Por el senador José Amorín
A pocas semanas de las elecciones internas y a cinco meses de los comicios nacionales de octubre, al Frente Amplio le entró el apuro por derogar el artículo 162 del Código Penal, que tipifica el delito de “abuso innominado de funciones”. El vicepresidente de la República, Danilo Astori, lo dijo claramente y la verdad que es por lo menos generar verguenza.
La reforma del Código Penal duerme desde hace tiempo en el Parlamento, donde nunca hubo interés del oficialismo en apurarla. Ahora bien, si se deroga este delito con la aprobación de la reforma, si la sociedad a través de sus representantes asume que una conducta no es más delito, las personas que están presas o procesadas por esa conducta dejan de estarlo. Y se trata de casos con nombre y apellido. Nada menos que el ex ministro de Economía y el ex presidente del Banco de la República del gobierno frentista fueron procesados, sin prisión, por el delito de abuso de funciones por su participación en el otorgamiento del aval a una empresa fantasma para la compra de los aviones de la desaparecida Pluna.
Me parece que hay que tener muchísima cautela en derogar esta ley ya que se trata de una acción con nombre propio. Los senadores del Frente Amplio estaban en contra, ahora tras el procesamiento del ex ministro de Economía y del presidente del Banco República dicen que están a favor, y eso es inmoral. Si así sucediera, la población entera lo entendería como una fenomenal jugarreta del sistema político.
Se trata de un apuro electorero para de esa manera limpiar la foja de sus dirigentes en vísperas de que la ciudadanía concurra a las urnas. El caso Pluna fue un escándalo mayúsculo, ya lo hemos dicho y sería bueno analizar ahora que según las encuestas el Frente Amplio se encamina a perder su mayoría parlamentaria, y tal vez el gobierno, cuánto tuvo que ver el Plunagate en esto.
Estamos convencidos que cuando uno quiere modificar una ley penal no puede tener en cuenta la coyuntura. Jamás debe hacerlo, ya que sería muy negativo para la credibilidad del sistema político uruguayo. Además, la reforma del Código Penal no formaba parte de la agenda del gobierno. Nunca hablamos de este tema. Esto es pura y exclusivamente una situación para intentar solucionar un desastre político que le estalló al Frente Amplio en la etapa preelectoral.
Para nosotros el abuso de funciones es un delito demasiado amplio y pensamos que hay que decir específicamente cuál es la conducta por la cual uno puede ir preso o ser procesado.
De todas formas, hay que esperar que pase este momento, ya que no se puede derogar un delito cuando hay personas recientemente procesadas por el mismo. En el próximo período parlamentario deberíamos todos estudiar con seriedad para que este delito sea acotado. Estamos convencidos que este delito debe ser ajustado con una definición correcta.
Pero en este momento, si se apura la reforma y con ella la eliminación del delito, los beneficiarios tienen nombre y apellido y uno de ellos es, creemos que no casualmente, el jefe de campaña del propio vicepresidente Danilo Astori. No es ese el Uruguay que queremos. El país que nosotros queremos debe fundarse en la transparencia y quién haya cometido algún delito en la función pública deberá comparecer ante la Justicia, que es la única que puede determinar las responsabilidades.
Para construir ese Uruguay es que vamos a las elecciones del 1º de junio, a darle al Partido Colorado y al país una opción batllista. Para construir ese país, esa opción, ese camino, es que convocamos a los orientales. Porque estamos seguros que el Uruguay que viene, será batllista.
