Por el Cr. Ricardo Puglia
La corrupción política es una realidad mundial; su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de un país. Los Programas de Gobierno, sean nacionales o departamentales deberían contener una propuesta, comprometiendo a través de la Transparencia y la Responsabilidad Social la entrega a todos los gobernados de la máxima información que permita el control ciudadano de cada año de gestión, previendo las sanciones a quienes se aparten de las buenas conductas y produzcan daños al colectivo social independientemente de su filiación política.
La corrupción política que vivimos en el mundo contemporáneo por el mal uso del poder público, permite conseguir ventajas ilegítimas, secretas y privadas contradiciendo la transparencia y la responsabilidad social. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado o gobierno.
Todos los gobiernos son susceptibles de corrupción política. Las formas de corrupción más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el patrocinio, los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la impunidad, etc. A menudo la corrupción facilita otros hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, y la prostitución ilegal.
Este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos, también abarca al conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede los compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común.
La carencia de conciencia social, la falta de educación o de una cultura de compromiso, las personalidades antisociales, la percepción sesgada del grado de corrupción presente, la infravaloración de la posibilidad de ser descubierto, la impunidad efectiva en los actos de corrupción, el corporativismo partidista, los modelos sociales que transmiten falta de valores, la discrecionalidad y escasez de decisiones colegiadas, el soborno internacional, el control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden exponer a la luz pública los casos de corrupción, la falta de transparencia en la información de la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión, la poca eficiencia de la administración pública y la extrema complejidad del sistema se constituyen en elementos propios de este mal.
La corrupción de un país produce efectos desfavorables en su economía porque evita la competencia y la libre concurrencia de proveedores que se apropian de los recursos públicos en favor de una minoría corrupta.
En el sector privado, la corrupción incrementa el costo de los negocios al agregar el precio del manejo de las negociaciones con los cargos públicos o a inventar nuevas reglas y retrasos. En el sector público se desvían inversiones públicas a proyectos en los que los sobornos y las mordidas son más abundantes. La corrupción también hace descender el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras actividades reduciendo la calidad de los servicios que se suministran.
La corrupción facilita la destrucción medioambiental. Los gobiernos corruptos pueden tener formalmente una legislación destinada a proteger el medio ambiente, no pudiendo ser ejecutada, si los encargados de que se cumpla son fácilmente sobornados.
La corrupción produce desconfianza en los partidos políticos, los dirigentes políticos y la mayor parte de las instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos cooperativas. Como consecuencia, se genera la abstención y pérdida del interés por la política apareciendo movimientos de protesta que confrontan con el poder político y generan inestabilidad política a través de la represión.
La corrupción no es específica de países pobres o ricos, de países en desarrollo o desarrollados. La forma de corrupción varía y se aprecia que en los países más transparentes y democráticos se utilizan formas más sutiles y complejas, mientras que en países sin prensa, ni elecciones libres la corrupción puede tomar formas más burdas.
La corrupción también puede afectar a los distintos componentes de las actividades deportivas (árbitros, jugadores, personal médico y de laboratorio implicado en los controles anti-doping, miembros de la federación y comités internacionales encargados de decisiones sobre la situación de los contratos o lugares de competición). No escapan los miembros de distintos tipos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y ONGs, así como tampoco las organizaciones religiosas.
Si la justicia tiene una posición firme y atenta respecto a los distintos tipos de corrupción, la tendencia a disminuir será el resultado, y a la inversa si se da el caso contrario. La clave para frenar la corrupción se encuentra en el fortalecimiento del tejido social-institucional. La educación en valores puede ser uno de los pilares, así como los procedimientos menos abiertos y más transparentes en relación al manejo del dinero y a la implementación de las transacciones financieras.
La corrupción no es sólo responsabilidad del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy especialmente al sector privado, y hablamos de corrupción empresarial o de tráfico de influencias entre el sector privado y el público. En Latinoamérica, el sector privado tiene una gran influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con el sistema político.
La lucha contra la corrupción implica dos enfoques complementarios, uno concentrado en el combate y la sanción frente a los actos de conductas inapropiadas y otro concentrado en acciones preventivas que dificulten su realización.
