La resolución se refiere a la no renovación de los contratos de varios funcionarios ingresados durante la administración frenteamplista entre los años 2005 y 2010
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo turno dispuso la suspensión de una resolución del Instituto de Derechos Humanos que había cuestionado una decisión de la Intendencia de Maldonado. La misma se refiere a la no renovación de los contratos de varios de sus funcionarios ingresados durante la administración frenteamplista de Maldonado entre los años 2005 y 2010. El tribunal de alzada calificó de “ilegalidad manifiesta” la actuación del Instituto de Derechos Humanos por haber actuado por fuera del ámbito de sus competencias.
El fallo del tribunal enfatizó en el hecho que la norma legal que dio vida al INDDHH no le atribuyó “competencia específica para conocer sobre conflictos individuales de trabajo de los funcionarios municipales y menos aún puede afirmarse la existencia de poderes implícitos porque dentro de los principios del Estado de derecho está el de los poderes limitados, más aún cuando existe la debida tutela de los derechos en cuestión”.
“Todo ello leva a concluir que si la INDDHH no tenía “parquet” competencial para atender ese tipo de pretensiones (conformadas por derechos subjetivos o intereses legítimos) y menos aún podía reconocer afectación de derechos subjetivos ni ordenar su reparación donde el ordenamiento jurídico desde siempre ha proporcionado las vías procesales para su debida tutela así como tampoco puede sancionar por incumplimiento de resoluciones dictadas en tal ámbito”, agregó el fallo.
“Aceptar una actuación de la Comisión como la de autos implicaría reconocerle atribuciones ilimitadas o discrecionales (que el Legislador no le otorgó) con el consiguiente caos institucional y por ende estrepitoso fracaso del estado de derecho. La regla de la razonabilidad juega papel importante en la especie ya que debe existir una relación razonable entre el poder expreso y el poder implícito”; enfatizó.
Antecedentes
La administración del intendente Enrique Antía dispuso el 15 de diciembre de 2015 la no renovación de los contratos de algunos funcionarios que habían sido contratados durante el gobierno de Óscar de los Santos. Éstos plantearon un reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde todavía se sustancia el proceso. También notificaron de la situación al INDDHH.
Esta repartición aprobó el 10 de agosto de 2016 una resolución por la cual se recomendó a la Intendencia de Maldonado la revisión de los procedimientos relacionados con el cese de esos funcionarios. Asimismo, el INDDHH exigió a la Intendencia de Maldonado que adoptara las medidas administrativas pertinentes para “dictar una resolución que, por contrario imperio, repare la vulneración de derechos de las personas denunciantes”.
Ante la magnitud de la decisión del INDDHH, la Intendencia de Maldonado pidió tener vista de las actuaciones mediante el acceso al expediente. La INDDHH negó esta posibilidad por entender que las investigaciones que lleva adelante son reservadas. La Intendencia presentó entonces un recurso de amparo ante el poder judicial con el resultado de marras.
