Por el senador José Carlos Cardoso
Queremos señalar un hecho que significa un “retaceo” de recursos para los departamentos del interior del interior del país y que revela el doble discurso de las autoridades del gobierno central.
Aunque parte de esas transferencias a los gobiernos departamentales se las denomine Fondo de Desarrollo de Interior, paradójicamente, el gobierno le retacea recursos a ese desarrollo.
En oportunidad de haber concurrido los integrantes del equipo económico a Comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras, así como en recientes declaraciones y artículos de prensa, voceros del gobierno señalaron el crecimiento vertiginoso que tuvieron las transferencias a los Gobiernos Departamentales a partir de 2005 y lo exhiben como un logro de la administración frenteamplista.-
Pero omiten precisar que dicho aumento responde fundamentalmente al esquema de transferencias creado en la reforma constitucional de 1996 (que el Frente Amplio no votó) que ata las trasferencias a la suerte de la recaudación de tributos nacionales.
Si estos crecen fuertemente como se ha dado en los últimos 13 ó 14 años, el resultado lógico es que las transferencias acompañen.-
No obstante lo expresado, se las han ingeniado para establecer un “mecanismo tramposo” en el cálculo del Fondo de Desarrollo del Interior, lo que permitió escamotear el aumento real de la recaudaciones por encima del IPC.
La Constitución establece que el Fondo de Desarrollo del Interior es una alícuota de las RECAUDACIONES de tributos nacionales recaudados en el interior del país y no las de un año determinado, ajustadas por IPC.
Es decir, si se aplica correctamente lo dispuesto en la Constitución para el cálculo del Fondo de Desarrollo del Interior, basándose en las recaudaciones reales año a año y no sobre la ficción de tomar las de 1999 (una de las más bajas de los últimos 20 años) y ajustarlas por IPC, se advierte claramente la cuantía de lo que dejan de percibir los gobiernos departamentales por la diferencia entre las recaudaciones reales y el cálculo del gobierno.
Sin embargo, entre 2005 y 2017 las recaudaciones reales crecieron en forma muy significativa (arriba del 100%) y esa diferencia entre recaudaciones efectivas y las de 1999 ajustadas por IPC, no fue tenida en cuenta a la hora de calcular el FDI quedando por tanto en manos del Tesoro.-
Según nuestras estimaciones, el monto no transferido se sitúa arriba de USD 1.000 millones de dólares-
En definitiva, las transferencias a los gobiernos departamentales, deben obedecer ni más ni menos que a lo dispuesto en la Constitución.-
Al haber establecido las sucesivas leyes de presupuesto un mecanismo claramente contrario a ello, además del retaceo de recursos, eventualmente puede estarse ante un escenario de inconstitucionalidad de esas leyes, que cada Intendencia evaluará.
Recordamos al Señor Ministro de Economía que el interior también existe, interior que tiene sectores productivos que son el sostén de nuestra economía, y a los que se les quiere caer con más impuestos.
Es hora de dar al César lo que es del César, para que las administraciones departamentales puedan vertirlo en el desarrollo local y en la infraestructura necesaria para que ello acontezca.
En pocos días el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento la Rendición de Cuentas y allí tendrá una magnífica oportunidad de empezar a revertir la situación denunciada, instrumentando mecanismos de devolución.- Si no son USD 1.000 millones, pues que sean 150-200 o 300, pero que se empiece a hacer justicia.
