mieres

Seguramente en todas las sociedades existen zonas oscuras y opacas sobre diferentes episodios ocurridos en la vida pública. Pero en nuestro país estas opacidades, interrogantes y secretos están llegando a límites que a esta altura nos preocupan.

También preocupan las reacciones cuando se busca correr el velo sobre algunos de esos hechos que forman parte de las incertidumbres que rodean y golpean a nuestra sociedad.

Desde hace varios años, pero con particular fuerza en estos últimos meses, se ha sostenido la hipótesis de que el MLN habría tenido vínculos institucionales con algunas de las bandas que realizaron diferentes asaltos durante los años noventa en nuestro país.

Esto fue señalado, con diferente profundidad e intensidad, en tres libros publicados por autores que merecen confiabilidad por sus trayectorias y seriedad en sus investigaciones. Nos referimos a Adolfo Garcé, Federico Leicht y María Urruzola, quienes tienen trayectorias indiscutibles en el terreno de las investigaciones académicas y periodísticas respectivamente. No son folletines anónimos, ni pasquines sin fundamento, son investigaciones sostenidas en testimonios que, además, se han reiterado con mayor fuerza en los últimos meses.

De los testimonios presentados tienen particular valor, por el lugar que estas personas ocupaban en su organización política, los casos de Jorge Zabalza y Ricardo Perdomo quienes han sostenido y reiterado que en aquella década hubo una decisión institucional de desarrollar lo que Garcé eufemísticamente denominó “finanzas a la antigua” o Zabalza llamó “finanzas alternativas”.

La ausencia de investigaciones judiciales serias para corroborar o descartar estas afirmaciones, así como la ausencia de declaraciones formales de parte de quienes han sido mencionados como parte de estas actividades negando lo ocurrido, motivaron la presentación de una iniciativa de investigación en el Senado de la República a efectos de determinar si estas declaraciones y testimonios expresan hechos reales o, por el contrario, son falsos.

Nos llama la atención la virulencia de la reacción del Senador José Mujica, quien ha acusado a quienes impulsamos esta iniciativa de “prostituir la política” y de generar “mierda”. Es curioso que esta indignación esté dirigida a quienes proponemos investigar la veracidad de los hechos y no se refiera a quienes han sostenido estas versiones.

Pasaron varias semanas desde que se conoció el libro de María Urruzola, que avanza mucho más en los detalles de la versión que sostiene esta hipótesis. Existieron y existen múltiples entrevistas en diferentes medios de comunicación en donde diferentes personas afirmaron esta versión incluyendo más detalles operativos. Sin embargo, no se registraron declaraciones formales desmintiendo estas acusaciones, ni se formalizaron denuncias judiciales por difamación e injurias, ni se realizaron planteos de fueros ante lo que serían acusaciones falsas.

Nada. Apenas algunas declaraciones descalificando a los entrevistados, a las publicaciones y a las editoriales que publicaron esos libros.

Este país necesita descorrer velos y determinar si tantas versiones son verdaderas o falsas. No se puede vivir en la incertidumbre sobre hechos que, en caso de que fueran ciertos, afectan las bases mismas de la convivencia ciudadana.

No es revolver el pasado porque sí, lo que ocurre es que determinar la verdad o la falsedad de los hechos denunciados tiene que ver con la defensa de los valores básicos de nuestra democracia.

No cumpliríamos bien nuestra función de representantes del pueblo si miráramos para otro lado y no reclamáramos que se investigue en profundidad sobre estas versiones. Es más, la negativa del partido de gobierno a habilitar la constitución de una Comisión Investigadora en este tema no ayuda a despejar las dudas, por el contrario no hace otra cosa que reafirmarlas.

Ahora surge la versión de un oficial de policía retirado que reafirma la idea de la vinculación antedicha, pero además señala que una autoridad muy relevante de la época (estamos hablando de gobiernos anteriores al Frente Amplio) le habría ordenado que no siguiera investigando sobre el destino del dinero de esos robos.

Este país necesita abordar y despejar dudas no sólo sobre estos temas sino sobre varios más en donde la sombra de la duda se proyecta.

Me refiero a las informaciones que señalan la existencia de un aparato militar que durante los tiempos democráticos espió dirigentes políticos, partidos y organizaciones sociales con total desparpajo. Sobre esto la Cámara de Diputados está investigando y esperamos que llegue a conclusiones relevantes.

Me refiero a la sorprendente desaparición de varios CDs del juego de archivos militares que estaban depositados en Presidencia de la República luego de que fueran encontrados durante la época en que Azucena Berruti fue Ministra de Defensa. Nadie, hasta ahora, ha informado sobre quien o quienes fueron los responsables de su desaparición.

En fin, hay demasiados misterios y mucho secreto sobre cosas que atañen a la vida pública de nuestro país. Tenemos que trabajar con energía para desentrañar tales secretos, ese y no otro es el motivo de la solicitud de constituir esta Comisión Investigadora.

 

Contenido publicitario