Según el director general de Integración y Desarrollo Social de la Intendencia, Fernando Franco, el trabajo del Observatorio Territorial reveló que cada año siguen llegando unas 3.000 personas a radicarse en Maldonado y una parte de ellas termina viviendo en un asentamiento precario. Cuando la comuna nota que alguien se radica en un predio de su propiedad, la IDM realiza la correspondiente denuncia pero resolver el asunto no es nada fácil. Un poco porque la justicia mantiene su característico ritmo de quelonio, pero también porque es difícil que un magistrado decrete la expulsión de grandes grupos de personas que no tienen adonde ir, dijo el jerarca.
Entrevistado ayer por FM gente, Franco defendió la libertad de circulación de los uruguayos y extranjeros y no juzgó mal que personas de otros departamentos lleguen en busca de trabajo y un mejor nivel de vida. No obstante, admitió que algunos de ellos se pasan “de vivos” y ocupan terrenos ilegalmente a la espera de las soluciones caigan del cielo, es decir del erario departamental.
El jerarca comenzó por aclarar que “no le consta” que el asentamiento Los Eucaliptus esté creciendo a razón de cuatro familias que se instalan “cada día o cada semana”, como afirmó este lunes a la emisora la presidente de la comisión barrial. Sin embargo, señaló que inversores y personas que llegan a buscar trabajo, unas 3.000 personas deciden radicarse en Maldonado cada año. Ese flujo es imposible de detener, arguyó
Alambrar
“No se puede alambrar el departamento de Maldonado. No podemos ponernos en un planteo de xenofobia departamental porque todos somos uruguayos y tenemos derecho a buscar la mejor solución socio-económica para nuestra familia”, dijo Franco.
El jerarca agregó que “la avalancha es tan grande” y que sin el apoyo del Poder Judicial la administración comunal no puede detener a todos los que llegan a ocupar terrenos ajenos. “No da para contenerla con los inspectores municipales que notifican y que presentan en la comisaría denuncias por usurpación. Las cosas no prosperan porque la justicia tiene sus tiempos o por las razones que sea”, indicó.
Por otra parte, y aunque dijo no querer poner el accionar de los magistrados en tela de juicio, “hay una conmoción social que la justicia no está dispuesta a provocar con el desalojo de 400 familias. Hay que estar en la piel del juez o el fiscal, porque esa gente no se evapora, a algún lado va a ir”, aseguró.
“En el acierto o en el error, la idea es seguir trabajando para dar las soluciones más accesibles desde la administración a este tipo de situaciones”, agregó. Una de las soluciones posibles es comprar terrenos para realojar a familias asentadas.
Franco afirmó que el fenómeno de los asentamientos ilegales se inició hace 40 años en Maldonado; no obstante, señaló que en los últimos años “el crecimiento económico del departamento es un faro donde la gente viene a buscar una solución económica y de estabilidad para la familia”.
“Como todos son uruguayos e incluso para quienes no lo son, la Intendencia busca organizar dentro de los programas y con respeto a las normas, la mejor solución posible”, señaló. Por lo demás, aseveró que la comuna tiene “identificados” a quienes han llegado “de vivos” a lucrar con las ocupaciones ilegales, vendiendo predios ajenos por hasta 30 mil pesos. Ese tipo de personas no accederán a las soluciones habitacionales que pueda aportar la administración departamental.
