En una ponencia presentada la pasada semana, el edil frenteamplista Joquín Garlo aseguró que Maldonado está dejando de percibir millones de dólares al exonerar de tributos a empresarios de la construcción y dueños de lotes en los que, se suponía, se levantarían edificios, lo que generaría miles depuestos de trabajo. Pero Garlo recordó que nada se ha hecho a pesar de los grandes anuncios que se han lanzado en los últimos años.
“Uno puede sentarse en este plenario y decir cualquier disparate, incluso mentir, pero ese no es nuestro estilo. Cada vez que se nos presenta la oportunidad de dirigirnos a todas y todos ustedes, en primer lugar investigamos, pasamos semanas buscando información, estudiamos muchísimo, y recién ahí nos sentamos a hablar. Nos parece que no puede ser de otra forma, es el mínimo de respeto que le debemos a la población de Maldonado que nos confirió el honor de integrar esta Junta Departamental”, comenzó el edil.
“Hoy queremos plantear algunos puntos respecto a la realidad y al destino de nuestro departamento. Como es sabido, el intendente Antía y parte de esta Junta le otorgaron a varios empresarios de la industria de la construcción importantes exoneraciones tributarias, exoneraciones que comprenden el pago de las tasas de edificación, el pago de la contribución inmobiliaria y demás tributos asociados hasta julio de 2020 y el pago del retorno por mayor valor inmobiliario. A estos beneficios, debemos agregar el de las excepciones a la normativa urbana vigente otorgadas por parte de esta Junta Departamental, que benefician directamente a decenas de empresarios de la construcción”, afirmó. El edil agregó que en este período se otorgaron “más de cincuenta flexibilaciones a la normativa, en las que las excepciones más solicitadas y autorizadas fueron altura máxima, Factor de Ocupación Total, Factor de Ocupación de Suelo y cantidad de pisos. Este año se elaboró un informe por parte de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) que es contundente en su análisis y sus conclusiones. Dice el informe: “una cuestión fundamental sobre estas excepciones otorgadas es la ganancia económica que implica para los desarrolladores privados, que de un día para el otro se ven favorecidos al aumentar notablemente el aprovechamiento que le pueden dar a sus terrenos”. Un excelente trabajo realizado por estudiantes y docentes del CURE concluye que “en la política urbana de Maldonado la excepción se ha convertido en la regla”.
Concesión
Garlo aseguró que “ambos elementos, las excepciones a la normativa y las exoneraciones tributarias, representan una concesión por parte del Gobierno Departamental, y por tanto de todos los habitantes de Maldonado, en favor de los empresarios, en favor de los particulares. Yo quisiera saber si los habitantes del departamento saben a qué se está renunciando, a cuánto dinero el intendente Antía decidió renunciar, y a dónde iría ese dinero si se cobrara”, indicó.
“Tomando datos solamente de 28 expedientes de los más de 50 que refieren a excepciones edilicias, la DINOT calculó promedialmente cuánto hubiera recaudado el pueblo de Maldonado si no hubiese renunciado a los tributos que ya mencionamos. En el caso de la tasa de edificación, se recaudarían más de 74 millones 500 mil pesos en un año, 60% más que lo que se recaudó en 2015. En lo que respecta a la contribución inmobiliaria, es muy difícil de calcular ya que la Intendencia no brinda información al respecto, en esa política de oscurantismo en la que se ha basado en los últimos años, pero para tener una idea, en 2013, según la OPP, la contribución inmobiliaria urbana representaba el 45% del total de los ingresos del departamento”, señaló.
Garlo también recordó que en esta administración, la comuna dejó de cobrar el retorno por mayor valor inmobiliario, creado por el Decreto 3870 durante el gobierno del Frente Amplio. Con esa norma, “entre 2011 y 2015 se recaudaron más de 188 millones de pesos”, que fueron asignados “al Fondo de Gestión Territorial, y que se tradujeron en obras para el pueblo de Maldonado y viviendas de interés social, esas que son tan necesarias. En el caso del retorno por mayor valor, si no hubiese sido suspendido su cobro por el Intendente Antia, se recaudarían más de 37 millones y medio de pesos que irían destinados exclusivamente a obras para mejorar Maldonado y a viviendas de interés social para las y los que más necesitan”, indicó.
El edil aseguró que esta norma “impidió que se generen injusticias a través del otorgamiento de excepciones a determinados empresarios sin el pago de las contrapartidas correspondientes. La existencia de una fórmula clara evita presiones por parte de los privados y desestimula el ‘amiguismo’ entre los empresarios y el gobierno. Pero esta norma que beneficia al pueblo no rige en el gobierno de Antía, esta norma que evita el amiguismo no se aplica en el gobierno del Partido Nacional. Sería un ejercicio interesante el de agarrar por un lado los más de 50 expedientes de excepciones votadas en este período y las rendiciones de cuentas de los candidatos a la intendencia por el Partido Nacional en las últimas elecciones, quizá surgen coincidencias”, señaló.
Después de otras extensas consideraciones sobre otros aspectos relativos al tema, el legislador afirmó que “es responsabilidad exclusiva de la Intendencia de Maldonado y de los inversionistas”, si acaso no han comenzado las obras. En este sentido negó que fuera la Comap el organismo que está frenando la aprobación de los emprendimientos.
“Como Antía está viendo que su demagógica promesa politiquera de ‘vuelve Antía, vuelve el trabajo’ se está cayendo a pedazos, le echa la culpa al Gobierno del Frente Amplio, cuando en realidad quien debe hacerse cargo por haber generado altas expectativas en la población es el intendente Antía, es el Partido Nacional. Es por esto que exigimos a la Intendencia que reciba en forma urgente a las y los compañeros del SUNCA para que planteen sus inquietudes, que exhorte a los inversionistas a tramitar correctamente los expedientes en la COMAP y a comenzar de una vez por todas las obras como corresponde”, concluyó.
