Al término de una extensa sesión que comenzó a las cuatro de la tarde y culminó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados se expidió en los primeros minutos del miércoles, con 55 votos en 74, a favor de la apelación que 15 ediles de Maldonado habían presentado en agosto pasado contra una resolución comunal, la 03843/2017del mes de junio. En esa resolución, recaída sobre el expediente 2009-88-01-02276, la comuna había decidido la legitimación dominial y la emisión de la planilla de contribución inmobiliaria de varios padrones de la localidad Catastral Edén Rock. Se trata de los numerados del 924 a 927, que ocupan una faja de playa de 150 metros de ancho.
Junto a esos predios había otros dos padrones que la justicia ya había considerado de propiedad pública en primera y hasta en segunda instancia en uno de los casos. Según el edil colorado Juan Silvera, mentor del recurso, en total “cinco jueces” se habían pronunciado a favor de dejar los predios en el dominio público.
Constatado
Los ediles habían recurrido la medida al amparo del art. 303 de la Constitución de la República. Según señalaron en su escrito, “aparentemente el día 2 de junio de 2017” la comuna había decidido acordar con el particular que reclamaba la propiedad de esos cuatro padrones y emitir la planilla de contribución. Años atrás, ese propietario había iniciado un juicio contra la comuna, a la que le reclamaba una reparación de 8 millones de dólares.
En julio de 2005, el dueño anterior de esos padrones había solicitado a la administración nacionalista, que estaba a diez días de abandonar el gobierno, que le autorizara la construcción de viviendas en esa playa. Al asumir el gobierno de Óscar de los Santos no se permitió construir en la franja de playa de 150 metros. El particular inició el juicio en 2011. Según la legislación nacional, no es posible apelar una decisión comunal después de transcurridos cuatro años.
La decisión comunal de junio sobre las planillas de los terrenos fue publicada en la página web de la Intendencia dos meses después de haber sido adoptada, cuando el edil Silvera ya estaba dando cuenta del asunto públicamente. En prueba de ello, el recurso de los ediles adjuntó “testimonio de acta notarial de constatación que acredita que hasta el día jueves 3 de agosto” la resolución de la IDM no había sido difundida en Internet.
El Ministerio de Economía (MEF) fue notificado de la cesión de la comuna por la jueza a cargo del asunto y se opuso a ese acuerdo. Por lo demás, presentó un recurso y pidió que se investigara si se produjo un probable “fraude procesal”.
Esta semana, después de horas de deliberación, 55 legisladores apoyaron el recurso de los ediles, que habían pedido a la cámara “se sirva declarar la nulidad absoluta por las ilegalidades de procedimiento y de fondo expuestas de la mencionada resolución”. Era lo que había recomendado una mayoría en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.
Apelación
A todo esto, entrevistado ayer por FM Gente, el secretario comunal Diego Echeverría estimó que la decisión de la Cámara Baja constituye “un atropello a la Constitución” que, a su juicio, sienta un “peligrosísimo antecedente”. Por otra parte, adelantó que la administración interpondrá un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
“La decisión que tomó la Intendencia de liberar el pago de la planilla de esos terrenos, se tomó porque entendíamos que eran terrenos privados, porque así se había analizado. Jamás fue revocada por la administración pasada la resolución que habilitaba el pago, sino que se había dicho que se complementara información sobre los caracteres dominiales”, indicó.
Asimismo, dijo que la Asociación de Escribanos del Uruguay y la cátedra consideraron que eran terrenos privados y “con salida fiscal desde 1810, en esa zona de playa”.
“Más allá de esas idas y vueltas, se tomó una resolución por parte de esta administración con el fin de evitar la incertidumbre jurídica de alguien que viene, que compra, que invierte en Maldonado y no se le permitía, por parte de la pasada administración, pagar la Contribución Inmobiliaria. Entonces, habilitamos ese pago”, señaló.
“Es muy distinto a habilitar la construcción. Ese debate nunca estuvo encima de la mesa”, agregó.
Echeverría adelantó que la IDM apelará la decisión de los diputados ante el TCA, para lo que tiene un plazo de 10 días. “Vamos a recorrer los caminos que tenemos, porque somos gente que respeta la norma, la Constitución, Y no podemos permitir que haya acciones que, alimentadas quién sabe por qué motivos, intentan dar por tierra acciones de gobierno, de un gobierno que trabaja y que intenta dar seguridad jurídica, beneficioso a la gente… Y a veces, por revanchismo, intentan llevar (estos asuntos) a la Cámara de Diputados, porque acá no tienen la mayoría suficiente para dar este tipo de debates”, afirmó.
Por otra parte, dijo que la administración comunal analizará si el caso amerita la presentación de un recurso ante la Suprema Corte de Justicia.
Un caso de “revanchismo”
El secretario de la IDM estimó que la decisión de la Cámara de Diputados fue “un atropello a la Constitución por cuestiones de revanchismo”. Además, estimó que el reclamo “estaba fuera de plazo”, ya que la Constitución fija en 15 días el tiempo para presentar el recurso en este tipo de casos. Además, señaló que se establece que el recurso es válido cuando la resolución no se puede recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo “y el propio Ministerio de Economía recurrió la resolución ante el TCA. Vemos que el gobierno tiene una posición por un lado y por otra, tiene otra. Es un atropello”, criticó.
En realidad, el recurso fue iniciado por el edil colorado Juan Silvera. Echeverría también dijo que la anulación del acto significa “vulnerar las autonomías departamentales”, lo que genera “un peligrosísimo antecedente”. “Es muy peligrosa la señal que se da respecto al cumplimiento de las normas cuando se hacen este tipo de acciones”, consideró.
