“Análisis de las modificaciones propuestas a las normas sobre Inclusión Financiera y de promoción a la MiPymes en el proyecto de Ley de Urgente Consideración”, por la Cra. Blanca dos Santos Cruz*

-Pago de Sueldos, opción a favor del trabajador: En la nueva redacción propuesta para el Art. 10 de la Ley 19.210 el pago por acreditación en cuenta o dinero electrónico pasa de ser una obligación a una opción, volviéndose a permitir la modalidad de pago en efectivo. Las ventajas de esta modificación son las evidentes complicaciones que ha generado el sistema obligatorio en las zonas del territorio nacional donde los cajeros electrónicos no son de fácil acceso de la población. Se mantiene la obligación de extender los recibos en las condiciones del Art. 10 de la Ley 16.244 y también que Poder Ejecutivo establezca un sistema de, emisión de recibo de haberes, y de firma, ambos en formato electrónico, que sustituya a la actual y en muchos casos obsoleta obligación. Es deseable que en esta instancia el decreto reglamentario encuentre solución a esta cuenta pendiente que genera no pocos problemas. La modalidad de pago en efectivo o por medios electrónicos para nuevos contratos surgirá del acuerdo entre trabajador y empleador. Se mantiene la libre opción del trabajador de la institución pagadora y las opciones tomadas seguirán teniendo la vigencia de un año. La fecha en la cual se pueda pasar a la opción de efectivo para los contratos ya vigentes será determinada por la reglamentación. –

– Pago de Honorarios Profesionales y a proveedores del Estado: En el mismo sentido el pago de honorarios por servicios profesionales fuera de la relación de dependencia y los que el estado realice a sus proveedores, podrán realizarse tanto en efectivo como por medios electrónicos. Para el pago de honorarios la vigencia la determinara la reglamentación. La opción por cobro en efectivo por parte del proveedor del estado podrá ser ejercida a partir de la vigencia de la ley. –


-Restricción al uso de efectivo para ciertos pagos: Con la modificación del Art. 35 y derogación del 36 de la Ley 19.210, se incrementa el tope actual para el pago de las operaciones que podrán ser abonadas con efectivo, a la suma de U$S 100.000, aplicándose ahora a cualesquiera sean los sujetos contratantes personas físicas o jurídicas, incluidos cambios y otras instituciones financieras, en virtud de la derogación del Art. 38. Se incluye en este tope, no solo a las ventas de bienes y servicios en general, sino también, expresamente, los aportes y rescates de capital en sociedades comerciales. Quedan comprendidas en este tope, por derogación de las normas que referían a ellas expresamente, las operaciones por arrendamiento y venta de inmuebles y con vehículos automotores. Si bien se deroga el Art. 37 que impide el fraccionamiento de operaciones, el tope de U$S 100.000 del Art. 35 se refiere al monto total de las operaciones, no a pagos parciales por lo que entendemos se mantiene su aplicación. –


-Arrendamiento y Venta de Inmuebles, y de vehículos motorizados: Se derogan en su totalidad los artículos que refiere a la obligación del pago de estas operaciones por medios electrónicos, las que quedan comprendidas en el tope genérico de U$S 100.000 de cualquier clase de operación.


– Medidas Simplificadas de Debida Diligencia: Los sujetos obligados a aplicar medidas de debida diligencia, podrán aplicar medidas simplificadas, toda vez que los instrumentos de pago que se utilicen en las operaciones que los involucran hayan sido ya objeto de control por parte de instituciones financieras supervisadas por el BCU. Esta modificación trae solución al largo reclamo de colectivos tales como escribanos e inmobiliarias, entre otros, que se encontraban obligados a repetir procedimientos que ya habían sido realizados, para la misma operación, por sujetos con mayores posibilidades e infraestructura. –


– Modificaciones al régimen tributario de la MiPymes: La versión original del proyecto, mucho más ambiciosa que la que termino ingresando al Parlamento y cuyo espíritu compartíamos, requería de varias modificaciones para que pudiera lograr el objetivo sin afectar negativamente a quienes se pretendía beneficiar. Entendemos la eliminación de la mayoría del articulado, no solo por no justificarse su inclusión en una ley de urgente consideración, sino porque el tema de las Pymes es de tal importancia en nuestro país, que su seria consideración requeriría de muchísimo más tiempo de discusión del que se dispondrá para este proyecto.
En definitiva, las normas de promoción a las pymes que quedaron en la LUC se reducen a los contribuyentes del Iva Mínimo del Lit. E, Art. 52, Tít. 4, y coinciden con las que ya se venían otorgando por la ley 15.568 que se derogara. Consiste en la reducción parcial, transitoria y decreciente, para las empresas que inicien actividad desde el 1/1/2021, tanto de los pagos mensuales de IVA Mínimo, como de los aportes patronales al BPS, del 75%, 50% y 25% respectivamente, durante los primeros 3 años de actividad. –


Ante la actual situación sanitaria, los efectos que ya ha provocado y los que aun provocara, creemos que la vigencia de estos beneficios no debería esperar al 1/1/2021, deberían hacerse efectivos inmediatamente con la vigencia de la ley. Es más, creemos que no solo deberían comprender a empresas que inicien actividades, sino a las ya existentes, como una forma de facilitar transitar las dificultades que están sufriendo. –

*Especialista Tributaria Mercosur