Mientras esta semana el Congreso de Intendentes se expedirá sobre la posibilidad de aprobar una amnistía a los deudores de la patente de rodados, el jefe comunal de Maldonado defendió esa herramienta que, según dijo, intenta dar una posibilidad a aquel que tuvo mala suerte y no pudo abonar el tributo cuando correspondía. Asimismo, defendió las quitas a buenos pagadores que su administración realiza año tras año.
Antía dijo a FM Gente que este miércoles 14 se aprobará la refinanciación y recordó que había un acuerdo firmado por intendentes de los tres partidos, que derivó en una comisión de técnicos. Recordó que en la última sesión del congreso, un intendente blanco y la Intendencia de Montevideo se opusieron. Como no hubo consenso se decidió aplazar la votación hasta esta semana, pero dejó en claro que “si no lo hay (acuerdo), se votará y el que no quiera aplicarlo que no lo aplique”.
En la rodada
El intendente dijo que la idea de llevar adelante este plan de facilidades surgió porque hay mucha gente que durante un tiempo perdió el trabajo, o “le rodó mal la vida” y quedó con una cuenta por patente. Si a esa cuenta, explicó Antía, se le suma que los automóviles bajaron de precio en los últimos 5 años, las multas y los recargos son iguales o por lo menos la mitad del valor del vehículo, se preguntó .
Además, se preguntó qué se podría hacer con los vehículos si se quitaran a los malos pagadores. “Si los retiramos del mercado no van a pagar nunca más. Le damos ahora una regularización en serio y luego fiscalizamos, hay que pensar no con la cabeza sino con el corazón”, afirmó.
“No estamos dispuestos a que se multe sin dar una oportunidad” concluyó.
“Índole social”
Mientras tanto, el director de Tránsito de la IDM, Juan Pígola, dijo a la emisora que el propuesto plan de “regularización” es un tema “de índole social”, ya que las deudas corresponden principalmente a los autos “de los trabajadores”. Consideró que el plan se aprueba por mayoría y ya hay 12 votos a favor, aunque voten en contra todos los intendentes del FA y Carmelo Vidalín, jefe comunal de Durazno.
Al respecto, dijo que la postura de Vidalín causó “sorpresa”, porque es un tema en el que se viene trabajando desde el 19 de octubre. El acuerdo ya estaba firmado por intendentes de los tres partidos, entre ellos el de Canelones, Paysandú, Maldonado, San José y Rivera.
Asimismo, explicó que, tras “viralizarse” el acuerdo y decirse que se aprobaría en febrero, se generaron “expectativas”, entre aquellos que “menos posibilidades de regularizar tienen”.
De todas formas, sostuvo que “la principal disidencia está entre Montevideo y los demás intendentes del Frente Amplio”. Confirmó que esto ha llevado a que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, haya amenazado con retirarse de la presidencia de la comisión SUCIVE. “Esta situación está latente. Esperemos que no sea así”, agregó. También recordó que, hace un tiempo, el intendente capitalino, Daniel Martínez, dijo textualmente respecto a este tema: “Tenemos que arrimar un poco más al chico”.
Pígola aseguró que “esa es la finalidad” y aclaró que “no es un tema de dinero”, aunque es importante, ya que la morosidad en Maldonado en 2016 estaba en el 22%. “Son 270 millones de pesos. Son cifras importantes. Pero la principal franja de morosidad está en el coche que no vale mucho, el del trabajador. De las categorías del 92 al 95 hay un 48%; del 96 al 99, un 37%; del 2000 a 2003, un 29%: y después, del 2012 al 2016, hay un 10%”, detalló. Expresó que eso da la pauta de quién es “el que no puede con la patente… Y sobre todo con las multas y los recargos”.
Pígola estimó que “a Montevideo no le perjudica para nada” reincorporar a esta gente al sistema, ya que de otra manera “no va a resolverlo. Esos autos van a seguir circulando. Y si los salimos a controlar y a sacar, no tenemos dónde ponerlos”, ya que podrían ser unos 45 mil autos, estimó. Por otra parte, indicó que tras esta regularización, “viene una fuerte fiscalización, que hasta ahora no se ha hecho”.
El jerarca señaló para no se precisan dos tercios del Congreso de Intendentes para aprobar el plan, porque “no es un tema tributario. Es un tema de regularización del tributo. No se crea un tributo. Esto con mayoría simple sale”.
En caso de que los intendentes frenteamplistas voten en bloque, en contra, y se les sume Vidalín, igual estarían los votos para aprobar la iniciativa. “En teoría, serían 12 en 19”, dijo Pígola. También dijo que las intendencias que no lo voten “pueden no aplicarlo”, porque está dentro de sus facultades como organismos autónomos.
