La abogada del barrio El Cortijo, Flavia Núñez, hablando en representación de todos los promitentes compradores del ese complejo habitacional, anunció que el día 12 de julio próximo “está previsto el remate de una vivienda, ocupada por los titulares de una promesa de enajenación de inmuebles a plazo celebrada con Nelori SA, con el respaldo y financiamiento del Banco Hipotecario del Uruguay”. Otras viviendas del barrio podrían estar corriendo la misma suerte a causa de lo que Núñez, consideró “una situación vergonzosa”.
“En el año 2006 Nelori SA fue embargado, y recayó sobre los terrenos del Barrio El Cortijo. Los padrones embargados son manzanas, no existiendo a la fecha padrones individuales por vivienda”, refirió. “Por esta situación, promesas no llegaron a inscribirse por el Escribano Miguel Deluchi, sugerido por Nelori SA y que intervino en la mayoría de los contratos celebrados. Eso coloca a esos compradores en que su contrato actualmente no sería oponible a terceros, aunque hayan integrado la totalidad del importe exigible a la fecha de inscripción y abonado la misma, más los honorarios de escribano, conservando las correspondientes constancias. Esta es la situación de la familia que va a remate en el mes de julio, quienes se encuentran habitando la vivienda actualmente”, relató.
Núñez dijo que “a raíz del embargo a Nelori SA, en la mayor parte de las viviendas no pudo operar la novación, que por contrato estaba prevista, esto es, la operación por la que el Banco Hipotecario sustituye a Nelori SA como parte vendedora en el contrato. Como el embargo recayó antes de la fecha prevista para la novación, esta no se cumplió, quedando la mayor parte del barrio con contratos con Nelori SA, que no podían cumplirse”, completó.
Otra órbita
Asimismo agregó que “el Banco Hipotecario cayó en la imposibilidad de otorgar los títulos de las unidades. Aún así, y sin novación, una vez que los compradores habían abonado la totalidad a Nelori SA, el Banco Hipotecario estuvo cobrando una cuota a estos compradores emitiéndoles recibos, no a su nombre, sino a nombre de Nelori SA. En el año 2007, posterior al embargo, Nelori SA suscribe contratos de arrendamiento con opción a compra con varios interesados que estuvieron abonando un alquiler con la promesa que podrían adquirir su casa. En 2008, en forma de fideicomiso, el paquete de compradores del Barrio El Cortijo, pasó de la órbita del Banco Hipotecario a la de la Agencia Nacional de Vivienda. Desde entonces, la Agencia Nacional de Vivienda se ha presentado erróneamente como un tercero, desconociendo la situación preexistente, pero lo más grave, son las irregulares gestiones de cobro. No se mantiene un criterio único para realizar convenios de pago con todos los compradores que se han acercado buscando regularizar su situación”.
“Cuando la Agencia notifica a cada vivienda, lo hace a la persona de Nelori SA y solo individualiza vivienda y manzana, pero a la hora de cobrar, desconoce la intervención de Nelori SA y los derechos de los compradores. A aquellos que suscribieron convenios, se les suspendió el cobro por parte de la Agencia y tiempo después se les notifica que incurrieron en mora, a pesar del interesado contar con una constancia escrita emitida por la propia Agencia suspendiendo el cobro. Ahora esas familias que convinieron, se acercan a la Agencia y les informan que todo lo abonado lo perdieron, que su situación es convenio para pago de cero, nuevamente, o remate”, añadió.
Misma línea
Núñez dijo que, a causa de la situación, “un colectivo de vecinos iniciaron una acción civil contra Nelori SA y Banco Hipotecario” y que, en virtud de ese juicio, “el día 19/03/18 se celebró una audiencia de conciliación, según la cual, ambas partes acordaron fijar una siguiente audiencia para negociar las condiciones de un acuerdo de pago, prevista para el 08/08/18. Pero siguiendo la línea que ha sido una constante, la Agencia decreta un remate extrajudicial de una vivienda del colectivo con el que está negociando judicialmente, a realizarse antes de la audiencia, en el mes de julio. Como el remate es extrajudicial, los plazos son especialmente breves y no admiten una medida cautelar que lo detenga para dirimir la cuestión de fondo.
La opción a las familias afectadas que se vean ante un remate inminente es, comprar su propia casa en un remate llevado a cabo por la Agencia. El remate es un acto público, por lo que terceros pueden pujar el precio, y la familia perder su casa. Coloca a los compradores a Nelori SA en una situación de tener que, reunir el valor contado o, y esto sí que es un dato curioso, la Agencia Nacional de Vivienda, les financia el precio del remate, pero, deben reunir U$S 10.000 contado, que para una familia promedio, significa deber obtener un préstamo con un tercero, y en simultáneo pagarles a la Agencia cuotas mensuales que rondarían $ 17.000. Y todo lo pagado a Nelori SA se desconoce”, precisó.
Según la abogada, “algunas familias se acercaron recientemente a la Agencia solicitando información sobre condiciones para un convenio y se encontraron con inconsistencias que hacen muy difícil recuperar la ya mancillada confianza hacia su gestión. En ningún momento se da garantías sobre la posibilidad de otorgar los títulos de las propiedades. A unos se les habló de deuda con pago en dólares, que no podían ser convertidos a otra moneda, y a otros en Unidades Reajustables. A pesar que las tasaciones no toman en cuenta las mejoras, por mismas viviendas tipo (cantidad de habitaciones y materiales de construcción) se dio distintos precios y distintos valores de cuota, antes de entrar en consideraciones sobre los ingresos económicos del núcleo familiar”, indicó.
Núñez estimó que “caben muchas preguntas para hacerse”. Por ejemplo, “cómo en los años noventa, la plana gerencial del Banco Hipotecario, con la Dirección del Ingeniero Salomón Noachas, en su momento procesado por concusión, por actos reñidos con la Administración pública, pudo tener tantas veces la mala visión a la hora de comprometer fondos públicos en la cofinanciación a emprendimientos de empresas particulares con reiterados historiales de insolvencia, como fue el caso de Niver Benencio y Nelori SA, que hoy afecta por lo pronto, en el departamento de Maldonado, a los barrios de La Alameda en San Carlos y El Cortijo en la ciudad de Maldonado. La clara estrategia es colocar a los compradores en una situación de deuda directa a la Agencia Nacional de Vivienda, y a partir de ese momento, desvirtuar y desconocer la situación subyacente que ha llevado a todos los vecinos a este punto”, estimó.
Además, señaló que “en el historial registral de los padrones que integran el Barrio El Cortijo se observan varias irregularidades. Los embargos se reinscriben cada cuatro años. Pues bien, el embargo a Nelori SA con fecha 2006, en una de las reinscripciones se demoró en hacerlo, y en ese lapso de días, se presentó la inscripción de algunas viviendas, aunque aún hoy no son padrones individuales. Es tremendo que hoy una familia que compró legítimamente esté enfrentando un remate, mientras algunos pudieron contar con información privilegiada sobre el Registro”, consideró.
Una ficción
“Volviendo sobre que aun hoy no hay padrones individuales: la recaudación de Contribución inmobiliaria a cada casa se hizo a instancia de los propios vecinos que debieron realizar el trámite ante la Intendencia Municipal de Maldonado, y cómo no eran padrones individuales debió realizarse una ficción, y el valor catastral sobre el que recauda la comuna, es el de las construcciones, no del terreno de cada vivienda, porque los padrones son las manzanas y no han sido fraccionados”, señaló la vecina.
“La Agencia sostiene que la única forma de sanear los títulos es a través del remate o una escrituración judicial, cuyo costo y duración del proceso se recarga al comprador después de haber abonado la totalidad de su casa. Aún así, las personas que compraron la vivienda en remate hace dos años, hoy día no han podido obtener la titularidad de su casa con entrega de las llaves. Es vergonzoso que en un Estado de Derecho se estén dando situaciones de esta naturaleza, pretendiendo la investidura de la institucionalidad para llevar a cabo este tipo de maniobras, con total falta de transparencia y garantías para la población”, concluyó.
