del Partido Nacional fue denunciado por la Dirección General Impositiva ante la justicia anticorrupción.
Blás y su esposa, otro edil y tres escribanos fueron denunciados en un informe publicado el viernes por el semanario Brecha que los involucra en una presunta defraudación tributaria por unos 6,7 millones de pesos. De acuerdo a la citada publicación, la Dirección General Impositiva radicó una denuncia sobre este caso en uno de los juzgados anticorrupción de la capital de la República. La denunció tomó estado público en febrero pasado por otro informe publicado por el mismo semanario. El caso fue denunciado por el procurador Gastón Villamayor en representación de un grupo de promitentes compradores de terrenos del fraccionamiento Valle Di Saronno, ubicado al oeste de la capital departamental. Blás es el titular de la inmobiliaria Blás Propiedades que intervino en la venta de los lotes del citado fraccionamiento propiedad de la firma Javipark SA. La presunta maniobra consistiría, según la publicación, en firmar los boletos de compraventa por una cifra menor a la real. Esto permitiría a la firma Javipark SA pagar una cifra menor en el caso del impuesto a la renta de la actividad empresarial (IRAE), además de otros tributos que emergen de una compraventa de inmuebles.
Secreto tributario
Rodrigo Blás ha declinado realizar ningún comentario sobre la denuncia. En tanto, la difusión del caso a través de los medios de prensa- el tema estuvo en todos los medios escritos, radiofónicos y televisivos del país el pasado viernes- generó la reacción del abogado de Javipark SA, Álvaro Villegas. A su juicio, el hecho de que la denuncia llegara a los medios de prensa antes que a los acusados violenta las normas del debido proceso y el secreto tributario.
“Antes de adoptar cualquier medida queremos ver qué resolución es, porque hablamos de todas cosas supuestas. La empresa nunca fue notificada de nada. No podemos precisar nada porque no sabemos de que se trata. Acá se violentaron las normas del debido proceso porque no se dio vista de las actuaciones (antes de) a dictar una resolución sobre un caso que tuvo una repercusión pública”, dijo Villegas a FM Gente.
“A la empresa no le consta nada de lo que emerge de la publicación del día de hoy (Viernes). Hubo una filtración de la cual la propia empresa, en una presentación que hizo el 11 de setiembre de 2014, había advertido a la DGI de que tuviese en cuenta el deber de reserva que establece el Código Tributario”, indicó. “Lo que percibimos, sin conocer el contenido de las actuaciones, es que el expediente tuvo un movimiento vertiginoso en el mes de setiembre. El expediente cobró un vértigo inusitado que para nosotros es algo habitual”, añadió. “Tenemos entendido que el expediente estuvo en una oficina de la DGI por un lapso de tres horas algo no habitual”, expresó.
Por otra parte, Villegas sostuvo que la inmobiliaria Blás Propiedades actuó como intermediaria en la venta de los terrenos y dijo que el edil no es ni director, ni accionista de la firma Javipark SA.
En cuanto a la denuncia, insistió en que “no se confirió vista alguna, ni notificación de resolución alguna. En oportunidad de labrarse el acta de inspección efectuada por la DGI se tomó contactó con una liquidación de la administración tributaria. Liquidación cuyo criterio no se comparte por Javipark SA. La empresa no tiene acceso y conocimiento de cómo se fueron sustanciando las actuaciones. Que se entere por medio de la prensa de un eventual pase a la justicia penal de los antecedentes implica que, de algún modo, se está violentando algún tipo de reserva. Sea el secreto tributario o la reserva presumarial”, explicó.
Presentación
Villegas señaló que su cliente debería haber sido notificado de la resolución. “Acá está en juego el artículo 47º del Código Tributario que es muy claro en cuanto al secreto de las informaciones que resulten de las actuaciones administrativas o judiciales, tanto para la administración tributaria como de los funcionarios que de ella dependen”, indicó.
Por otra parte, sostuvo que Javipark SA hará una presentación ante la DGI por lo que entiende la constatación de la vulneración del secreto tributario.
“La empresa no comparte los criterios de liquidación efectuado por la DGI. La empresa rechaza cualquier tipo de crédito resultante de cualquier reliquidación que haya formulado la administración”, agregó.
Federico Casaretto cree que el caso es parte de una campaña “política” y “de enchastre”
El edil nacionalista Federico Casaretto, que en los últimos meses se sumó al sector liderado por Rodrigo Blás, estimó que la denuncia de la DGI es parte de una campaña de “enchastre” que lleva adelante el oficialismo y el propio gobierno contra candidatos de la oposición.
“En Maldonado estamos acostumbrados de que cada vez que hay una campaña electoral aparecen denuncias en la justicia. Es la judicialización permanente de la política. Esta denuncia aparece a diez días de la elección generada por un operador de primer nivel del Frente Amplio que forma parte, además, de una campaña de enchastre donde han caído por lo menos el intendente Enciso, el intendente Botana, el intendente Castaingdebat, el intendente Zimmer, el intendente Coutinho, los intendentes más exitosos del país. Y aquí en Maldonado, Blás es el candidato más exitoso del Partido que disputa el gobierno”, aseguró.
“Creo que aquí lo que hay es una gran intención del gobierno de aferrarse al poder, de que vale todo para aferrarse al poder. Días pasados el presidente Mujica haciendo campaña directamente. Y ahora una DGI, que permita que les diga, ha perdido credibilidad desde que le perdonaron una deuda de 10 millones de dólares a ‘Paco’ Casal con una firma del presidente de la República con más de 2190 irregularidades en las declaraciones juradas a la DGI. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener?. Así que la trascendencia que le damos es ninguna”; dijo el edil a FM Gente.
17 en 23
De acuerdo a la información recogida por Brecha la DGI revisó 23 casos de presunta subfacturación. En 17 de ellos detectó “diferencias de entre 3.800 y 21 mil dólares entre el monto declarado en las escrituras de compraventa y el que efectivamente pagaron”.
