La maniobra descubierta el año pasado en la sala de juegos del estado que funciona en el hotel Mantra de La Barra generó una investigación que derivó en la realización de casi 40 sumarios administrativos contra otros tantos funcionarios, según informó ayer el diario El País.
Los hechos llegaron a conocimiento de las autoridades en el mes de enero de 2013, cuando una inspección de la Dirección General de Casinos (DGC) detectó irregularidades en el manejo de fondos del casino. El organismo concluyó que faltaban unos US$ 300 mil y responsabilizó de ello a tres funcionarios, a quienes denunció penalmente. Asimismo, los tres fueron separados de sus cargos provisoriamente con la retención del 50% de sus sueldos.
El matutino capitalino informó ayer que la investigación administrativa fue ampliada y que ahora se busca determinar la posible responsabilidad de otros 40 funcionarios que “no tuvieron la suficiente diligencia o cometieron errores de procedimiento”. Esto fue lo que permitió la realización de la maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado, informó el titular de la DGC, Javier Cha.
“La investigación administrativa probó que la maniobra fue posible porque no hubo los controles suficientes”, dijo el jerarca al matutino.
Muy grave
A todo esto, los tres funcionarios que fueron responsabilizados por la DGC de la falta del dinero regresaron a trabajar. Venció el plazo de seis meses que el organismo tenía para desarrollar la investigación administrativa y no fueron procesados. No obstante, Cha lamentó la demora de la Justicia en indagar la maniobra, porque para el organismo “es un caso muy claro y realmente muy grave”.
“Estamos preocupados porque es un caso grave para el organismo, pero lo que más preocupa es que no haya actuaciones judiciales al respecto”, insistió. Asimismo, dijo que el hecho de que los funcionarios denunciados hayan vuelto a sus puestos genera una situación “compleja”.
El País informó que la jueza penal de Maldonado, Patricia Borges y la fiscal Brenda Puppo, fijaron para hoy jueves las primeras audiencias en el marco de la denuncia presentada por la DGC en enero de 2013 por la maniobra fraudulenta.
Los funcionarios implicados ocupaban puestos claves en las áreas de tesorería y contaduría del casino estatal del hotel Mantra. En base a su conocimiento de la operativa alteraban las ganancias de la sala de juego registrando menos dinero del que correspondía y así se apropiaban de la diferencia.
Según informo El País, los funcionarios que ahora serán indagados por la Justicia usaron el dinero para adquirir propiedades o iniciar actividades comerciales que no podrían justificar con los salarios que perciben en su calidad de empleados de Casinos.
