“¡Al botón chim pum FUERA!”, por Joaquín Garlo Alonsopérez

Junto con las elecciones nacionales del próximo domingo se somete a consideración del cuerpo electoral la propuesta de reforma constitucional “Vivir sin Miedo”, impulsada por un sector del Partido Nacional. El texto de la reforma, que se plantea por sus promotores como “la solución para los problemas de inseguridad”, implica cuatro medidas, que se votan juntas y son inseparables: la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares, la habilitación de los allanamientos nocturnos, la cadena perpetua y la limitación del acceso a mecanismos de libertad anticipada para quienes cometan determinados delitos.
Vemos como una vez más determinados actores políticos recurren al mecanismo de reforma constitucional con fines meramente electorales. Al igual que en 2014 cuando la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal, se utiliza el problema de la seguridad ciudadana con el mero fin de juntar votos, con propuestas y eslóganes engañosos (“Para Vivir en Paz”, “Vivir sin Miedo”). En este caso, la reforma es el respirador artificial de un cadáver político como es el Dr. Jorge Larrañaga.
Esta propuesta es más de lo mismo, no cambia en nada el enfoque dado por el Estado uruguayo al tema de la seguridad pública durante los últimos 80 años (desde aquella Comisión Investigadora de Actividades Antinacionales de 1942). Por ejemplo, los allanamientos nocturnos se vienen discutiendo en nuestro país desde hace varias décadas. Cuando la discusión de la Ley sobre Seguridad del Estado y Orden Interno en 1970 el Poder Ejecutivo de la época planteó la necesidad de autorizar los allanamientos durante la noche. El artículo 11 de la Constitución, que establece desde 1830 la inviolabilidad del hogar durante horas de la noche, garantiza la protección del ámbito material donde se ejercen varios derechos humanos, como la intimidad personal y la libertad de los individuos y de la familia, base de nuestra sociedad. En ese entonces grandes juristas de la época plantearon posturas contrarias a esta propuesta. Entre ellos, el Prof. Dr. Arlas decía que “el artículo 11 es una preciosa garantía de libertad y debe mantenerse si es que deseamos vivir en un Estado de Derecho y si aspiramos a ser una auténtica democracia”.
Según The Economist, Uruguay es la única democracia plena de toda América Latina y el Caribe. Esto dejaría de ser así de aprobarse la propuesta de reforma constitucional el próximo domingo: nuestro país dejaría de ser una auténtica democracia. El derecho humano a la intimidad personal, a la propiedad y sobre todo a la libertad están en juego. Existe conformidad en la doctrina del Derecho de los Derechos Humanos respecto a que los derechos NO SON PLEBISCITABLES, en función del principio de progresividad. Inclusive así lo sostuvo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo al decir, igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia uruguaya, que no se pueden utilizar mecanismos de democracia directa, como un plebiscito, para quitar derechos a la población.
América Latina está atravesando tiempos violentos, en los que las fuerzas de seguridad militarizadas reprimen brutalmente a sus pueblos. Estos son los casos de Brasil, Ecuador y el más reciente de todos Chile. El Dr. Larrañaga supo poner como ejemplo estos países, donde hoy mueren ciudadanos inocentes en el ejercicio de sus derechos. La propuesta de reforma “Vivir sin Miedo” incluye la creación de una Guardia Nacional con efectivos de las Fuerzas Armadas, lo cual implica lisa y llanamente la militarización de la seguridad interior en el Uruguay. No sólo está comprobado en el mundo de que medidas como esta aumentan la violencia, sino que debemos tener bien claro que la genética institucional de la Policía Nacional es bien diferente a la de las FFAA. Su relacionamiento con la comunidad es absolutamente distinto, no sólo porque sus funciones se diferencian mucho (por un lado, la seguridad pública y por otro la defensa nacional), sino que también debemos considerar nuestro pasado reciente, en el que las FFAA reprimieron brutalmente al pueblo oriental, dejando grandes heridas que permanecen abiertas hasta hoy día.
Desde 1995 en nuestro país se han aumentado sistemáticamente las penas y se ha desarrollado una tendencia a llenar las cárceles de personas, sin ver resultados positivos sino solamente vulneración de derechos. Un análisis histórico y social de nuestro sistema de justicia criminal nos lleva a concluir que el mismo resulta incapaz de resolver lo que respecta a sus funciones. La pena, como instrumento del sistema penal, no da resultados ni a la hora de prevenir la criminalidad ni para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Lo que la reforma plantea como “reclusión permanente revisables” no es más que un eufemismo para referirse a la cadena perpetua encubierta. El populismo punitivista que pide aumento de penas a viva voz no considera que la privación de libertad reproduce la criminalidad y la violencia, y no lo contrario que es lo que supuestamente se persigue. Debemos sentarnos a discutir para qué privamos de su libertad a las personas y que resultados esperamos.
La propuesta de reforma constitucional plantea limitar el acceso a los institutos de libertad anticipada, libertad vigilada o vigilada intensiva para efectivizar así el cumplimiento de las penas para quienes cometan determinados delitos. Ahora bien, ¿saben los promotores de esta propuesta que esto ya existe en nuestro ordenamiento jurídico vigente? En agosto de 2018 se aprobó la Ley Nº 19.653 que en sus artículos 10 y 11 establece la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos, y en setiembre de este año se aprobó la Ley Nº 19.831 que limite en mismos términos la aplicación del beneficio de la libertad vigilada. Esto quiere decir que lo que se plantea en la reforma ya existe en leyes vigentes aprobadas por el Parlamento Nacional. Pero hay una cuestión que nos preocupa mucho: la propuesta de reforma no contempla ni el atentado violento al pudor, ni el abuso sexual sin contacto corporal, ni los crímenes de lesa humanidad, como sí lo hacen las leyes mencionadas. De aprobarse la reforma los militares y civiles condenados por violaciones a los derechos humanos podrían solicitar se les apliquen los mecanismos liberatorios referidos.
Se presenta un gran problema con esta propuesta: la ley formal antes de ser sancionada atraviesa un arduo proceso de discusión parlamentaria en comisiones y en los plenarios de ambas Cámaras, luego se promulga o no por el Poder Ejecutivo, y luego éste la reglamenta (oportunidad para resolver y revisar cuestiones respecto a su aplicación en los hechos). Esto no sucede con una reforma constitucional aplicando el literal A del artículo 331 de la Carta: no existe una discusión plural de la propuesta, solo su sometimiento a consideración popular y muchas veces de forma engañosa o plebiscitando cuestiones que no son plebiscitables (como el caso de los allanamientos nocturnos que ya vimos). Teniendo en cuenta que nuestra Constitución es rígida, o sea que sólo puede ser modificada siguiendo los complejos mecanismos del artículo 331, de aprobarse esta reforma y fracasar no podremos cambiarla así como así. Es por esto que la propuesta de reforma es sumamente peligrosa.
Ningún partido político respalda la propuesta de reforma constitucional, ningún candidato a la Presidencia de la República respalda la propuesta de reforma constitucional. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones más influyentes del país ya se han pronunciado en contra de “Vivir sin Miedo”. Solo resta que el domingo el pueblo uruguayo le diga NO A LA REFORMA.
En los tiempos modernos, la población es víctima de un bombardeo permanente de los medios de comunicación que van construyendo un discurso de la realidad que se presenta como el verdadero y cuya credibilidad se ve respaldada por el prestigio que tiene el propio discurso del miedo. El ultra punitivismo, el populismo punitivista, se sustenta en la imagen social de la “inseguridad ciudadana”, una perspectiva distorsionada de la realidad social construida desde un modelo comunicativo que enajena a la población de sus propias experiencias haciéndola vivir en el espectáculo de la información que producen los medios de comunicación de masas. Que existen problemas de inseguridad ciudadana es innegable, pero no podemos dar por verdaderos discursos distorsionados que no reflejan la realidad.
Es entonces que los medios amplifican el discurso de la inseguridad, se construye un imaginario social y una sensibilización pública que alienta al oportunismo político, que lleva a que se propongan falsas soluciones como la propuesta de reforma constitucional que estamos discutiendo hoy.
El poder constituyente, la Nación actuando a través de su órgano el Cuerpo Electoral, no debe permitir que intereses electorales influyan en sus decisiones. Debemos desarrollar una reflexión crítica que nos facilite decidir libremente. La población se encuentra ante el desafío de no ser víctima de la retórica del miedo. Propuestas como las de “Vivir sin Miedo”, que electoralizan a la seguridad ciudadana y asocian sus contenidos con las propuestas programáticas de determinados partidos políticos, son peligrosísimas.
El miedo, como dice Jaramillo, es “un sentimiento que se genera ante la percepción de un peligro real, supuesto o anticipado y que motiva respuestas diferentes, ya sea parálisis, acción o huida”. Y este sentimiento es un mecanismo de defensa para la supervivencia que tenemos los seres humanos. Vivir sin miedo no solamente es imposible, sino que además es sumamente riesgoso.

1 COMENTARIO

Comments are closed.