En una exposición que planteó el pasado martes en la Junta Departamental, el edil frenteamplista Leonardo Delgado se preguntó si ninguna persona vinculada al Partido Nacional y a sus tradiciones democráticas se ha percatado del “exabrupto” que, a su juicio, está cometiendo la actual administración comunal a través de su directora de Asuntos Legales, la doctora Adriana Graziuso. El edil comenzó por enumerar las virtudes y unanimidades que concitó en su momento la Ley de Acceso a la Información Pública, en vigor desde 2008, y lamentó el “secretismo” de la administración nacionalista, que no brinda los datos que se le reclaman desde la oposición. De todos modos, anunció que las dilatorias que ha adoptado la IDM no lo harán decaer en la intensidad de sus pedidos. Asimismo, dijo que nunca antes una institución oficial había violado una norma que fue votada por todos los partidos políticos, incluyendo el nacionalismo.

“En el año 2008 se aprobó en el Parlamento un proyecto de ley, vigente desde entonces, del que recientemente nos venimos a enterar que, para algunos, tiene un grave defecto: es inconstitucional y, lo que es peor: nadie lo había advertido”, ironizó el edil. “Resulta que en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara, todos los miembros que por unanimidad elevaron el proyecto al plenario, por unanimidad votaron los 35 artículos de la ley, todos, los del Frente Amplio y los senadores Pablo Iturralde y Gustavo Penadés del Partido Nacional y Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, no se dieron cuenta, no percibieron que el proyecto tenía ese grave defecto”, comentó.

Valoración positiva

Delgado dijo que “antes que ellos tampoco lo percibió el doctor Carlos Delpiazzo”, catedrático nacionalista, que en su informe a la Cámara referente a este proyecto de la Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) hizo “una valoración positiva desde el punto de vista jurídico”. “Tampoco se dieron cuenta los senadores de todos los partidos que, por unanimidad de presentes ‒muchos del Frente Amplio y varios de los demás partidos‒, aprobaron por 20 votos en 20 el proyecto en general, y con la misma votación aprobaron el bloque. Tal fue el consenso partidario obtenido que todos los artículos fueron aprobados”, refirió. “El proyecto fue aprobado en Cámara de Diputados sin modificaciones, también por unanimidad de la Comisión de Constitución y Códigos, y fue votado en el plenario por 43 en 44 y votados en bloque todos sus artículos por 44 en 45 votos, con una sola intervención en contra de un diputado que discrepó con el procedimiento de votar en bloque”, recordó.

Además, destacó que “nadie manifestó desaprobación de la ley ni observaciones de la misma en los medios masivos de comunicación y tampoco en ningún lado, por una simple razón: la ley es muy buena, es una ley que da garantías a la prensa, a la oposición y a cualquier ciudadano. Evita ocultar información; es una ley que suma a la democratización del sistema político. Y así se ha venido aplicando”, agregó.

El legislador recordó también que “ediles de esta Junta, en el pasado período de gobierno frenteamplista, la usaron; periodistas, diputados de todos los partidos, ciudadanos de a pie también la usaron y por supuesto que al Frente Amplio no se le ocurrió ni desvirtuarla ni desconocerla ni buscar formas de no cumplir con ella, hasta que volvió Antía al departamento de Maldonado y, entonces, no contesta los pedidos de informes hechos, los repite la Junta Departamental y tampoco se contestan, se realizan por intermedio de la Ley de Acceso a la Información Pública y a la doctora Graziuso se le ocurre que los ediles no pueden pedir a través de esta ley”, lamentó.

“Cuando nuestra demanda tiene que acudir a la información, entonces inventan un recurso de inconstitucionalidad. Y total, como el dinero no es de ellos, deciden gastar el dinero de la Intendencia en conseguir consultas jurídicas favorables, respecto de lo cual ya hemos presentado en el día de hoy un pedido de informes para saber cuánto costaron esas consultas que la Intendencia realizó sobre esta ley.

Y así como no quiere decir qué hay de especial en esas cámaras que compró directamente por U$S18.500.000, sin licitación, y cómo eligió a esa empresa, tampoco quiere informar sobre la economía de la Intendencia, de la Fundación A Ganar… ‒esa inmensa agencia de colocaciones llena de contratos‒. Tampoco de los ingresos del personal y de sus familiares contratados. No quiere informar a todos los señores ediles de aquellos integrantes del gobierno que son traídos en comisión desde otros organismos y cobran diferencias salariales en forma muy dudosa legalmente. Y, por si fuera poco, amenaza con la destitución de los ediles porque estarían tramitando asuntos de terceros. Es el colmo del delirio lo que hace la directora de Jurídica del Gobierno departamental del Partido Nacional”, sentenció.

“Secretismo”

“Sepan ustedes, señores ediles del gobierno, y avísenles a sus colegas y diputados y a los senadores en el Parlamento que cada vez que usaron esa ley incurrieron en una inconstitucionalidad y son pasibles de ser destituidos. La pregunta es: ¿no hay nadie de sus amigos que les digan que ese exabrupto jurídico atenta contra la democracia, contra la República, contra el ordenamiento institucional básico de este país, donde rige un Estado de Derecho? ¿No hay nadie entre sus coterráneos que les informe que atenta contra una larga y honrada tradición de su propio partido, regada de sangre vertida por los defensores de las leyes?”, inquirió. “¿Entre sus correligionarios no hay nadie que les diga que la Justicia no se compra en los estudios de abogados amigos y que ‒como pasa en Eden Rock‒ si no les gusta lo que deciden los jueces no pueden ir a arreglar por atrás del mostrador?”, agregó.

“Sepan que de nuestra parte no nos vamos a detener con estas dilatorias, que confiamos porfiadamente en la Justicia y en la legalidad, que su autoritarismo y secretismo ‒propio de otras épocas felizmente superadas‒ no van a triunfar y vamos a seguir insistiendo en el respeto de los fueros de los ediles y de la Junta Departamental, fueros que el oficialismo avasalla por acción de allá y omisión de acá. Vamos a seguir reclamando que la Junta no sea ilegalmente ignorada cada vez que se hacen vergonzosas ilegalidades, transacciones ocultas para favorecer a particulares y/o amigos del gobierno”, indicó.

 

El caso Eden Rock

Leonardo Delgado formuló su planteo al tiempo que la Cámara de Diputados atendía el recurso presentado por 15 ediles de Maldonado contra una resolución que juzgaron irregular de parte del jefe comunal, sobre un solar ubicado en el paraje Eden Rock. Según se sabe, el recurso fue apoyado por la mayoría de los legisladores, especialmente los del Partido Colorado y del Frente Amplio.

“Queremos decir que es lamentable que solo quince ediles de esta Junta Departamental defiendan los fueros de la misma y el derecho a recibir la información, que está siendo violentada y avasallada por el Ejecutivo Departamental”, dijo Delgado. “Seguramente esta noche el Parlamento anule la resolución del intendente. Confiamos en que el Parlamento ‒luego de que sea tratado‒ saque una resolución a favor del recurso que hemos presentado. Vaya nuestro saludo a aquellos diputados de otros partidos que también van a respaldar esta nulidad presentada por nuestros ediles y los ediles del Partido Colorado.

También queremos saludar a los vecinos que justamente se movilizaron por este tema, defendiendo la costa y la playa de este departamento, pero también defendiendo a la Junta Departamental y a los intereses del colectivo de este Legislativo”, indicó.

“Queremos saludar al edil del Partido Colorado, Juan Eduardo Silvera, que realizó varias exposiciones denunciando una y otra vez, incansablemente, este avasallamiento, este ocultamiento de información por parte del Partido Nacional y que se hacían transacciones encubiertas a espaldas de este Legislativo.

Cuando se trata de defender los valores democráticos y republicanos, los intereses públicos y los fueros del Legislativo, frente a embates de quien sea, allí estaremos juntos a los ciudadanos que allí se planten.

Maldonado necesita la defensa de estos valores frente a un Gobierno departamental que los ignora a cada rato. No es nuevo que se quiera ocultar la información por parte del Gobierno departamental. No es nuevo que cada vez que se solicitan pedidos de informes o ahora a través del acceso a la información pública se diga que no tenemos derecho”, señaló.

“Finalmente, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia ‒que rápidamente se va a expedir‒ va a demostrar que los ediles y cualquier ciudadano de este departamento y del país tienen derecho a acceder a la información, porque existe un proceso de transparencia que se creó en nuestro gobierno para que se sepa en qué se distribuyen los dineros del pueblo, en qué se gastan y que no hay amiguismo, como lo hemos hecho históricamente desde el Frente Amplio”, concluyó.

Contenido publicitario