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Así lo definió el Fiscal, Dr. Gustavo Zubía en el programa Todas las Voces del 11 de abril próximo pasado. Según Zubía, en el Uruguay hay doscientos fiscales y ocho mil abogados defensores.

Por cada 100.000 uruguayos hay 341 personas en prisión, totalizando 11.597 presos en las cárceles donde el 79,5% de los adultos aún no tiene sentencia o condena.

Según el fiscal, los delincuentes gozan de grandes beneficios de todo tipo y color otorgados por la ley. Las estadísticas muestran que del total de delitos cometidos sólo el 5% de estos es capturado. No obstante, bajo la benevolente actual legislación, la mitad de los procesados son sin prisión y el resto goza de los beneficios de libertad condicional, libertad previsional, salidas transitorias como el caso del ex presidente de la Conmebol, Figueredo, condenado por corrupción al recibir coimas por los derechos de televisación de partidos de futbol, salidas por estudio, por trabajo y reducciones de penas.

La probabilidad de quedar impune luego de cometer un delito es altísima. Los rapiñeros luego de cumplir 5 o 6 meses de prisión pueden solicitar la libertad condicional y en el caso de reincidentes igual aplican los beneficios anteriores. De qué sirve entonces esclarecer los delitos sin la aplicación total de una pena obligatoria a ser cumplida.

Estamos frente a una epidemia delincuencial que ni la ley, ni la justicia, ni el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, ni los políticos atornillados en el Parlamente han tenido la suficiente inteligencia o conveniencia de combatirla eficazmente procurando salir de este estado de inseguridad ciudadana que más allá de la sensación térmica que se le pueda atribuir la vive el ciudadano común a través de los arrebatos diarios, rapiñas, boquetes, asaltos, etc.

No somos enemigos del partido que nos gobierna, sólo deseamos vivir en un ambiente de responsabilidad, de seguridad ciudadana en cada rincón de la Patria. La falta de respuestas adecuadas y la legislación vigente atentan contra una forma de vida segura que otrora fue una garantía. El respeto por la autoridad como valor se ha perdido tanto por el delincuente como por el ciudadano que acude a efectuar la denuncia y sabe de antemano que ningún resultado obtendrá.

Vemos con mucha tristeza como la mayoría de las casas, edificios, en todo el país, han dado como respuesta el enrejamiento de sus hogares y los centros comerciales, locales financieros y empresas, a la contratación de empresas de seguridad con personal con míseros salarios y muy poca preparación para el combate eficaz del delito. Los cuida coches que exigen su propina en todo lugar tampoco son una respuesta adecuada al robo de autos o pertenencias dentro de los mismos.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó en el Parlamento que la manutención por todo concepto de cada recluso le cuesta al Estado alrededor de US$ 850 por mes, que hoy representa unos $ 25.500 mensuales.

En el año, cada preso cuesta US$ 10.200. Si tenemos en cuenta que la población carcelaria ronda los 10.000 reclusos, la cifra global es de US$ 102 millones por año.

Este dinero incluye, según explicó Bonomi, la alimentación, el costo de mantenimiento del establecimiento carcelario, y la vestimenta en algunos casos. El costo promedio de un recluso fue de US$ 640 por mes en el año 2010. La cárcel más poblada de Uruguay es el Comcar. Ese centro tiene lugar para 1.600 personas pero son alrededor de 3.200 los presos que viven allí.

Cuando un preso cuesta al país US$ 850 por mes y el nivel de reincidencia está por encima del 50%, es un indicador de que la reeducación en las cárceles no está funcionando.

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