Un tribunal de apelaciones desestimó el 29 de mayo pasado el planteo de la fiscalía de imponer la medida de prisión preventiva a una mujer detenida por la presunta comisión de un delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes y que goza, desde el momento de la formalización, del régimen de arresto domiciliario total dispuesto por la jueza Sylvana García en una audiencia celebrada el pasado 5 de mayo. La acusada es pareja de un sujeto cuyo alias es “el gordo Lucas”.
La citada magistrada sostuvo que, atento a lo manifestado en la audiencia y sin desconocer las presunciones del art. 224, se le impone en carácter de medida cautelar a B.B. el arresto domiciliario total con los controles pertinentes por la autoridad administrativa por un plazo de 120 días, es decir hasta el 2 de setiembre de 2023 a las 17 horas.
En la misma audiencia la fiscalía interpuso un recurso de apelación contra el fallo de la magistrada solicitando que la mujer fuera trasladada al establecimiento carcelario departamental de Las Rosas.
La imputada es pareja de un habitante de La Capuera denunciado por estar involucrado en disturbios con armas de fuego ocurridos en una finca de la Parada 3 de la misma localidad.
Como consecuencia de los disturbios, se comprobó por funcionarios de narcóticos el continuo trajinar de personas hacia dicho sitio, lo que indicaría que operaba una boca de venta de drogas.
Las imágenes incriminatorias
En el interior de la vivienda, ubicada en calle 25 de agosto de La Capuera, la Brigada, luego de ubicar en las afueras a éste y a otro sujeto, incautó varios envoltorios de nailon conteniendo cocaína, una pistola 9 mm con cargador y cuatro cartuchos, bicarbonato de sodio y dos celulares (uno de la imputada y otro de su pareja). En el celular de la mujer se ubicó la fotografía de un cajón con catorce envoltorios con forma de ladrillo y conversaciones incriminatorias, algunas suprimidas por su propietario. Tales extremos justifican la materialidad y el riesgo de fuga y de entorpecimiento, sostuvo la fiscalía en su recurso.
El planteo de la fiscalía fue rechazado por la defensa de la mujer por entender que los elementos de cargo hacían insostenible la medida cautelar de prisión preventiva solicitada.
La defensa sostuvo que la mujer tiene dos hijas pequeñas, empleo (es monotributista) y el dinero que se incautó estaba destinado al pago de proveedores. Señaló, asimismo, que la relación con el imputado va y viene, por lo que reunirlos en un mismo caso no es justo ni adecuado. La mujer, además, padece problemas de salud. Se está tratando por un tumor maligno en un seno. Por lo dicho no puede hablarse con propiedad de riesgo de fuga, agregó.
La señora estaba detenida cuando los mensajes ya se habían eliminado, por lo que no alteró prueba alguna. Fue además quien proporcionó el patrón que posibilitó a las autoridades acceder al contenido del aparato, argumentó la defensa.
Hechos
Una denuncia anónima alertó sobre los disturbios registrados el pasado 20 de marzo en la finca propiedad del conocido “Gordo Lucas” ubicada en la localidad de La Capuera. Los disturbios, según la denuncia, incluyeron varios disparos de armas de fuego.
Por esta razón, la Brigada de Narcóticos comenzó las investigaciones, constatando la presencia de un número inusual de personas que ingresaban y egresaban de la misma, lo que dio la pauta que allí funcionaba una boca de venta de drogas. También llegó a conocimiento de los investigadores que el mencionado era propietario de otros dos inmuebles donde podría estar almacenando estupefacientes.
En la primera finca, en la calle Esperanza, al arribo de los efectivos se ubicó a un comprador y a M.M., quien portaba una mochila conteniendo un arma de aire comprimido y un arma de fuego.
Junto a este último, sobre una mesa, se incautó una balanza de precisión con sustancia blanca, una tijera, una cuadernola y recortes de papel. Mientras que en una habitación contigua se encontró un plato con sustancia blanca y en el interior de una heladera desconectada, una lata con dinero ($2.000) y 7 envoltorios de nailon con sustancia blanca y vegetal.
En otro allanamiento que se realizó en una finca de la calle 25 de agosto se detuvo a V.V. en el frente y a su pareja (B.B.) en el interior.
En el baño se incautaron dos envoltorios de nailon con sustancia blanca, una pistola 9 mm y dos celulares. En un cajón del dormitorio se ubicó dinero ($187.000 y U$S 11.000) y otro celular. Uno de los celulares era propiedad de la mujer, quien proporcionó el patrón para acceder a su contenido.
En el mismo se visualizaron fotografías de un cajón con rectángulos con forma de ladrillo recubiertos de papel film y varios chats. Uno con una persona agendada como “Aéreo”, cuyos audios habían sido eliminados, pero con mensajes que evidencian el vínculo de la imputada con el tráfico de estupefacientes: En una conversación se le pide que avise a V.V. que limite los contactos por cuanto la policía está sobre sus pasos, la mujer contestó que habrá de cuidarse y remite a su interlocutor la fotografía de una cifra. En otra se registra un diálogo con un tal “Henry”, cuyos mensajes, en su mayoría, fueron eliminados.
Drogas
Sometidas a prueba de campo las sustancias incautadas, la primera dio positivo a la presencia de cocaína (envoltorio de 7,2 gramos), otros seis envoltorios arrojaron un peso total de 3.5 gramos y dieron positivo a dicha sustancia. También dieron positivo los restos ubicados en la balanza de precisión. La sustancia vegetal incautada arrojó un peso de 4 gramos y resultó ser marihuana.-
En la segunda vivienda (calle 25 de agosto) se incautó un envoltorio con un peso de 103 gramos que dio positivo a cocaína, otro con 170 gramos que arrojó el mismo resultado, otro que pesó 31 gramos de la misma sustancia, otro de 14 gramos también de la misma sustancia y bicarbonato de sodio (que se emplea para cortar la droga).-
Por esta razón, uno de los sujetos fue condenado por sentencia dictada en proceso abreviado: “como autor penalmente responsable de un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas en reiteración real con un delito de tráfico de arma de fuego y Municiones, a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de penitenciaría, con descuento de la detención sufrida”. Mientras que para V.V. se decretó la prisión preventiva por el plazo de 120 días (Resolución No. 1037/2023), que no se apeló.
El debate
En la audiencia, cuando el debate, el Ministerio Público fundó su solicitud de prisión preventiva por el plazo de 120 días -en lo que resulta de relieve- en lo que sigue: El supuesto material emerge acreditado y justificado con creces. En relación con los riesgos procesales, sostuvo que aparte de la presunción legal, existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El primero por la severidad de la pena a recaer. El segundo porque se eliminaron parte de las conversaciones y porque es necesario preservar la integridad del testigo individualizado y otros que eventualmente puedan surgir. Pese al planteo de la fiscalía, el tribunal optó por mantener el arresto domiciliario total de la acusada.
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