Tras conocer algunos cuestionamientos formulados por el excatedrático de Derecho Administrativo, Daniel Hugo Martins, al Digesto Municipal, la directora de Asuntos Legales de la Intendencia, María del Carmen Salazar, defendió la calidad del trabajo realizado en la materia por un grupo de técnicos y ediles de la Junta, entre los que figuraba un delegado blanco. “Es una lástima que no se hablen entre ellos”, ironizó la jerarca respondiendo a cuestionamientos lanzados por un legislador nacionalista.
Entrevistada ayer por FM Gente, Salazar aseguró que realizar un digesto es una tarea “muy difícil y engorrosa”. La comuna contrató a una consultora para hacer el trabajo y el 8 de octubre de 2012 la Junta Departamental designó un edil y su suplente por bancada para conformar una comisión de seguimiento. A esto se sumó la participación de escribanos, abogados y funcionarios administrativos del Legislativo, más los de la IDM.
La jerarca destacó que en la primera reunión de esa comisión se acordaron los mecanismos de trabajo. También se creó una cuenta electrónica especial para facilitar la comunicación interna y se abrieron los encuentros a los miembros de la Comisión de Legislación.
En grupo
Salazar afirmó que en casi todas las reuniones estuvo el edil nacionalista Diego Silveira, suplente de Diego Echeverría. “Se hicieron observaciones a cada tomo, se corrigieron, además hubo sala de abogados. Se tuvo reunión con técnicos de áreas, (control edilicio, higiene, etcétera) para saber qué normas se aplican y cuáles no aunque estén vigentes”, señaló.
La jerarca explicó que el primer tomo, ya publicado, contiene “cuestiones genéricas”: la Constitución y leyes. “Discutimos mucho qué poníamos y seleccionamos aquellas de estricto vínculo e incidencia en la normativa departamental. (…) Tuvimos en cuenta, además, ponerlo de forma amigable para la búsqueda. No es un digesto para abogados, sino para facilitar el acceso y el entendimiento a cualquier persona”, indicó.
Por eso estimó que las observaciones formuladas por Daniel H. Martins responden a criterios del autor; por eso subraya como errores aspectos que, en realidad, no fueron tenidos en cuenta en el criterio elegido por quienes elaboraron el digesto, señaló.
“Primero vimos que Martins tiene errores al citar números de algunas leyes y luego vimos que mucho de lo que menciona son cuestiones de criterio. Nosotros utilizamos un criterio adoptado con un integrante del Partido Nacional”, más otros representantes de la Junta y la IDM, “en muchas reuniones de trabajo”, señaló.
La jerarca admitió que en el primer tomo del digesto no se incorporó la ley de descentralización política porque surgió hace un mes. No obstante dijo que la Unidad de Actualización Normativa (UAN) está a cargo de ese tipo de tarea y aclaró que el ingreso de una norma al digesto es cuidadosamente analizado.
“Es una pena que no se hablen entre ellos porque podía haberle preguntado al edil del PN como trabajó, con escribanos y abogados de la Junta”, añadió.
Por llamado público
La titular de Asuntos Legales de la IDM afirmó que la empresa que elaboró el digesto fue contratada “por llamado público”. Dos empresas se presentaron y la que fue considerada mejor se adjudicó el trabajo. Durante la elaboración de cada tomo, la firma tenía contacto con la Junta y con los funcionarios de las áreas competentes de la IDM, afirmó.
Salazar dijo que “recopilar, analizar qué se derogó y qué no, fue muy engorroso” y que se leyeron más de 20.000 resoluciones en las que se detectaron malas prácticas administrativas que complicaron aún más la tarea. “Esto también sirvió para empezar a hacer las cosas más prolijamente”, señaló.
Este martes, en la Junta Departamental, el edil Alejandro Lussich afirmó que la contratación de la consultora para elaborar el digesto fue “irregular”, según un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, refirió que, según Martins, el digesto contenía al menos 60 errores en el primer tomo.
