En una conferencia de prensa organizada este martes por el Partido Colorado, el edil de esa colectividad, Juan Silvera, aseguró que el recurso interpuesto ante la Cámara de Diputados que culminó anulando dos decisiones que consideró “ilegales” de la IDM estuvo correctamente presentado, por cuanto las decisiones cuestionadas no podían ser recurridas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según se sabe, Silvera y 14 ediles del Frente Amplio recurrieron ante la cámara para anular una presunta transacción extrajudicial entre la IDM y un particular. En 2011, este último había iniciado un juicio por daños a la comuna, a la que le reclamaba un resarcimiento de ocho millones de dólares. El individuo alegaba que la IDM no emitía planilla de Contribución Inmobiliaria por un solar que integraba los padrones 924 al 927 de Eden Rock. Los ediles arguyeron que la IDM no podía llegar a un acuerdo de esa manera sin dar cuenta a la Junta Departamental y al Fiscal Letrado. Por lo demás, sostuvieron que esos padrones están en la franja de 150 metros de playa, que son de dominio público.

Los ediles recurrieron al Parlamento apelando al art. 303 de la Constitución, que permite tal cosa siempre y cuando el asunto no pueda ser presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Nada personal

Silvera dijo al respecto que algunos diputados aseguraron que el recurso debía haber sido llevado a ese tribunal; sin embargo, señaló que entraban “en una completa discrepancia con la dirección jurídico-notarial de la Intendencia. Para ir al TCA primero hay que presentar recurso contra la resolución del intendente de Maldonado y la dirección Jurídica de la IDM hace mucho tiempo está diciendo que si los ediles presentan escritos ante la Intendencia pidiendo información (…) son pasibles de destitución”.

Por otra parte, sostuvo que “de ninguna forma” los curules tienen un “interés directo, personal” para recurrir una disposición del gobierno comunal ante el TCA. “Yo no reclamo porque la playa sea mía; no tengo un interés personal. Como parte de la ciudadanía de Maldonado estoy defendiendo un interés general de un número indeterminado de personas”, aclaró.

El legislador dijo que el recurso ante el TCA está previsto “para una persona que ve lesionados sus derechos personales”, por lo que los ediles no tienen “legitimación” para apelar por esa vía. De lo contrario sería incontable la cantidad de recursos que los ediles de Maldonado y de todo el país estarían planteando cada vez que discrepan con las resoluciones de una administración comunal, añadió.

“Iba a ganar”

Silvera también recordó que hace tiempo que se reclamaba que la administración comunal “sometiera las transacciones a consideración de la Junta” sin ningún éxito. “Aunque se lo requeríamos los ediles, aunque se lo requería el Tribunal de Cuentas – dos veces por lo menos-, la IDM seguía en su postura de que ‘no’. Y bueno, nosotros encontramos este otro camino que nos parece absolutamente legal, constitucional. Y si la IDM entiende que puede ir al TCA para anular esta decisión (de la Cámara) lo hará y nosotros respetaremos completamente cualquier decisión que la Suprema Corte de Justicia o el TCA puedan tomar”, señaló.

“Lo que justamente a nosotros nos agravió es que este juicio fuera suspendido cuando la IDM, en nuestra opinión, claramente lo iba a ganar porque una semana antes había ganado otro igual”, precisó.

En cuanto a la presunta transacción extrajudicial entre la IDM y el presunto propietario del predio de Eden Rock, Silvera narró que ahora, gracias al dictamen de la Cámara Baja, “está anulado el reconocimiento de propiedad y está anulada por ilegal la resolución que dispone el cobro de Contribución Inmobiliaria” de ese padrón.

“He oído a voceros de la IDM decir que acudirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para impugnar la decisión de la Cámara de Diputados o dicen que eventualmente podrían promover una acción por lesión de la autonomía frente a la Suprema Corte de Justicia”, comentó.

A todo esto, la jueza civil que estaba a cargo del juicio que el dueño del padrón había encarado en 2011 contra la IDM hizo lugar al desistimiento del particular. Pero dado que el Ministerio de Economía decidió solicitar que se investigara un posible “fraude procesal”, todo el expediente se envía ahora a un juzgado Penal de Maldonado.

 

Recurso en plazo

Durante la comparecencia de los ediles de Maldonado ante la Cámara Baja, el pasado martes 14, los representantes de la comuna alegaron que su recurso había sido presentado fuera de plazo. Juan Silvera dijo a Correo de Punta del Este que esa consideración es un error y citó los artículos R.258 y R.259 del digesto departamental.

“Los actos administrativos, expresos o tácticos, podrán ser impugnados con el recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo haya dictado, dentro de los diez días corridos y siguientes al de su notificación en el “Diario Oficial”. Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni publicado en el “Diario Oficial”, según corresponda, el interesado podrá recurrir en cualquier momento.

Cuando el acto administrativo haya  sido dictado por un órgano sometido a jerarquía deberá interponerse además, en forma conjunta y subsidiaria el recurso de apelación para ante el jerarca máximo de dicho órgano (Art.317 de la Constitución)”, dice el artículo R.258.

El R.259 establece que: “De conformidad con el principio general señalado en el inciso segundo del artículo anterior, en ningún caso el conocimiento informal del acto lesivo por parte del interesado suple a la notificación personal o a la publicación en el Diario Oficial, según corresponda, por lo que no hace correr el cómputo del plazo para recurrir. No obstante, el interesado, si lo estimare del caso, podrá ejercitar sus defensas jurídicas dándose por notificado”.

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