Por Esc. José Rapetti Tassano
Por ciertos actores políticos y de gobierno se pretende desviar las responsabilidades de la actual situación del agua proporcionada por O.S.E. Que si es potable, que si no lo es, que si las sustancias que contaminan dañan a la salud de las personas o no. Y en esferas oficialistas, nacionales y departamentales, se busca ir para años atrás en las causas de la contaminación de esas aguas de las que se surte O.S.E. para distribuir a la población. Y aquí la reflexión sirve tanto para nuestra Laguna del Sauce como en parte para el Río Santa Lucía.
En la reciente interpelación a la Ministra de Medio Ambiente, Arq. Eneida de León, ésta y algún legislador oficialista cargaron las tintas contra establecimientos rurales cercanos, de tambos, algunos cultivos y muy especialmente contra las plantaciones de soja. Ciertamente por allí debe buscarse evitar continúe parte de la contaminación.
Aquí en Maldonado también se oyen argumentos similares. Pero debemos recordar que este tema de la soja, la utilización de agroquímicos, pesticidas y otras sustancias que arrastran contaminantes a los cauces de la cuenca de la Laguna, y el lavado de las lluvias, no es un fenómeno viejo; por el contrario es muy reciente y cae enteramente en los gobiernos del Frente Amplio.
¿Cuándo se produce la gran explosión de las plantaciones de soja en Uruguay?
El precio internacional de la soja estaba en franca alza en 2007. En 2008 ya se sitúa en el eje de los U$S 500 dólares USA la tonelada y subiendo. Y ese mismo año, en marzo, el gobierno argentino de Cristina Kirchner dicta la famosa Resolución 125 aumentando las retracciones a la exportación de soja situadas en más de 35%. Con el aumento tributario del Gobierno argentino, la gente del campo salió a protestar enérgicamente, y a cortar rutas nacionales y provinciales, con recordados incidentes y situaciones de extrema gravedad. La negativa a producir con un socio como el Estado que se llevaba cerca del cincuenta por ciento de su ganancia, provocó una corrida de los principales productores hacia tierras uruguayas.
Cientos de miles de hectáreas de campo uruguayas fueron adquiridas o arrendadas por grandes latifundistas argentinos. Que dicho sea de paso, esa extranjerización de la tierra en grandes latifundios no conmovió a los gobernantes frenteamplistas.
Las plantaciones de uruguayos y argentinos sobre las cuencas de las grandes fuentes de agua de las que se sirve hoy, y de las que en un futuro pueda servirse la O.S.E. se fueron reproduciendo, tentadas por el aumento constante del precio internacional de la soja.
Nada hizo el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, del ex Ministro José Mujica, ni el siguiente de Tabaré Aguerre para controlar el laboreo de esas tierras. Son 10 años de dejar hacer y dejar pasar como el viejo cantillo del liberalismo económico.
En tanto organizaciones ambientalistas denuncian la utilización de fumigaciones aéreas que expanden sustancias que dañan el ambiente, tanto para pasturas, como para animales y seres humanos.
¿Qué roles juegan esos Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente? ¿Y las Intendencias Departamentales?
La constitución y las leyes
El artículo 47 de la Constitución de la República es inequívoco al declarar que la protección del medio ambiente es de interés general. Por lo que los intereses de los particulares están sometidos a ese interés de todos, y así continúa estipulando que las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente. En el segundo inciso luego de establecer que el agua “es un recurso natural esencial para la vida”, dice que “el acceso al agua potable y al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. No reproducimos el resto por su extensión, pero esencialmente se establecen los postulados de la reforma constitucional de 2004, fruto de un plebiscito de hondo contenido popular que significó que sea una persona jurídica estatal, quien preste esos servicios de agua y saneamiento, y la protección y conservación del Medio Ambiente; así como la restauración de la naturaleza, prioridades de orden social a las de orden económico, entre otras salvaguardas de la sustentabilidad de los recursos para las generaciones futuras.
Las leyes 16.466 de 1994 de Evaluación de Impacto Ambiental, con exigencia de previa intervención de la DINAMA en proyectos de probable afectación del ambiente; de la Ley 17.283 del año 2000, sobre Protección del Medio Ambiente; la Ley 13.308 de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de junio de 2008, estableciendo la competencia del Estado a través de sus Ministerios respectivos en la materia, y también de Gobiernos Departamentales; y especialmente para éstos, la Ley Orgánica Municipal 9.515 de 1935, en las competencias de los Intendentes artículo 35, numerales 21 y 24; y recientemente con la ley 18.567 de setiembre de 2009 sobre Descentralización y participación Ciudadana, confiere competencias claras tanto en la materia departamental artículo 6, como en la municipal, artículos 7 y 13.
Es claro que esos organismos públicos deben actuar en la prevención y en la corrección de situaciones que se han dado, tanto en Laguna del Sauce como el Río Santa Lucía y estos acontecimientos notorios, revelan que han sido insuficientes o no los han hecho.
Las responsabilidades políticas
Esa ineficacia en los controles de los Ministerios de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el de Ganadería Agricultura y Pesca, la custodia de lagunas y ríos que le compete al Misterio de Transporte y Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Hidrografía, y falta de ejercer sus competencias por parte de las Intendencias, ha sido determinante en esta verdadera crisis que se padece.
El ex Intendente Oscar de los Santos no estuvo diligente en actuar, y especialmente en articular políticas de defensa de la Cuenca; se queja de otros, pero suya es buena parte de la responsabilidad política. Tampoco es válido echar culpas al populoso barrio de La Capuera, cuya población trabajadora y sufrida hace muy pocos años se empezó a instalar en cercanías de la Laguna.
Caso curioso es la crítica que un candidato frenteamplista de Canelones formula en televisión de Montevideo, sobre el lamentable estado del Río Santa Lucía, de sus riberas invadidas por cultivos; y curioso porque deja muy mal parado al ex Intendente Marcos Carámbula. Este Dr. Carámbula ha estado 10 años gobernando Canelones y poco se ha ocupado del agua, la contaminación y sobre todo de exigirles a organismos nacionales de su Partido F.Amplio, el control y las medidas correctivas en salvaguarda de la pureza del agua que toma Montevideo y parte de Canelones.
También hemos oído decir que “esto se politizó”. Como si con ello se atenuara la responsabilidad política. Si, se politizó porque es un claro hecho político.
Existe para los gobernantes la obligación jurídica de cumplir con los cometidos asignados.
Ellos son políticamente responsables por sus incumplimientos a las obligaciones que asumen.
Así que es absolutamente erróneo sostener que no es un asunto político. Seguramente quienes lo han dicho, apurados por la justa queja popular hacia ellos, no se detuvieron a pensar en lo que decían, que no es lo mismo que cuando eran oposición.
