“Derecho Irrenunciable”, por Gerardo Amarilla

La agenda parlamentaria de nuestro país se ha visto ampliada por un tema que – aunque al parecer no tiene un interés general ni urgente de la sociedad – de todas formas se incluye en el debate a partir de la presentación del proyecto de ley denominado de Eutanasia y Suicidio medicamente asistido.
Sin duda que la importancia del tema que se pretende reglamentar, amerita un abordaje integral, multidisciplinario y con la seriedad de saber que esa propuesta de modificación trastoca pilares fundamentales de nuestra sociedad.
Podríamos hacer y seguramente lo haremos oportunamente, diferentes consideraciones sobre las propuestas, sus alcances y consecuencias, pero vamos a limitarnos en esta oportunidad a referirnos a un solo aspecto que tiene que ver con la naturaleza del derecho y la disponibilidad que sobre él, puede tener su titular.
En el derecho laboral se conoce como principio de irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la autonomía de la voluntad para ciertos casos específicos relacionado con los contratos individuales de trabajo. Por ejemplo, no será válida la cláusula por la que el trabajador renuncia al cobro de horas extras o de al goce de la licencia, considerando que esos derechos son de orden público y, por lo tanto, no será válida la cláusula, aunque ésta sea consentida por el trabajador a renunciar a los mismos.
Este principio de irrenunciabilidad de derechos también está presente en otras ramas del derecho, como el derecho de familia y siempre asociado al carácter de disposiciones de orden público, cuya trascendencia excluyen la autonomía de su titular o beneficiario de renunciar a los mismos.
También podemos incluir en la misma categoría a derechos humanos fundamentales como la libertad. El valor de un derecho como éste, base fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y pilar de nuestra civilización, no puede quedar sujeto a la autonomía de la voluntad y por ello, a nadie se le puede ocurrir que un individuo, mediante un acto solemne, en el ejercicio pleno de sus facultades y de esa libertad individual, renuncie a la misma y pase a ser un esclavo de otro individuo u organización.
El artículo 7 de nuestra Constitución reconoce el derecho de todos los habitantes a ser protegidos en el goce de los derechos fundamentales, comenzando por la vida y el artículo 44 de la misma sección establece como uno de los pocos deberes que la carta consagra a los individuos, el deber de cuidar su salud y de asistirse en casos de enfermedad.
La circunstancia de que la Constitución mencione a la vida en el artículo 7 como un derecho fundamental pero en perspectiva subjetiva (perspectiva claramente connotada por las expresiones “los habitantes” y “nadie”) no debe llevar a la errónea conclusión de que los bienes que son objeto de los derechos sean a su vez de disponibilidad subjetiva. Tal es el caso de la vida, del honor, de la libertad, de la seguridad, del trabajo y de la propiedad que además de integrar el objeto del derecho a la protección en el goce, son valores objetivos en sí mismos y que integran las bases fundamentales de la nacionalidad, según surge ello claramente dispuesto en el artículo 80 numeral 6° de la Carta.
Como base del ordenamiento que se ha dado nuestra sociedad y como pilar mismo de nuestra civilización, el derecho a la vida, al igual que la libertad, es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, tiene un carácter irrenunciable.

Publicado originalmente en Semanario Puentes