Ya hay hora y fecha: a las 10 del la mañana del próximo jueves 19 de noviembre el enorme asentamiento en el que vive casi un millar de personas sobre la Ruta 39 debería ser desalojado por orden de la justicia. De todos modos, se espera que un día antes la abogada de los vecinos presente un escrito con el objetivo de ganar tiempo mientras se busca una solución al complejo tema. Todo pasa por evitar un problema social con más de mil personas en la calle, sin dejar de defender el derecho a la propiedad privada y cumplir una sentencia judicial.
En tanto, el intendente Enrique Antía pensaba recibir ayer de mañana a una delegación de los vecinos del asentamiento sobre el que pende la orden de lanzamiento.
“Es una problemática muy compleja. Lamentablemente le tocó al señor Antía dejar o no que esta bomba explote. Mañana martes al mediodía tenemos una reunión con Antía. Esperamos que aparezca algo que sea viable para nosotros. Como familia tenemos poca opción. Tampoco somos una carga de ganado que vamos para donde nos lleven”, explicó José Sosa, vocero de los vecinos.
En medio del interés por tratar de encontrar una solución que contemple a todas las partes, algunos actores partidarios aprovechan la situación para llevar adelante operaciones políticas.
El director de Vivienda municipal, Alejandro Lussich, aseguró que se sintió “alarmado” al enterarse que dirigentes políticos alientan a los vecinos a resistir la orden de desalojo, a que adopten una actitud cuasi delictiva e inclusive que se muden al predio comprado por la anterior administración en la zona rural de Maldonado.
No resistir
En tanto, tres ediles del Frente Amplio mantuvieron una reunión con los vecinos en el propio predio sobre el que existe la orden de lanzamiento. En ese encuentro, los tres ediles recomendaron no resistir la orden de lanzamiento, ni adoptar otras medidas por la fuerza.
Los curules recordaron a los vecinos que la pasada administración frenteamplista compró un predio que tiene todos los servicios al noroeste de la capital departamental. La idea pasa por llevar a los vecinos de diversos asentamientos a ese lugar.
“La respuesta de la Intendencia es que no hay tierra, ni hay plata. Sin embargo, dicen que esa tierra está destinada a parejas jóvenes que puedan pagarla. Sucede que al lado de ese predio hay chacras de gente muy importante que presionó al gobierno de De los Santos para que no se llevara a la gente de los asentamientos”, dijo Sosa.
Una hora más tarde los vecinos recibieron al director de Vivienda, Alejandro Lussich, en el mismo lugar. El encuentro fue calificado como “muy productivo” por los vecinos a la espera de la audiencia que mantendrían con el jefe comunal.
“Tranquilizamos a los vecinos al explicarles que si bien la Intendencia de Maldonado nada tiene que ver en el tema judicial hará todo lo posible para lograr un acercamiento entre las partes. Los vecinos entendieron que la inmediatez del 19 de noviembre, fecha del lanzamiento, no se arregla con ningún fraccionamiento, ni ubicarlos en algún lado. ¿Cómo se mudan más de 150 familias de acá al 19 de noviembre? Imposible. Es impracticable”, indicó Lussich.
“Tenemos que trabajar sobre la fecha. Después discutimos sobre cual es la mejor solución”; agregó.
Ilegal
Sobre la propuesta del Frente Amplio de mudar a los vecinos a un predio ubicado en la zona rural, Lussich aseguró que se trata de una situación ilegal porque es un fraccionamiento realizado fuera de las normas legales vigentes. “En ese fraccionamiento le daremos oportunidad a todo aquel que quiera acceder a un terreno propio. Entre ellos parejas jóvenes que quieren hacer su casa”; dijo.
“El predio al que se refieren los ediles del Frente Amplio es un padrón rural que no fue fraccionado legalmente. Está en vía de regularización. Para esto están trabajando los técnicos municipales para que cuanto antes se envíe el proyecto correspondiente a la Junta Departamental de Maldonado”, añadió Lussich.
“No olvidemos que lo hecho por la anterior administración es una excepción a la normativa porque se trata de un predio rural al que quieren transformar en urbano. Por esto tiene que pasar por el plenario de la Junta Departamental de Maldonado”, concluyó.
Aquí no
Pablo Duarte, un vocero e integrante de la comisión del asentamiento que se pretende erradicar, dijo que los vecinos procuran instalar una mesa cuatripartita para buscar una solución. Duarte dijo que la idea es conseguir una prórroga y descartó que exista gente exhortando a resistir la disposición judicial.
En cuanto a los terrenos comunales a los que se les ha querido trasladar desde la pasada administración, dijo que los vecinos estables de esa zona advirtieron que no querían asentamientos en las inmediaciones. Entre ellos, según informo ayer FM Gente, estaría una hermana del jugador de fútbol Diego Forlán, que es dueña de una chacra.
