La polémica sobre la aprobación legislativa de la viabilidad de la obra de la Casa Cipriani se ha mantenido encendida desde que la novedad trascendiera este miércoles a través de los medios nacionales y departamentales. En tanto, nuevas opiniones y comentarios se han lanzado desde el foro político e incluso de varios arquitectos, que se han pronunciado brevemente incluso a través de las redes sociales. Dentro de la profesión hay quienes estiman que será muy difícil para los inversores concretar la compra del predio y elaborar todos los planos que deben presentar a la IDM en solo 180 días. Ayer también se pronunciaron a través de diversas radios los dos sectores mayoritarios del Frente Amplio.
En una entrevista concedida a El Espectador, el exintendente Óscar de los Santos dijo que la reconstrucción del exhotel San Rafael “no es viable” y que “va en contra de las directrices de ordenamiento territorial aprobadas” durante su gestión. A su juicio, este proyecto desestimula al “inversor real” que ha cumplido las reglas del juego y que cada año construía unos 150 o 180 mil metros cuadrados entre Punta el Este y Maldonado.
“Abusivo”
El informe en minoría presentado este martes por los ediles del sector “flaquista” estimó “de interés departamental la recuperación del Hotel San Rafael por su significado histórico patrimonial para Punta del Este y el país”, pero consideró inconvenientes las excepciones edilicias finalmente aprobadas. “Del informe de la Dirección General de Planeamiento no se desprende ningún análisis del impacto urbanístico que representa la construcción de 183.363 m2 en dicho predio”, indicó el escrito. Además, destacó que “el predio está ubicado en una zona de baja densidad de población, de alta calidad paisajística, consolidada y valorada ampliamente, que también constituye un valor a preservar” y que “el proyecto tiene como consecuencia impactos urbanísticos y ambientales que estarán generados por la volumetría planteada -independientemente de las transparencias valorables-, por la infraestructura de servicios recreativos a instalarse, así como también por las 332 viviendas y la correspondiente ampliación hotelera, impactos todos estos que afectarán notoriamente a toda la zona adyacente al predio”.
El informe señaló que “no son de recibo” los argumentos de la IDM, “planteando nuevas excepciones de gran volumen en un manzana que había sido objeto recientemente de una normativa también excepcional, configurándose una situación abusiva con violación muy significativa de la casi totalidad de los parámetros habilitados (TODOS, excepto el FOT), de por sí ya muy amplios y excepcionales también”. Por otra parte, sostuvo que la IDM ha invocado “las expectativas de fuentes de trabajo y el impacto futuro en los empleos permanentes, volviendo a incurrir en el error de dar por cierto promesas que no se concretan en los hechos, -como está pasando en otros casos notorios-, mientras las únicas seguridades son losextremos beneficios multimillonarios que se brindan a los inversores y los apartamientos de toda política de planificación del territorio y del desarrollo del recurso turístico del departamento y del país”.
Por ello este sector propuso “devolver las actuaciones a la Intendencia Departamental a los efectos de: a) revisar la edificabilidad planteada en la propuesta, ya que la misma surge de la utilización de una normativa, (Dec. 3965/2017), trasladada de la zona Lobos, situación cuestionable, por tratarse de zonas con características diferentes” y “b) realizar estudios de impactos de la propuesta en el entorno del barrio San Rafael
Más amigable
Por su parte, el edil del Frente Amplio Andrés de León, aseguró que tras las modificaciones que pidió su sector al primer proyecto presentado la obra será “más amigable para el entorno” del barrio San Rafael. El edil -que pertenece al sector liderado por Darío Pérez- explicó ayer a El Espectador que si en 180 días no comienza la obra “la excepción cae”.
Una vez que un proyecto cuenta con la “viabilidad” requerida, los responsables deben dar cuenta de su proyecto “ejecutivo”, que incluye los planos, los cálculos y los plazos de construcción. Arquitectos consultados sobre el tema dudaron de que todo ese “engorroso” trabajo pueda ser realizado en solo 180 días. Algunos creen, además, que no será realizado el controvertido diseño que Rafael Viñoly presentó a la comuna.
Los inversores deberán ahora, además, asegurarse de que el Ministerio de Economía les autorice operar un casino privado. De esa posibilidad dependerá la inversión, la compraventa del hotel San Rafael y la adquisición en U$S 1:600.000 de un predio municipal vecino. A todo esto, según publicó Correo de Punta del Este días atrás, Fosara SA fue demandada por más de tres millones de dólares por una inmobiliaria y que podría tener deudas que no serían del agrado del inversor. Esa situación había frenado la venta del viejo hotel hace unos años.
