El “curro” de los edictos golpea a las publicaciones establecidas

Si el lector ve cada día los edictos judiciales publicados en Correo de Punta del Este es por un sencillo motivo. La ley ordena que ese tipo de avisos se publiquen en el Diario Oficial y “en un periódico de la localidad”, como para que todo el mundo se entere si, por ejemplo, alguien se casa, abre una sucesión -por lo que hay que dar aviso a todos los herederos- o quiere hacer la prescripción treintenaria de una propiedad, por lo que es necesario dar parte a quienes se consideren con derechos.

Ahora bien, publicar un diario tiene un alto costo y es evidente que la empresa que lo edita tiene que cubrir sus gastos y resultar medianamente redituable. De lo contrario nadie el país perdería no solo fuentes de trabajo sino un medio de sostener el sistema democrático, que goza de buena salud cuando la prensa trabaja sin censura alguna. La ciudadanía se expresa, fiscaliza a las autoridades, protesta y se informa a través de los diarios y otros medios de comunicación masiva.

Ahora tenemos el problema de que “cualquiera” se considera con derecho a competir deslealmente con esta página imprimiendo con fotocopiadora edictos judiciales que deben llegar, por ley, a todos los habitantes de la zona. Sin embargo, ellos mismos lo reparten en la mano y nadie se entera de nada. En estos días por ejemplo, se está prescribiendo un gran terreno en La Juanita y nadie ha tenido noticia de ello. ¿Se imprimió en secreto? Casi. Fue en El Diario Español que no sale en Maldonado sino en Montevideo.

Si la norma dice que tal o cual edicto debe publicarse en “un periódico de la localidad”, hay que saber que un diario no es una hoja A4 impresa de los dos lados. Eso no es un periódico, cuya definición era, cuando se inauguró el diario oficial, hacia 1884, una publicación diaria que “contiene artículos sobre política u otras materias y noticias de varias clases”. Es decir, es un “medio de prensa” y no un volante cualquiera. Últimamente por ejemplo, sale en esta zona una pequeñísima publicación denominada “La hoja judicial”, que no hemos podido hallar en ningún kiosco y nadie parece conocer.

¿Como es posible que esa hojita escuálida e informal tenga permitido competir con un diario establecido desde hace más de dos décadas?. ¿Es licito que alguien que no paga el alquiler de un local, ni contrata periodistas, ni impresores, ni cobradores, ni vendedores de aviso, ni compra abundantes insumos, ni paga BPS, o Rupe, Habilitación de Higiene, Habilitación de Bomberos, tarifas comerciales de agua y de luz compita con un diario establecido desde hace 24 años que lucha cada día por sostenerse? A todas luces la situación es harto injusta. Pero ¿adónde se denuncian estas cosas? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo puede ser que en un juzgado se nos diga que “hay que hacer la denuncia” pero nadie la recibe?

Es de esperar que los actuarios tomen las medidas del caso y haga cumplir la ley para que quienes trabajan de verdad y pagan pequeñas fortunas al estado sean amparados como corresponde.