Edil Rapetti alerta sobre presunta centralización del cobro de la contribución inmobiliaria

 

El edil nacionalista José Luis Rapetti denunció el pasado martes en la Junta Departamental que el Poder Ejecutivo parece estar intentando “centralizar el cobro del impuesto de contribución inmobiliaria” a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) “u otro organismo” y “quitárselo a sus legítimos recaudadores y administradores, que son los gobiernos departamentales”. El legislador comentó que la IDM recibió una nota fechada el 14 de marzo de 2018, enviada por un jerarca de la OPP, que planteaba “la creación de una comisión a la que denominaron de Cobro de Contribución Inmobiliaria y para la cual pedían una designación para participar en ella”.
En esa nota se afirmaba “que el cobro del tributo es gestionado directamente por cada Intendencia, debiendo cada una desplegar procesos y brindar soportes en condiciones de operación y seguridad, cada vez más complejas y onerosas”. “Nos pareció nada pertinente dicha solicitud -dijo el edil-. Tampoco compartimos lo que más adelante dice de mejorar la gestión de cobro referida a este tributo departamental. Tenemos la certeza de que esa calificación negativa, cuando sostiene que hay que mejorar, es equivocada para todos los gobiernos departamentales, pero particularmente debemos aclarar que no es aplicable en Maldonado”, indicó.
“Cuando dice que hay un despliegue de procesos complejos y onerosos nos parece que, a falta de fundamentos, el jerarca formula un recargo de conceptos y calificaciones que nada tienen de relación con el cobro del impuesto y menos referido al departamento de Maldonado, que siempre ha tenido una eficaz recaudación y una ejemplar y reconocida atención a sus contribuyentes. Es incomprensible que se pretenda centralizar una actividad propia de los Gobiernos departamentales y, para colmo, una atribución conferida directamente por la Constitución de la República. Este es un recurso recaudado directamente en el departamento de Maldonado, en nuestras propias cajas, y no tiene sentido que se permita que lo nuestro se recaude y se administre por otros. Es la Constitución de la República la que establece nuestros derechos y no los vamos a delegar”, afirmó.

Autonomía con recursos
“Otra cosa es que en el ámbito del Congreso de Intendentes y no en una dependencia del Poder Ejecutivo se coordinen políticas, eso es para lo que se tienen atribuciones en el Congreso de Intendentes, y si quisieran podrían hacerlo, pero luego deben intervenir las Juntas Departamentales, que decidirán o no lo que haya sido objeto de coordinación, pero no de decisión obligatoria”, dijo el edil.
“Los recursos de los gobiernos departamentales son el sostén económico de los mismos. Originariamente, dese la creación del Estado en 1830, todo era establecido, recaudado y administrado por el Gobierno central, pero la evolución de las ideas, los nuevos conceptos sobre autonomías regionales, la descentralización y el reconocimiento de las capacidades de la gente de los lugares apartados de la capital para autogobernarse nos ha traído esta magnífica realidad institucional donde nosotros aquí, en este cuerpo, legislamos y controlamos al Ejecutivo departamental y creamos nuestras propias normas para sostenernos. Fue una larga y ardua lucha a lo largo de más de un siglo, que no estamos dispuestos a deshonrar. La autonomía es la base fundamental de la descentralización y en ella estamos seguramente de acuerdo todos los partidos políticos, y no hay autonomía sin los recursos económicos que se establecen en el Artículo 297 de la Constitución”, sentenció.

Sucive
Por otra parte, Rapetti señaló que “recientemente un vocero de la organización centralizada del Poder Ejecutivo, el SUCIVE ha hecho conocer que se estudia una modificación en el impuesto de patente de rodados. Es otra situación que no aceptamos, desde ya”, aseguró. “Los gobiernos departamentales tienen en el impuesto de patente de rodados un recurso genuino asignado por la Constitución y la Ley Orgánica Municipal. Todo intento de complicar a los Municipios o de quitarle sus competencias es un acto contrario a la descentralización”, agregó.
El legislador recordó que el Sucive estudia ahora cobrar la patente de rodados en base al consumo de combustibles, propuesta que consideró “inviable” y lesiva para las comunas del país. “Cada Gobierno departamental tiene hoy en sus cajas el dinero del impuesto. Con la propuesta de cobrar el impuesto con la venta de los combustibles, su recaudación la realizarían empresas privadas, muchas de ellas multinacionales, y las de ANCAP, casi todas concesionadas a particulares. El dinero de los vecinos del departamento iría a las casas centrales de esas empresas privadas en Montevideo, que luego liquidarían a la DGI y de esa pasarían luego al Ministerio de Economía y Finanzas, y cuando el Ministerio quiera volcará esos dineros al SUCIVE y a los Municipios. Sería bueno que quienes han manejado esta propuesta sepan que cada vez que un intendente debe ir al Ministerio de Economía a buscar las partidas que le corresponden, como por ejemplo en Maldonado con la de los casinos o la del Artículo 230 de la Constitución, es una peripecia, por la incertidumbre en el monto y por el plazo de devolución de un dinero que le pertenece”, refirió.
“En la práctica se darían circunstancias absurdas, como cuando un vehículo carga combustible en un departamento y tiene la matrícula en otro; en lugar de contribuir con su departamento, estaría pagándola directamente al del lugar donde se ubica la estación de servicio. Los que han hecho esta propuesta no tuvieron en cuenta la mayor circulación que hoy existe entre los distintos departamentos, algunos obligadamente, como los ómnibus, los camiones, etc., así como tampoco los casos de trabajo interdepartamental. ¿Qué pasará con los vehículos de ciudades de frontera, donde lo usual es surtirse en el país limítrofe? Debe tenerse en cuenta que, generalmente, nuestros dos vecinos tienen los combustibles a más bajo precio, entre otras cosas, porque esos países tienen recursos propios de hidrocarburos y Uruguay no”, indicó. Además dijo que “hoy los Municipios saben a cuánto asciende su recaudación por este impuesto, pero cuando ese dinero deba recorrer tantas manos distintas a las propias de los Municipios, cuando los cálculos y controles no estén a su alcance, los presupuestos departamentales no podrán proyectarse ni ejecutarse como ahora”.

Injusta
“Es absolutamente injusta esa propuesta y de difícil instrumentación. No habría criterios diferenciales entre los vehículos al pagar el combustible, pagarían todos lo mismo: un vehículo de 1950 que uno de 2018; un Tico que un Audi; un Fiat 600 que un Mercedes Benz. En otro aspecto, el del consumo, pagarían lo mismo un auto de seis u ocho cilindros que una Mehari de dos cilindros, que las motos, etc. Entre los autos nuevos encontramos diferentes modelos, algunos con mayor lujo y confort que otros, pero pagarían igual, siendo su valor y mantenimiento muy diferentes”, señaló.
“¿Qué ocurriría si ante la crisis por agotamiento de hidrocarburos los automóviles fueran eléctricos y/o tuvieran otra fuerza motriz? ¿Y si continúa la política económica de la libre concurrencia, liberándose al mercado la fijación del precio de los combustibles como en Argentina o Brasil? ¿Cuánto recaudará cada Municipio bajando los porcentajes? La violación a la autonomía se advierte claramente, ya que se trata de un recurso amparado por la Constitución y por la Ley Orgánica de los Gobiernos departamentales”, añadió.
Dado que el cobro de la patente está amparado por la Constitución, Rapetti se preguntó “¿quién fijaría el monto del impuesto? ¿El Poder Ejecutivo por decreto? ¿El Parlamento por ley? ¿Qué harán las Juntas Departamentales cuando tengan que analizar y establecer en definitiva los presupuestos y las rendiciones de cuentas? ¿Quiénes se animarán a aceptar la violación de las autonomías departamentales, siendo esta la base mayor de la descentralización del Uruguay? Tampoco parece razonable que se hubiera pensado en reformar la Constitución por un inconveniente surgido por un impuesto departamental. Menudo problema para los organismos de contralor, de contabilidad y juridicidad”, señaló.
“Quiero decir que tampoco se puede, por parte del SUCIVE, cambiar el fundamento de base que tiene el tributo de patente de rodados. Es un impuesto y no una tasa; grava la riqueza puesta de manifiesto en la adquisición y en la tenencia de vehículos, de bienes muebles, muchos de los cuales tienen mayor valor que los inmuebles. En consecuencia, no podemos dejar pasar esta situación, y más aún cuando nos están mostrando que desde el SUCIVE se gasta el dinero que corresponde regresar a los departamentos en comprar vehículos para poner cámaras para recorrer y ejercer el control del pago del impuesto de patente de rodados, cosa que le corresponde a cada departamento; para eso tienen sus cuerpos inspectivos”, concluyó.
Finalmente, Rapetti pidió enviar sus palabras al Congreso de Intendentes, a la Intendencia Departamental de Maldonado, a la Comisión de Tránsito del Congreso Nacional de Ediles y al SUCIVE “ aunque no sé si vale la pena, porque esta gente está, como se ve, en otro tipo de cosas”, agregó. A pedido del edil del FA Joaquín Garlo, las palabras de Rapetti también fueron a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y a la Comisión de Asuntos Municipales del Parlamento. Fueron acompañadas por los 30 ediles presentes en sala.