Empresas con cinco o más empleados deberán tener un médico y un prevencionista

Palacio Legislativo

El decreto del Poder Ejecutivo 127/ 014, que data de hace cinco años y fue aprobado por la administración de José Mujica, establece que a partir de mayo de 2019 las compañías que cuenten con más de cuatro trabajadores deberán contar con un servicio “de prevención y salud en el trabajo”. Eso significa que las firmas deberán contratar un médico y un técnico prevencionista. El decreto ha sido notificado en estos días a comerciantes y empresarios, en algunos de los cuales reina una considerable preocupación.
El decreto entiende por “Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo” a los investidos de funciones esencialmente preventivas y encargadas de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de dos aspectos principales: los requisitos necesarios “para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo” y “la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental”.
El artículo 3 de la reglamentación “establece las disposiciones mínimas obligatorias” para la implementación de los servicios “en cualquier actividad, sea cual fuera la naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio de la misma y tenga o no finalidad de lucro, tanto en el ámbito público como privado”. Esto implica que también las inmobiliarias, gestorías, almacenes, carnicerías y oficinas, incluso las de las ONG, deberían contratar y pagar de su peculio a los dos funcionarios.

Documentadas
El decreto establece que esos servicios deberán asegurar varias funciones que se documentarán debidamente, a saber: identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo; vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos; asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores tales como, el diseño de los lugares de trabajo, la selección, el mantenimiento y el estado de los equipos y la maquinaria para el trabajo así como de los equipos de protección individual y colectiva y las substancias utilizadas en el trabajo; participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las condiciones y prácticas de trabajo así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud; vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo; fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores; asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional; colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía; organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia; participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, debiendo llevar un registro estadístico de los mismos; elaborar planes y programas de emergencia y contingencia para el caso de siniestros dentro de la empresa”.
“Estas funciones deben ser adecuadas y apropiadas a los riesgos en cada empresa. Será obligatorio que para las mismas contar con un plan de prevención de riesgos elaborado por estos servicios”, indica el escrito.

Externos
Por otra parte, la norma dispone que las empresas que tengan “entre 5 y 50 trabajadores deberán contar con un servicio externo, en las mismas condiciones que el anterior, el que intervendrá en forma semestral como mínimo”. Además, “todos los médicos integrantes de estos servicios deberán ser especialistas en Salud Ocupacional.
“El personal que preste servicios de salud en el trabajo deberá gozar de plena independencia profesional y técnica, tanto respecto del empleador como de los trabajadores y sus representantes. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo no deberá significar para ellos ninguna pérdida de ingresos, deberá ser gratuita y, en la medida de lo posible, realizarse durante las horas de trabajo”.
Se establece que “todos los trabajadores deberán ser informados de los riesgos para la salud que entraña su trabajo y la forma de prevenirlos”.
Asimismo, los servicios “deberán ser informados de los casos de enfermedad de los trabajadores y de las ausencias en el trabajo por razones de salud, a fin de poder identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que pueden presentarse en los lugares de trabajo”.
El decreto consigna que los servicios “pueden organizarse, según los casos, como servicios para una sola empresa o como servicios comunes a varias empresas”. La responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones “será de la empresa”. La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social “será la encargada de supervisar y controlar el funcionamiento de estos servicios y el Ministerio de Salud Pública, será el encargado de asesorarlos en materia de salud”. El decreto entra totalmente en vigor en el siguiente mes de mayo.




Senador nacionalista cree “surrealista”
que la norma entre en vigor ahora

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, solicitó el pasado 10 de marzo al gobierno la postergación por un año del decreto que regula la prevención y la salud en las empresas. Es “surrealista pretender que empresas de más de cinco empleados asuman un nuevo costo”, señaló. Entre otras cosas, cuestionó cuánto le puede costar el “servicio de un tecnólogo en salud ocupacional a un establecimiento ganadero ovejero de la zona de Paso de los Mellizos en Río Negro”. Agregó que “solo con el pago del viático para el traslado de ese personal ya se hace imposible de sostener”.
Mientras tanto, en estos días, el Consejo Directivo Nacional de Suprevu (Sindicato Único de Prevencionistas de Uruguay) emitió un comunicado para clamar por la entrada en vigor del decreto citado en esta página. “Ante la posibilidad de postergar el Decreto 127/014 sobre los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo, que debe entrar en vigencia el próximo 13 de mayo, el Sindicato Único de Prevencionistas del Uruguay (SUPREVU), se manifiesta en contra de la propuesta del MTSS para modificar plazos y condiciones previstos en el Decreto 127/014 elevado al CONASSAT, indicó.
“Considerando los avances constantes en las políticas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales impulsados por el gobierno, involucrando a todos los actores sociales, sumado a los profesionales, cada uno en su rol y con sus competencias, permitiendo así ir tomando un rumbo firme hacia una cultura de prevención, que nos ha ayudado a disminuir las cifras de accidentes laborales.
Este Decreto es un avance más para los Trabajadores, Empresas y el País, donde la Seguridad y Salud Ocupacional es un beneficio para todas las partes”, señaló.
“Por esto es que vemos con preocupación la propuesta del MTSS para modificar plazos y condiciones previstos en el Decreto 127/014, donde se plantea la posibilidad de modificar la normativa existente. Si se posterga esta normativa sería retroceder en todos los avances en Seguridad y Salud Ocupacional. La salud de los trabajadores es un valor ‘No se Negocia’”, agregó.

1 COMENTARIO

  1. Un decreto facil.-
    Se imaginan una empresa con cinco funcionarios asumiendo el costo de un profesional?? porque?? el estado debe devolver con servicios los aportes que hacen trabajadores y empresarios a DISSE y FONASA.-
    Pero quien le “inca el diente”a reordenar esto???

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