“Acceso al cannabis recreacional para turistas”, por Jorge Pieri*

Quienes han trabajado o tienen contacto con turistas que llegan desde el exterior, cuando bajan de un crucero o cuando se les alquila una residencia, saben que hay una pregunta recurrente que tiene que ver con el acceso al cannabis recreacional. La respuesta es que ellos, por ser turistas y no ciudadanos legales, no pueden acceder.
Esta restricción para los turistas extranjeros no figura en la ley, sino que se desprende de su decreto reglamentario.
Mientras que la Ley Nº 19.172 -Regulación y control del cannabis- del año 2013, en su artículo 1º declara de interés público “las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población” y en su artículo 3º señala que “todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”; el decreto reglamentario limita el acceso solo para los ciudadanos uruguayos.
En su artículo 34°, el Decreto Nº 120/2014 señala: “Podrán adquirir Cannabis de uso psicoactivo todas aquellas personas capaces y mayores de 18 años, con ciudadanía uruguaya legal o natural o con residencia permanente debidamente acreditada, que se encuentren inscritas en el Registro correspondiente”.

Esto debe ser contextualizado en el momento histórico en el cual esta ley fue aprobada y reglamentada. En ese entonces, Uruguay se convertía en el primer país que reglamentaba la producción y la comercialización del cannabis de uso recreacional. Desde esta perspectiva, con temor a que ese cannabis llegara a otros países donde seguía siendo ilegal la comercialización y la producción, fue que se reglamentó la ley.

En contraposición con esto, recientemente el diputado Antonini presentó un proyecto de ley modificativo de la norma de 2013. El mismo, pone en igualdad de condiciones a los ciudadanos legales y a los turistas. En su artículo 1º, este proyecto señala: “Las personas no residentes que se encuentren legalmente dentro del territorio de la República podrán acceder durante el tiempo que dure su estadía a los mecanismos de expendio de cannabis y sus derivados para consumo personal, (…)”.

De este modo, se igualan las condiciones de acceso. Mientras los ciudadanos uruguayos registrados, ya sea por medio de la compra en farmacias, del autocultivo o por ser miembros de un club cannábico, acceden en condiciones seguras; los turistas quedan expuestos, no por una cuestión de un turismo cannábico, al mercado ilegal para acceder a algo que para los uruguayos, ciudadanos legales, está completamente permitido.
Cabe señalar que la política de drogas se está tornando una política de Estado. Más allá de algunas declaraciones recientes ‒de algunos socios de la coalición de gobierno actual‒ que van en contra del proceso de legalización del cannabis, se continúa avanzando.
Actualmente hay dos empresas que producen y comercializan cannabis recreativo a través de las farmacias. En el período de gobierno pasado, se hizo una licitación para otras tres licencias (empresas) y se terminaron de adjudicar en este período de gobierno. Es decir, no hay un corte en esta política.

También debe aclararse que no es el Estado el que planta ni el que produce. Son empresas privadas las que producen y venden ese cannabis. Lo hacen bajo la regulación y un importante control que impone la normativa uruguaya.

En su artículo 2°, el proyecto de Antonini, hace referencia a los clubes cannábicos y a su relación con los emprendimientos turísticos. Este artículo dice: “Los emprendimientos turísticos que se encuentren acreditados ante el Ministerio de Turismo podrán asociarse con clubes de membresía previstos en el literal F del Decreto ley Nº 14.294”. Esto quiere decir que los turistas que se encuentren en los emprendimientos turísticos existentes podrán acceder de manera legal al cannabis recreativo.

Además, el artículo 3° modifica lo que es la cantidad mínima de miembros que puede tener un club. Pasa de los actuales 45 a un máximo de 200. Al igual que las empresas que producen cannabis para la venta en farmacias, los clubes tienen una fuerte regulación en cuanto a aspectos de seguridad y de ubicación que hacen que tengan costos básicos muy altos. Esto se traslada a la cantidad de socios que pueden tener y aumenta los costos para la producción. Al aumentar la cantidad de socios, esos costos unitarios disminuyen y se tiene una efectiva y mejor capacidad de producción y acceso al cannabis por este medio.

En relación al cannabis y el combate al microtráfico, en el artículo 74° de la Ley Nº 19.889 ‒la famosa LUC‒, se señala: “Se aplicará una pena de 4 a 15 años de penitenciaría en los casos siguientes: cuando el delito [tiene que ver con el tráfico de drogas] se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles (…)”.

Este artículo de la LUC, representa un problema fundamentalmente para mujeres, dado que muchas mujeres que visitan a sus parientes o parejas dentro de la cárcel, son obligadas, requeridas o extorsionadas para el ingreso de marihuana a los establecimientos carcelarios. Como consecuencia inmediata de su aplicación, se ha incrementado la población femenina encarcelada con condenas mínimas de 5 años de penitenciaría.

Si bien este no era el fin buscado por el artículo de la LUC; frente a la realidad implica que personas que realizan un “tráfico” de cantidades mínimas de marihuana ‒que cualquier otra persona puede comprar legalmente en una farmacia‒ terminan presas por un mínimo de 5 años. Esta modificación parecería no estar cumpliendo su objetivo, dado que es como encarcelar a alguien por intentar ingresar una caja de cigarrillos a una cárcel. Debería entonces, estudiarse el acceso de cannabis recreativo a las cárceles.
Por otra parte, según especialistas, son las mujeres las que van a visitar a los varones presos, pero las mujeres presas no tienen visitas de varones. Entonces, cargan con esta responsabilidad porque son las que visitan. En cambio, cuando ellas están presas, no hay quien las visite.
Otro tema es la reglamentación del cannabis medicinal. Sobre este tema ‒que cuenta con numerosos artículos de prensa‒ hay empresarios, incluso algunos del departamento, que están a la espera de dicha reglamentación. Esto, que ya se ha anunciado, debería incidir específicamente en el acceso al cannabis medicinal y no frenar los avances que Uruguay ha logrado en materia de política de drogas.
La propuesta de acceso de cannabis recreacional para turistas extranjeros, así como el apoyo a distintos emprendimientos turísticos y la producción de cannabis, tanto recreativo como medicinal; significan una posibilidad de desarrollo para el país y también para el departamento. Se abre la posibilidad de estar en punta, como estuvimos con la ley del 2013, aunque diversos retrasos en la ley y en las reglamentaciones hacen que esto esté, lamentablemente, quedando para atrás.


*Jorge Pieri es Edil(s) por el Espacio 1946 (Frente Amplio)
en la Junta Departamental de Maldonado. 


Maldonado, diciembre de 2022