La Comisión de Ética del Partido Nacional se expidió el pasado viernes sobre el caso judicial que involucra al edil Rodrigo Blás, y señaló “que de los elementos disponibles hasta el momento no surgen fundamentos de juicio que justifiquen en esta instancia un cuestionamiento ético” a su persona. Como se sabe, Blás fue acusado de “defraudación fiscal” por la Dirección General Impositiva y su caso se sustancia en el Juzgado de Crimen Organizado. A su vez, la DGI tomó conocimiento del asunto en 2014 y reunió información para acusarlo durante casi cuatro años.
El 6 de julio pasado, el director de Rentas, Joaquín Serra, firmó la resolución luego publicada por el semanario Brecha, que declara a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de 57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares). En este caso, la multa por defraudación equivale a cuatro veces el monto de los tributos defraudados. Por esto también tendrá que responder el empresario argentino Oscar Andorno, quien figura como responsable de Javipark SA, empresa de la que Blás admitió públicamente ser apoderado. Javipark fue la empresa que fraccionó el barrio Valle de Saronno.
Por otra parte, la Dgi entiende que tres escribanos que trabajaron para Blás –José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y dos funcionarias municipales– tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento” y deberán responder personalmente por defraudación, con multas de 7.337.964 pesos, 24.736.123 pesos y 5.131.896 pesos, respectivamente. Tanto Blás como estos profesionales recurrieron la decisión de la DGI.

Papeles
Tras el conocimiento público del caso, el edil blanco solicitó ser recibido por la Comisión de Ética del Partido Nacional, lo que se verificó el pasado 23 de agosto. Por entonces, también pidió licencia de sus derechos y actividades partidarias.
En el documento elaborado por la Comisión de Ética nacionalista, se consignó que durante su comparecencia, Blás brindó las explicaciones respecto a toda la situación referida. Entregó un escrito con la relación de los hechos, que acompañó con la documentación del procedimiento administrativo seguido por DGI, de las actuaciones del expediente penal y del expediente civil, entre otros recaudos, incluyendo actas notariales, certificados de DGI y BPS.
Los integrantes de la comisión destacaron “que no surge que la DGI haya observado y cumplido con las garantías del debido proceso administrativo respecto a las personas a las que aplicó las obligaciones tributarias referidas y la posterior denuncia penal y que en cambio, surge de las actuaciones la existencia de vicios de procedimiento”.
“Según surge de acta notarial presentada por el compareciente, una persona que fue testigo en el procedimiento administrativo ante DGI declaró ante Escribano Público haber sido presionada para que cambiara su declaración o de lo contrario podría ser procesada penalmente, por lo cual optó por cambiar su declaración respecto al precio efectivamente abonado por la compraventa, en perjuicio de la posición de JAVIPARK S.A. en la investigación que llevaba la DGI”.
El informe de la Comisión de Ética fue firmado por Carmen Asiaín, Jorge Bartesaghi, Augusto Durán Martínez, Eduardo Lombardi y Gonzalo Lorenzo. El escrito será analizado mañana martes en la sesión que realizará el Directorio del Partido Nacional a partir de la hora 11.

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