Hace cerca de veinte años, la administración nacionalista de Domingo Burgueño construyó viviendas de interés social en Cerro Pelado para socorrer a numerosas familias con problemas económicos y habitacionales. La mayoría cumplió con sus obligaciones y abonó las cómodas cuotas mensuales hasta adquirir su techo propio. Otro grupo, en cambio ha estado años sin pagar y ha ignorado todos los planes sociales que se le presentaron para ponerse al día. La actual administración los desaloja ahora en el entendido de que su morosidad no obedece a problemas económicos sino a otras vicisitudes morales o “culturales”.
Entrevistada ayer por FM Gente, la directora general de Asuntos Legales de la IDM, María de Carmen Salazar, aseguró que los desalojados son personas que se negaron a pagar sus cuotas a pesar de que podían hacerlo perfectamente. A su juicio, estas personas creen en la “fantasía” de que “no pasa nada si no se le paga al Estado” y adscriben a lo que llamó la “cultura” de la morosidad. “Hay gente que lleva diez años en una vivienda y nunca pagó una cuota”, afirmó.
La jerarca dijo que durante la primera administración frenteamplista se halló una situación “bastante caótica” en las viviendas de Cerro Pelado. La situación motivó que hubiera denuncias y algunos municipales procesados por irregularidades. En tanto, el gobierno aprobó un decreto para combatir la morosidad y regularizar la situación de las viviendas.
“Llamativo e injusto”
Salazar señaló que en ese trabajo emprendido para poner orden en las cosas fueron reconocidos los ocupantes con más de cinco años de antigüedad y se establecieron nuevas formas de pago “más accesibles, olvidando las deudas anteriores porque no se podía determinar cuánto debía cada uno”. “La gente se acogió al decreto en forma masiva, pagando desde 600 pesos hasta 1.200 pesos de cuota, de acuerdo a sus ingresos, por casas de uno a tres dormitorios”, señaló.
Asimismo, dijo que se idearon mecanismos para asegurar que cada familia tuviera una forma posible de pago: “Primero se les reconoció, se les dio el beneficio de la cuota y muchas posibilidades de pago, como el Tribunal de Quitas y Esperas, a mujeres solas con hijos o discapacitados. Aun así, hay casos que no han pagado la cuota, lo cual es bastante llamativo e injusto en relación a lo que pagan y a la cantidad de gente que está esperando una vivienda y quiere pagar”, indicó.
Por otra parte, destacó que los morosos fueron notificados e intimados a pagar hasta tres veces antes de iniciar las acciones legales para su desalojo. “La mayor parte de la gente ha cumplido, pero hay una especie de cultura de no pagarle al estado. Hay gente que ha decidido pagar cuando se iniciaron las acciones legales, pero no mientras le notificaron que llevaban seis meses de atraso, que es cuando pasa para el área de Jurídica”, refirió.
La jerarca también replicó los dichos de una vecina de Cerro Pelado. Días atrás, la mujer dijo a FM Gente que durante la campaña electoral de 2004 algunos políticos recomendaban a los vecinos no pagar las cuotas y prometían una amnistía si llegaban al poder. “No sé que hicieron otros partidos; que se hagan cargo de lo que dijeron. El FA no lo hizo porque no sabíamos del caos que estaba pasando en vivienda”, dijo Salazar.
La directora destacó, además, que el decreto aprobado para regularizar el barrio fue ampliamente divulgado. La mayor parte de las personas que hoy serán desalojadas se habían acogido a los beneficios establecidos pero nunca pagaron, aun cuando estaban en condiciones de hacerlo, indicó. “Hay gente que está viviendo en Cerro Pelado desde hace diez años y nunca pagó una cuota. Muchos de los que están siendo desalojados acordaron la cuota según sus ingresos y luego no cumplieron. Estamos hablando de diez años atrás, nadie puede alegar que no sabía que tenía que pagar”, sentenció.
Causales
Salazar también cuestionó a quienes critican a la comuna porque no les permite añadir construcciones a las viviendas adjudicadas. Al respecto, precisó que las soluciones habitacionales apuntaban a paliar una mala situación social y no pueden ser ni ampliadas ni comercializadas. No obstante, dijo que las personas que tienen sus cuotas al día no son desalojadas por incumplir las disposiciones legales que prohíben construir.
“Las ordenanzas impiden que el barrio se convierta en un tugurio, establecen qué se puede hacer y qué no. Cuando hay construcciones, se les intima a que la desarmen”, indicó. Sin embargo, dijo que si quienes están viviendo sin pagar también construyen, incurren en un doble incumplimiento, lo que es causal de desalojo.
Por otra parte, explicó que “cuando muere el propietario y en la casa vive su familia, ésta permanece. En cambio, si muere un propietario que no estaba al día y los hijos tienen bienes en otros lados, ahí la vivienda social es para solucionar problemas habitacionales y debe ser dada a las familias que tienen problemas habitacionales”.
No se podían vender
La doctora Salazar lamentó que varios adjudicatarios de viviendas las hubieran vendido y reafirmó que la intendencia seguirá accionando ante la justicia para recuperarlas. “La vivienda social está subvencionada por todos a través de los impuestos y tiene que cumplir con su fin”, indicó.
“Se hace la denuncia penal porque consideramos que es una estafa y además van quedando registrados los que incumplen, porque hay quienes la venden y van a ocupar otro lugar y luego vuelven a reclamar una vivienda”, explicó.
Asimismo, comentó que “hay gente que fantasea con que no los van a poder sacar porque tienen hijos, pero lo único que pueden hacer es enlentecer el lanzamiento. También está la fantasía de que no importa si al Estado no se le paga pero hay una larga lista de gente esperando y dispuesta a pagar”, insistió.
