El director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la IDM, Alejandro Lussich, adelantó ayer en un reportaje que concedió a FM Gente que se llamará a los postulantes para recibir las soluciones habitacionales del Complejo Urbaneste antes del próximo invierno. Se trata de dos bloques de edificios construidos junto a la Ruta 39, con 80 viviendas que han estado vacías desde hace unos 30 años. En tanto, habrá otras otras 78 viviendas culminadas en Cañada Aparicio, construidas por MEVIR, que se habilitarán a mediados de 2017.
Hace varios años, desde la pasada administración, la comuna estableció contactos con el Banco Hipotecario del Uruguay para poder disponer de Urbaneste. Últimamente las unidades se han refaccionado y podrán ponerse la venta a precios convenientes. “Por suerte anduvimos bien con las licitaciones y se adjudicaron sin impugnaciones”, dijo Lussich. “En este momento hay cinco empresas trabajando. Está trabajando la Dirección de Paseos Públicos en el diseño del enjardinado del complejo, está trabajando la gente de Obras en los accesos. Urbanismo está haciendo el diseño del programa de saneamiento y próximamente se van a iniciar las obras en coordinación con la UGD. Y esperamos que, pasado el verano, antes del invierno, estar en condiciones de hacer un llamado público para que se postulen los que van a ser los adjudicatarios de esas viviendas”, explicó.
Asimismo, dijo que la comuna va a solicitar la anuencia de la Junta Departamental para aprobar los requisitos para la venta y determinar “las prioridades” respecto a los postulantes. Las 80 viviendas son muy amplias y tienen dos y tres dormitorios, aclaró.
Abandonado
“Hay que recordar que este complejo estuvo 30 años abandonado. Pasó de todo en ese tiempo. Y en el año 2012 pasó a manos de la Intendencia. Y ahora se decidió terminar con un problema de 30 años No tiene sentido que, con el déficit habitacional que hay en Maldonado, haya 80 viviendas de buena calidad abandonadas, únicamente generando gastos de seguridad”, señaló.
Lussich dijo que la IDM canceló su deuda con MEVIR, “que era de dos millones de dólares” cuando asumió la actual administración, por lo que ahora se trabaja en planes para las zonas rurales del departamento. Por ejemplo, dijo que proyectos para Aiguá, Los Talas, Solís “y quizás Pan de Azúcar”. Por otra parte, confirmó que gracias a acuerdos con MEVIR se están terminando 78 viviendas en Cañada Aparicio. Todas estarán disponibles a mediados del año próximo. Sobre otras 36 viviendas que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) estaba construyendo en Cañada Aparicio, dijo que la empresa adjudicataria dio quiebra, por lo que las obras se paralizaron. Luego la comuna se hizo cargo y este mes entregó las primeras ocho casas. “Pasada la licencia de la construcción se estarán retomando las obras. Esperamos que antes de Semana Santa estén terminadas las 36”, adelantó.
Lussich dijo que la misma empresa tenía otra obra, Lomas del Charrúa, de 78 viviendas, en Continuación Avenida Aiguá. Sobre este proyecto, iniciado hace siete años, indicó que hay un avance de obra de un 20%. “Se está renegociando un convenio como el Ministerio de Vivienda para encarar esa obra. La ANV ha logrado que la empresa que salió segunda en la licitación se encargue de la obra y esperamos que se retome después de la licencia de la construcción”, ya que hay un reclamo casi diario, “y justificado, de los adjudicatarios, subrayó.
Fideicomiso de tierras
Lussich adelantó, también, que la IDM planea acelerar la venta de algunos terrenos municipales, aunque para ello se va a solicitar la autorización de la Junta para recomponer el fideicomiso de viviendas. Lo recaudado será para financiar nuevas obras.
Asimismo, precisó que se está “a días” de firmar la escritura de compra-venta de los terrenos en los que serán realojados los vecinos del Kennedy y El Placer. “Y ahí se dará comienzo a las obras. La idea de la administración es comenzar inmediatamente después de la temporada, después de tener las posesión de las tierras”, destacó.
En lo que refiere a Maldonado Nuevo, dijo la Junta acaba a de aprobar el proceso de expropiación de los 12 solares que quedaban pendientes, en lo que viven 25 familias, con unas 110 personas, que incluyen 50 niños. “Y esa gente, al contrario de las casi mil familias que se les solucionó la situación en el año 2001 y no se les cobró la tierra, está dispuesta a pagar. El total del costo de la expropiación, estas familias lo van a retribuir en cuotas a la Intendencia”, destacó.
Sobre el “fraccionamiento grande” de ese barrio dijo que “hay un sinnúmero de situaciones” entre privados, “por lo que no parece lógico que la Intendencia tome una medida para emparejar a todos”. “El trabajo del gobierno departamental es seguir acercando a la empresa a lo que realmente tienen voluntad de pago de ir solucionando el tema con la diferencia que tiene cada situación”, indicó.
