El actual diputado y ex intendente Oscar de los Santos, compareció este martes en el juzgado penal de 10º turno y al cabo de una audiencia afirmó no saber de qué se le estuvo acusando. Como se sabe, De los Santos fue denunciado penalmente por la administración de Enrique Antía por varios casos: uno de ellos tenía que ver con el contrato de personal para trabajos que realizó la asociación civil sin fines de lucro Pro Centro. La IDM les pagó el sueldo bajo el rubro “colaboraciones”.
El exintendente dijo que actuó dentro de la Constitución y de la ley y que volvería a tomar las mismas decisiones, en caso de ser necesario. También le atribuyó una intencionalidad política a su citación a los juzgados, ya que denuncias de este tipo podría tener “cientos”, al igual que el intendente Enrique Antía y cualquier otro intendente. Mientras tanto, el Dr. Enrique Moller un abogado que la actual administración contrató para este caso, dijo que “se vienen aclarando los hechos”.
De los Santos concurrió voluntariamente y anunció que vendría al juzgado “las veces que se necesite”, aun cuando podría ampararse en sus fueros parlamentarios para no hacerlo.
“Con Pro Centro hicimos un contrato, un convenio, un acuerdo. El primero fue una donación en 2005, después un contrato en 2008, con una serie de competencias, tratando de poner en valor el centro de Maldonado. Hay que recordar que se había hecho una peatonal nueva, una Plaza nueva y queríamos armar el circuito histórico”, explicó.
Otro convenio
De los Santos destacó que la Junta Departamental tuvo conocimiento de que el caso había tenido observaciones del Tribunal de Cuentas, “y no hubo ninguna acción política al respecto”. Además, en 2016 se concretó el pedido de una comisión investigadora, promovida por el edil Fermín de los Santos, “por los dichos del actual edil y ex presidente de Pro Centro. Pero era uno de los tantos convenios que hicimos durante los 10 años (de gobierno), que hacían los gobiernos anteriores, que hace el actual, y que realizan el conjunto de los gobiernos para trabajar con la sociedad civil organizada con programas en particular”, señaló. Asimismo, dijo que ignora de qué se le acusa. “Francamente, no sé”, confesó.
El diputado señaló que en aquel momento el Tribunal de Cuentas observó, como hace en la mayoría de los casos, que no había previsión presupuestal para esos pagos. “Y la Junta tuvo conocimiento. Y de este tipo de situaciones, tenemos decenas el conjunto de los gobiernos departamentales. La última cifra que recuerdo es de algo más de 300 mil pesos, por un semestre, para contratar guías turísticos, personas para los museos y personal para montar cuando tocaba la banda. No podíamos tener siempre funcionarios municipales al servicio, Y ese acuerdo fue logrado ante la Dirección de Cultura y Pro Centro con tres presidencias distintas”, señaló. Resaltó que en determinadas actividades, el Estado “no podía ser un elefante fofo que no tuviera capacidad de decisión en el territorio”.
“Con la misma transparencia”
El exjefe comunal insistió en que se hicieron varios convenios de este tipo, por lo que “denuncias como estas podría tener cientos hoy, como el intendente (Enrique) Antía, sin problemas, porque se hacen comúnmente”, añadió.
El diputado recordó que, en su momento se opuso a la derogación del delito de abuso de funciones hasta que no dirimieran estos casos, ya que confía en que la justicia “va a actuar con absoluta transparencia”. También afirmó que las decisiones que tomó las volvería adoptar “con la misma transparencia y con los mismos objetivos. Y lo quiero defender como modelo de gestión. Que no es lo mismo que gastar, permítaseme, que gastar 120 millones de pesos que se gastan hoy con la Fundación A Ganar”.
Dijo que, en la primera parte de este programa, que se va a ampliar, se realizaron convenios “en forma directa” y contrataron personas “hasta para el Campus” en tareas permanentes, por lo que “no es lo mismo”.
“Pero no quiero comparar porque estoy investigado. La Justicia va a determinar si cometí un delito. Hay más personas citadas a declarar. Yo estoy seguro que actué en el marco de la ley y la Constitución y que tomé decisiones políticas convencido de que lo que tenía que hacer, Y lo volvería a hacer en el mismo sentido”, subrayó.
Cuando se le consultó sobre el por qué de esta acción, sostuvo que la idea es que se vea en Maldonado y en el país que “el ex intendente vino a declarar”. Asimismo, dijo que el abogado de la Intendencia en este caso “se ha encargado más de hablar con los medios para decir que voy a ir a declarar que las veces que lo he visto. Es la primera vez que lo veo en un Juzgado”, indicó. “(Fue contratado) para basurearme y bastardearme” en los juzgados, agregó. “Esa es la decisión política del intendente Antía y la mía es ir a declarar, aún con mis fueros, a todos los juzgados”, añadió.
El diputado también cuestionó la ausencia de cobertura en algunos judiciales que involucran a otros actores políticos y aclaró que no le ha llegado ninguna otra citación por las otras denuncias que radicó la actual administración.
Abogado comunal dijo que los hechos
denunciados “se vienen aclarando”
El abogado de la comuna, Enrique Moller, dijo que “se vienen aclarando los hechos”, lo que implica que “quienes han declarado hasta el momento algo han reconocido”.
“Estamos hablando en un contexto en el que la denuncia que se hizo por parte de la Intendencia (de Maldonado) basada en una auditoría que descubre algunos indicios que dan lugar a una eventual maniobra fraudulenta y eso es lo que se pone en conocimiento de la Justicia”, afirmó.
Según Moller “la denuncia está muy clara, se basa en elementos administrativos y en parte documental y ahora la Justicia está complementando con las declaraciones. Mañana (miércoles) se van a agregar más documentos que faltan y después se evaluarán las conductas; por lo menos de algunos”, señaló. Este miércoles declararon seis personas más. Moller sostuvo que el proceso tardará “un par de meses más” y que habrá otras tres denuncias.
