mieresPor Pablo Mieres

A esta altura parece una burla. Ya no hay forma de entender por qué este país no logra dar pasos claros y firmes para erradicar la violencia en el deporte particularmente, aunque no sólo, en el fútbol.

Es insólito. Da vergüenza ajena. Hace años que “se pasan la pelota” entre el gobierno y los clubes como si ninguno tuviera responsabilidad o buscando asignar la responsabilidad al otro.

Todos sabemos que hay países que tuvieron problemas similares o incluso mayores y, sin embargo, resolvieron la situación a tal punto que hoy ni siquiera necesitan poner alambrados en los estadios. El caso inglés es el que “rompe los ojos”, después de que los equipos de ese país fueran suspendidos de las competencias europeas, los ingleses resolvieron definitivamente el problema de los tristemente famosos “hooligans”.

Pues bien, aquí parece que todo se hace más difícil. ¿Por qué? Nadie sabe muy bien, pero la problemática se agiganta. Dos ejemplos en tres días son o deberían ser “la gota que desborda el vaso”. El jueves pasado el partido que jugó Nacional por la Libertadores debió ser suspendido por el ingreso de gases lacrimógenos al estadio debido a incidentes con la “barra brava” que se suscitaron fuera del estadio. Conviene decir que el partido se jugó a puertas cerradas por un grave incidente anterior ocurrido el año pasado en otro partido de la Libertadores, si no fuera grave sería casi cómico.

El sábado pasado la hinchada de Cerro generó una gresca descomunal con la policía en el estadio Luis Tróccoli a vista y paciencia de todo el mundo, con filmaciones incluidas. Ya habíamos empezado mal, puesto que el partido comenzó sin que se acatara el reclamo policial que implicaba que las hinchadas desistieran de sus posiciones en lugares inadecuados. No hubo respuesta de las barras bravas, pero el juez del partido determinó que se iniciara el partido de todas formas. Grave error que da pie a que los violentos se sientan los dueños de la situación.

La imagen de un conjunto de desaforados atacando y agrediendo a la policía sobre el final del partido puso en evidencia la gravedad de la pérdida de autoridad que se vive en estos tiempos. Nos hizo acordar a aquel patético episodio en el que la hinchada de Peñarol expulsó de la tribuna a la policía. Por si fuera poco, escuchamos azorados a autoridades de la policía calificando de exitoso el operativo realizado en torno al partido entre Peñarol y Cerro. Estamos todos locos.

Han pasado unos cuantos días y a pesar de que las imágenes permitieron que todo uruguayo que quisiera pudiera identificar a los desaforados, sin embargo no hay detenidos ni procesados por estos episodios. Sorprendente, ¿no?

En fin, ¿será tan difícil resolver este problema? Estamos seguros de que no es así.

Por supuesto, para que esto se resuelva tiene que haber decisión firme de los dos actores principales de este asunto para llevar adelante una política enérgica de respuesta definitiva a esta situación.

Para ello debe haber una actitud de “tolerancia cero” de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de parte del Ministerio del Interior.

Por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fútbol debería resolver que cuando una hinchada comienza a emitir cánticos agraviantes o que inciten a la violencia, el juez debería detener el partido y a la segunda oportunidad debería suspender el partido y establecer la quita de puntos al club correspondiente.

Justamente, la suspensión o la quita de puntos a los clubes es un instrumento que ahora está otra vez disponible en los reglamentos de la AUF y posee un impacto disuasorio importante. Sin embargo, para que cumpla con su función es imprescindible aplicar la normativa con firmeza y energía, porque de nada sirve tener vigentes una normativa si luego esta no se aplica.

Es inaceptable que se tolere en un espectáculo público un conjunto de cánticos que promueven la violencia y fomentan un clima de intolerancia y confrontación. Allí debe empezar el accionar de enfrentamiento a los violentos.

Los dirigentes de los clubes deben contribuir a desmontar la estructura de poder que los líderes de las barras bravas han construido en estos últimos años. Deben dar información amplia a las autoridades que permita avanzar en las investigaciones policiales, deben cesar todas las circunstanciales vinculaciones que al final se traducen en favores y clientelismo interno.

Al mismo tiempo, la policía debe actuar con total energía sobre aquellos dirigentes que encubran o sean cómplices de la actuación delictiva de los integrantes de las barras bravas, aplicando las leyes y estando dispuestos a enviarlos a la justicia por su conducta.

Tampoco es admisible que la policía no controle la participación de los espectadores en un espectáculo de masas. La policía debe actuar dentro de los estadios y debe imponer su autoridad sobre los violentos; esta es la clave fundamental para recuperar el clima de paz y convivencia que debe dominar en un espectáculo deportivo.

En tal sentido, debe ponerse en vigencia el mecanismo que establece que todo aquel que participe de desmanes o sea identificado como un violento, sea obligado a comparecer en la comisaría de su barrio toda vez que el club del que es hincha juegue un partido.

Hay que desmontar las estructuras delictivas paralelas que se han ido construyendo en torno a las hinchadas de algunos de los clubes, nos referimos al tráfico de drogas, la comercialización de armas de fuego u otras actividades que son en sí mismas delictivas pero que se han ido asociando al colectivo de algunas de las barras bravas.

En definitiva, hay que impulsar una estrategia de disuasión y represión que incluya el trabajo conjunto de los dirigentes del fútbol y los efectivos policiales. No hay excusas y es mucho menos difícil de lo que se dice. No tenemos ninguna duda de que es posible terminar de una vez por todas con este flagelo.

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