A partir del día 28 de febrero del 2019, en poco más de tres meses, unas 20 personas se quedarían sin empleo por cuanto finalizará la concesión que el estado otorgó a Aguas de la Costa SA para gestionar el sistema de agua potable y la red de saneamiento al este del arroyo Maldonado. Un jerarca de Ose ya se reunió con quienes perderían su trabajo y les dijo que la única solución era que se votara en el parlamento una ley que amparara a los trabajadores de la Unidad de Gestión Desconcentrada y Aguas de la Costa ante la desaparición de ambas empresas.
Angel Mundo, vocero de los funcionarios, dijo este viernes a FM Gente que ya hubo dos reuniones. Una de ellas fue con los trabajadores ingresados con anterioridad al año 2005, a quienes se les informó que serían absorbidos por Ose. Quienes comenzaron a trabajar del 2005 en adelante quedarían fuera de las plantillas a menos que se encuentren soluciones.
Mundo señaló que cuando el proyecto de ley que elimina la UGD ingresó al Parlamento se había asegurado que “todos seguirían trabajando”. “Además, en todos los medios dijeron que las fuentes laborales no se iban a tocar. No nos quedaremos de brazos cruzados”, advirtió. “En 25 años de la empresa no hubo problemas ni conflictos y no se valora todo lo que se ha hecho”, agregó.
A los afectados se les recomendó que se reunieran con los diputados. Habría “una pequeña esperanza” para ellos si se aprobara el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

Proyecto
El mentado proyecto justifica la eliminación de la UGD por la “duplicidad de algunos recursos” con respecto a OSE. También existen problemas operativos y tarifarios surgidos de la contabilidad independiente de la UGD y la diferencia jurídica en la forma de contratación de personal. A diferencia de los funcionarios de Ose, los trabajadores de la UGD y Aguas de la Costa han trabajado bajo el régimen del sector privado.
Los diputados de Maldonado mantuvieron contactos con los trabajadores y manifestaron su oposición a la idea de eliminar la UGD. El proyecto está a consideración del Parlamento, pero no ha avanzado a causa de la postura de algunos legisladores, incluso algunos del oficialismo, como Óscar de los Santos.
El contrato de la concesión se firmó el 7 de febrero de 1993 entre la administración de las Obras Sanitarias del Estado del gobierno de Luis Alberto Lacalle y la empresa Aguas de la Costa SA. Entró en vigencia el 1º de marzo del año 1994.
La firma se encarga de brindar servicios de agua y saneamiento a los balnearios La Barra, El Tesoro, Manantiales, Punta de Piedras y José Ignacio en una franja delimitada al oeste por una línea sita a un kilómetro del trazado de la ruta 10.