El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, inauguró su discurso del debate presidencial del 1 de octubre con una afirmación engañosa. “Quién diría que en estos 15 años Uruguay pasara a ser el país que mayor riqueza generada por habitante y por año en toda América Latina, que no lo era en 2004”, sostuvo el socialista, y continuó: “Quién diría que esa riqueza se distribuiría de la forma más equitativa de toda América Latina, que tampoco lo era en 2004”.
No hay elaboradas mediciones numéricas relativas al concepto de riqueza en la región, según explicaron a Verificado los asesores de economía convocados para la cobertura del debate. Es imposible, por lo tanto, desmentir o confirmar la afirmación que sostuvo Martínez porque no existe un dato específico para poder contrastarlo. Para medir la riqueza de manera adecuada, además de los ingresos, el cálculo debe contemplar los bienes patrimoniales, herencias que tienen las personas, entre otras complejidades. Y ese dato no está disponible hasta el momento.
En términos cuantitativos, el ingreso per cápita a paridad de poder de compra es el indicador más adecuado para aproximarse al nivel de riqueza de los habitantes de un país. De acuerdo a las últimas mediciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país de América Latina que mejor califica en este sentido es Panamá, seguido por Uruguay.
Según el índice de Gini -un número entre 0 y 1 que se utiliza para medir la desigualdad de los ingresos, en donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad- Uruguay tampoco es el mejor de la clase. El país del continente con mejor distribución, según los últimos datos disponibles, es El Salvador con 0,38 puntos, seguido por Uruguay, con 0,395.
El comando de campaña de Martínez reconoció a Verificado que el candidato del FA “no usó la palabra técnica correcta”.

Durante su derecho a réplica, Martínez aseguró: “En la Intendencia de Montevideo (IMM) heredamos un déficit fiscal altísimo, alto, perdón, y terminamos el primer año con un superávit del 7% y con dos años más de superávit”. Esta afirmación es verdadera, aunque el socialista omitió informar sobre qué es ese excedente. Consultado por Verificado, el comando de Martínez detalló que la afirmación superlativa estaba vinculada a los ingresos.
El candidato del FA asumió como intendente de Montevideo el 9 de julio de 2015 y, por lo tanto, su primer año completo al frente del gobierno de la capital fue en 2016. El resultado del ejercicio 2016 de la IMM, aprobado por la Junta Departamental, arrojó un superávit de $ 1.117.940.045.

De acuerdo a lo publicado en el mismo documento, en 2016 los ingresos de la IMM sumaron $ 17.122.830.816. Al compararse la primera cifra con ese monto, el superávit del ejercicio da 6,53%, lo que se puede redondear en 7 puntos, según explicó el comando de campaña del presidenciable por el FA.

Además, de acuerdo con los datos publicados en el Observatorio Territorio Uruguay de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en 2015 la IMM tuvo un resultado deficitario y en los años siguientes a 2016 mantuvo un resultado superavitario.

El candidato por el Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, aseguró en el debate que hubo un “récord de concordato, de cierre de empresas el año pasado y el anterior”. Esa afirmación es inexacta. Un récord supone el máximo valor absoluto de una serie o registro determinado, y en este caso hubo más empresas que solicitaron el concurso o concordato en el año 2002.
En efecto, según la información que la Liga de Defensa Comercial (Lideco) —una gremial no sectorial que contabiliza los datos de empresas en concurso de acreedores— trasladó a Verificado, en el año 2002, en plena crisis económica, se presentaron a concordato 224 compañías.
De acuerdo a la misma fuente de información, en el año 2017 hubo 117 empresas que solicitaron el concurso y al año siguiente fueron 111.
Una salvedad es que la ley de proceso concursal se modificó en 2008. El comando de campaña de Lacalle Pou detalló a Verificado que el “récord” mencionado refiere a los datos generados a partir de la actualización de la norma. Efectivamente, los concursos de empresas en 2017 y 2018 son los mayores en ese periodo de tiempo pero, sin embargo, no se trataría entonces de una marca récord, porque estaría excluyendo un antecedente dentro de esa categoría histórica.
Abogados especializados en concurso de acreedores dijeron a Verificado que los datos previo y posteriores a la reforma son comparables entre sí porque, más allá del cambio legal, las cifras pre y post ley reflejan la cantidad de empresas insolventes.

En su derecho a réplica del bloque de economía, Lacalle Pou manifestó en el debate que “entre Ancap, más Pluna, más la regasificadora, en ese despilfarro se va lo que los uruguayos pagan de IRPF al año”. Esta afirmación es engañosa.
En primer lugar, el candidato no utilizó referencias temporales, ni para determinar el monto anual de IRPF ni para conocer a qué años refieren las pérdidas mencionadas de Ancap, Pluna y el proyecto de la regasificadora.
Sin embargo, desde el comando de Lacalle Pou informaron a Verificado que para el IRPF se tomó el promedio anual del período 2011-2015 —dado que en dicho lapso se generaron las mencionadas pérdidas para el Estado— con un resultado de US$ 1.386,9 millones.

En el caso de Ancap, la ley de capitalización de principios de 2016 condonó una deuda por US$ 622 millones que asumió el Estado uruguayo. Además, según información de El País, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina otorgó un crédito a 12 años por US$ 300 millones a la petrolera estatal.

Sumado a esto, el equipo de Lacalle Pou indicó que se tomó el sobrecosto de los combustibles en el 2015 —es decir la ganancia de Ancap por encima de los costos de paridad de importación que calcula la Ursea—, que según sus cálculos fueron US$ 354,2 millones. El grupo de asesores de Verificado aceptó como válido tomar los sobrecostos como una pérdida. Sin embargo, los cálculos finales agregan ciertos supuestos que no son pasibles de ser chequeados. Como por ejemplo cuáles son los conceptos que integran los sobrecostos y cuáles serían y qué criterios se emplearon para determinar los costos, el contrafáctico.

En tanto, para el caso de Pluna, el equipo de Lacalle Pou consideró una pérdida de US$ 300 millones. Gabriel Ferreira, que ofició de síndico de la aerolínea, dijo a principios de año al programa En Perspectiva de Radiomundo que las pérdidas de Pluna que debió asumir el Estado fueron, en cambio, de US$ 137 millones.

Mientras, para la regasificadora, el candidato consideró una pérdida de US$ 100 millones. Según los balances de la firma Gas Sayago —encargada del proyecto, propiedad de Ancap y UTE— en los cinco años considerados (2011-2015) hubo pérdidas por US$ 12,9 millones.  Además, en 2014 el Estado hizo un aporte de capital a la empresa por US$ 34,4 millones y se recibió un préstamo de la CAF-Banco de Desarrollo a 10 años por US$ 82,6 millones. Esto suma US$ 129,9 millones, a lo que deben restarse US$ 100 millones de la garantía que cobró el Estado de GNLS, dando un total de US$ 29,9 millones (Gas Sayago aún enfrenta varios juicios con potencial impacto en sus cuentas). 

Al sumar todas las cifras verificables —en Ancap quedan por fuera los sobrecostos— esto da US$ 1.088,9 millones, es decir un monto menor (en US$ 298 millones) al que pagaron los contribuyentes por IRPF tomando el promedio anual del período 2011-2015.

Para poder concluir que la afirmación de Lacalle Pou es verdadera, se deberían contemplar cifras que no son pasibles de ser verificadas, como por ejemplo, el detalle concreto de los  los sobrecostos en Ancap. Frente a este impedimento, la afirmación del candidato arrastra un contenido engañoso. 

 

Equipo periodístico:
Ana Matyszczyk, Verificado.uy
Fabián Tiscornia, El País
Mathias Da Silva, El País
Gabriel Lagos, La Diaria 
Ismael Grau, Búsqueda
Juan Ignacio Berro, Verificado.uy