La Intendencia Municipal de Maldonado cerrará este año sus cuentas con un déficit acumulado de 65 millones de dólares, según anunció el subdirector general de Hacienda, economista Mauro Mendiburu. El dato fue aportado por el propio jerarca en su condición de futuro director de Hacienda en caso que el diputado Darío Pérez sea electo el próximo domingo 10 de mayo.
La cifra equivale a un 129 por ciento más que el déficit acumulado de la Intendencia de Maldonado establecido al 31 de diciembre de 2013 por el Tribunal de Cuentas de la República.
Mendiburu dijo al respecto que este “es un tema profesional que hay que atender profesionalmente con los técnicos que corresponda. A veces se dicen números, la gente no entiende. A veces se dicen cosas que no son del todo correctas. Nuestra postura siempre es la de la seriedad y el profesionalismo. Entender y atender estos problemas como corresponde. Sin hacer alarde, ni para un lado, ni para el otro”, afirmó Mendiburu durante una entrevista que el diputado Darío Pérez concedió a la emisora local Fm Gente.
El candidato estuvo acompañado por Mendiburu y por el licenciado Sebastián Freire, quien actuaría como titular de la oficina de inversiones en caso de ganar las elecciones.
Dependiendo
“Yo tengo los números claros. Yo sí. Lo hemos dicho, si no hay ninguna situación particular en los próximos días –pienso que no porque ya estamos muy cerca del cambio de gobierno- estimamos aproximadamente en 65 millones de dólares el déficit municipal entendido técnicamente al cierre anual. Los déficit son anuales”, afirmó Mendiburu. “En el 2015 con la tendencia que hay el déficit sería de esa cifra. Va a depender a cuánto estará el dólar”, agregó.
Mendiburu adelantó que la próxima administración entrará con cero peso en la caja aunque descartó que sea necesario aplicar un “ajuste fiscal” o aumentar los impuestos.
El anuncio de Mendiburu causó asombro tanto en filas oficialistas como de la oposición. Hasta el momento, la Intendencia de Maldonado había informado que el déficit acumulado no pasaba de 30 millones de dólares. No obstante, el año pasado, cuando el déficit había bajado a U$S 25 millones, se anunció que en breve se duplicaría a causa de las inversiones previstas en el centro de convenciones y en la construcción de viviendas, entre otras cosas. La oposición, por su parte, asegura que el agujero de las cuentas municipales supera los 100 millones de dólares.
Rendición de Cuentas
El análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas de la República a la rendición de cuentas del ejercicio 2013 remitida el 30 de junio pasado a la Junta Departamental establece un déficit acumulado muy inferior al anunciado por Mendiburu.
Al respecto, el TCR estableció, luego de realizar algunos ajustes a la rendición de cuentas del gobierno departamental, un déficit acumulado de 605:500.902 pesos al 31 de diciembre de 2013. A la cotización de ese día, la cifra equivale a 28:343.439 de dólares. Un 56.4 por ciento menor al monto manejado por Mendiburu. En términos globales, el déficit acumulado de la administración frenteamplista habrá crecido a fin de año un 129 por ciento entre el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.
Juicios
El exintendente Óscar de los Santos informó al Tribunal de Cuentas en el documento de rendición de cuentas que la comuna enfrenta al 31 de diciembre de 2013 juicios en contra por 425:254.952 pesos, equivalentes esa fecha a poco menos de 20 millones de dólares.
El TCR detectó varias irregularidades
Al auditar la Rendición de Cuentas, el TCR advirtió que el gobierno departamental cometió numerosas irregularidades por incumplimientos a la normativa vigente. Entre las violaciones se encuentran los habituales gastos que comenzaron a ejecutarse sin la intervención previa del TCR o las multas por mora de la contribución inmobiliaria rural, que no se ajustan a la normativa.
El TCR sostuvo que los alcaldes, por atribuciones delegadas por los respectivos Municipios, ordenaron gastos hasta el límite de la compra directa, lo que no está previsto por las leyes.
Asimismo, la administración violó la ley 9.515 Orgánica Municipal por adquirir terrenos a efectos de regularizar asentamientos con la finalidad de ser vendidos en forma subsidiada a sus ocupantes y para implantación de programas habitacionales de interés social.
Sobre este punto el TCR dijo que para esto debió requerir la aprobación de la Junta Departamental, no estando asimismo autorizada para la construcción de viviendas.
La IDM también concedió préstamos ilegales al financiar insumos “para la ejecución de proyectos productivos o de servicios mediante fondos provenientes de la Unidad de Proyectos Productivos de Desarrollo (Uniprode)”. El TCR recordó que dentro de las atribuciones de los gobiernos departamentales no se autoriza el otorgamiento de préstamos a particulares, en tanto la actividad de intermediación financiera está otorgada por ley a otras entidades. Por otro lado, la administración municipal efectuó contrataciones sin apelar al procedimiento competitivo establecido en el TOCAF.
Además, fueron constataron incumplimientos a lo establecido en los citados artículos en cuanto a los requerimientos, las publicaciones y las garantías exigidas en los pliegos.
Ley 9515
Competencias de los Gobiernos Departamentales: “La materia en que ejercen su competencia los Gobiernos Departamentales esta establecida en diversas normas constitucionales y legales, especialmente la Ley 9515. Específicamente no puede otorgar préstamos a particulares por no ser ésta una de las competencias atribuidas a los Gobiernos Departamentales por la Constitución o la Ley. Asimismo, dentro de las competencias legales de la Intendencia no se encuentran las de regularización de asentamientos o construcción de viviendas, la venta de terrenos a precios subsidiados y/o financiados, pudiendo sí aportar los terrenos, pero esto en el marco de Convenios con los Organismos Públicos competentes”.
