Finalmente, el plenario de la Junta Departamental de Maldonado concedió en la madrugada de este miércoles la anuencia solicitada por el ejecutivo comunal para conceder el permiso de construcción de un complejo edilicio y la reconstrucción del ex hotel San Rafael de Punta del Este.
La propuesta del empresario Giuseppe Cipriani fue aprobada por 25 votos en 31 en una sesión que se prolongó hasta las 2 de la mañana del miércoles. El informe en mayoría remitido al plenario por la Comisión de Obras contó con el apoyo de 16 ediles blancos, seis ediles de Cabildo 1813, sector del diputado Darío Pérez, el frenteamplista Sergio Duclosson y los dos ediles del Partido Colorado.
Por la negativa se expresaron los dos ediles del sector del diputado Óscar de los Santos, uno del Movimiento de Participación Popular (MPP), dos ediles de Darío Pérez y la legisladora Lourdes Ontaneda.
Luego del tratamiento del tema, los ediles pasaron a un cuarto intermedio que, una vez cumplido dio paso a la votación nominal de los 31 ediles que conforman el plenario.
A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, las barras del legislativo departamental lucieron vacías. La votación implica dar conformidad para la consulta de viabilidad efectuada por la Intendencia de Maldonado. La Junta también fijó un plazo máximo de 180 días a partir de la aprobación del permiso de construcción para el inicio de las obras.
Enajenación
En la misma sesión se concedió la autorización solicitada por el intendente Antía para vender al grupo inversor Cipriani el predio propiedad municipal de 1.389 metros cuadrados que integra la manzana 815 del barrio San Rafael, donde se encuentra el exhotel. Cipriani deberá pagar por este predio U$S1.600.000, monto que será destinado a engrosar el denominado “Fondo de gestión territorial” de Maldonado.
En el paquete aprobado también se incluyó autorizar la utilización de los servicios de playa por un plazo de 20 años. Cipriani deberá pagar por tener un parador de playa enfrente al predio un canon igual al mayor pago por el concesionario de un parador municipal. Esto es, unos U$S100.000 anuales.
El grupo inversor deberá coordinar con la Intendencia de Maldonado una solución de acceso a la playa sea con un túnel por debajo o por la superficie de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco con el objetivo de evitar problemas en el tránsito.
El permiso establece, además, que el inversor deberá hacerse cargo de los obras necesarias en el entorno urbano como el caso de semáforos, cartelería y pasarelas, entre otras cosas.
