Vecinos de La Barra y El Tesoro que juntaron firmas contra el nuevo proyecto edilicio que se propone construir sobre la vera del arroyo, junto al edificio Delamar, enviaron a la Intendencia de Maldonado una solicitud para que se expropie el terreno sobre el cual se levantaría el condominio. Este proyecto ya fue aprobado el martes 5 de noviembre en la Junta Departamental de Maldonado, e implica un condominio de 23 unidades habitacionales tipo “loft” sobre 3.325 metros cuadrados. Sin embargo, hasta ahora la solicitud no ha sido respondida, dijo a la emisora Aspen el abogado de varios de los vecinos de las inmediaciones, José Luis Sciandro.
Hace un tiempo, en ese mismo lugar, la Junta había aprobado otra edificación con excepciones, pero el movimiento vecinal y la apelación a la Cámara de Diputados terminó con el permiso.
En ese entonces, la idea era construir un hotel mientras que ahora se aspira a levantar un edificio. Sciandro dijo ayer al programa Frecuencia Abierta que para este proyecto se mantuvo la excepción y se autorizó construir con un factor de ocupación “muy superior al permitido”. Con eso se valorizan artificialmente algunas tierras, señaló. “La pregunta que nos hacemos es por qué a un privado se le están regalando dos terrenos, en función del área autorizada para construir”, agregó.

“Tiritas”
El abogado señaló que los vecinos están analizando medidas para oponerse a la obra. Según estimó, podrían surgir otros reclamos, incluso en el ámbito judicial, para exigir que se respete la normativa de la construcción. Asimismo, desmintió que el valor de esos terrenos sea millonario como se ha sostenido. Sin las excepciones aprobadas “son tiritas de tierra que no sirven para nada”, indicó.
El doctor Sciandro es asesor de la Liga de Fomento de La Barra y también representa a un grupo de vecinos que residen frente al arroyo Maldonado. Este grupo ha litigado con la IDM desde que había problemas de ruidos molestos en el parador La Morocha, ubicado donde luego se erigió el edificio Delamar. Este último edificio también fue aprobado a pesar de la oposición del vecindario.
Justamente, Sciandro destacó que la zona del arroyo Maldonado, entre los puentes ondulantes y la desembocadura en el Océano Atlántico, ha sido un lugar de conflictos desde hace casi veinte años. Más allá de ser predios privados, las playas han sido tomadas como referencia por los pobladores de la zona y los propios turistas.
Dijo que, de acuerdo con la ordenanza vigente, solo se puede construir sobre un 50% de la superficie de los terrenos, teniendo en cuenta los retiros y otras limitaciones, pero además con una altura que no podría superar los 7 metros, lo que ya no se respetó con el edificio Delamar.
Respecto al espacio que el privado estaría cediendo para uso público, Sciandro subrayó que en realidad ya había sido cedido cuando se negoció la autorización con excepciones para erigir el edificio Delamar, “por lo cual le llama la atención que ahora se mencione como un nuevo beneficio”, contó la emisora.

Antecedentes
El 14 de agosto de 2018, la Junta Departamental concedió la anuencia “para desafectar del dominio público el pasaje peatonal existente entre los padrones 17.637 y 15.001 de El Tesoro”, cuya área es de poco menos de 280 metros, y permutarlo por el padrón 16.044. Además, contempló la compensación en favor de la Intendencia de Maldonado, por un valor global de U$S 105.000. “La desafectación del pasaje peatonal se efectúa a solos efectos de su incorporación al padrón lindero Nº 15.001”, agregaba el escrito vecinal presentado en el Parlamento.
A su vez, la resolución viabilizaba la posibilidad de construir por sobre “los índices permitidos por la normativa de ordenamiento territorial y con destino de hotel, lo cual violenta la decisión judicial transaccional dictada para esa zona del departamento en donde no se puede desarrollar actividad comercial”.
En el mes de diciembre de ese año, los vecinos se presentaron ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados y presentaron un recurso contra la construcción. Llevaron 1.400 firmas de vecinos como respaldo y pidieron declarar la nulidad absoluta del acto de gobierno de la Intendencia de Maldonado.
Los vecinos se ampararon en el Artículo 303 de la Constitución, que establece que “los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, pueden apelarse en otros ámbitos.
Entre esos ámbitos figura la Cámara de Representantes ante la cual se puede presentar el recurso dentro de los 15 días posteriores a la promulgación de la resolución, un tercio del total de los miembros de la Junta Departamental (11 ediles) o la firma de al menos 1.000 ciudadanos inscritos en el departamento.