En el departamento de Maldonado hay una inmobiliaria cada 5 kilómetros cuadrados en el área delimitada por la normativa vigente en la materia en la que se exigen garantías para operar en el mercado de alquileres. La referida área está delimitada por la ruta 9 al norte, el océano Atlántico al sur, el arroyo Solís Grande al oeste y la laguna Garzón al este. En esa zona hay 344 inmobiliarias autorizadas para concretar operaciones.
En todo el país hay una inmobiliaria cada 350 kilómetros cuadrados. El departamento cuenta con el 68.1% del total de empresas prestadoras de servicios inmobiliarias con sus papeles al día.
Según el Ministerio de Turismo, hay 505 empresas registradas en el listado de servicios turísticos inmobiliarios de funcionamiento vigente al 17 de octubre pasado.
Del total de empresas del sector inscritas en el registro correspondiente, 344 tienen domicilio en Maldonado (68.1%), 52 en el departamento de Colonia (10.3%), 43 en Canelones (8.5%), 39 en Montevideo (7.7%), 25 en Rocha (5%), 1 en Lavalleja (0.2%) y 1 en San José (0.2%).
Las empresas que no realicen operaciones de alquileres por temporada no están obligadas a figurar en el registro oficial.
Tercera parte
Por otra parte, trascendió que apenas una mínima parte de las empresas autorizadas por el ministerio para operar en el mercado de alquileres por temporada forma parte de alguna de las gremiales empresariales del sector que existen tanto en Punta del Este como en otros puntos del departamento.
El Centro de Inmobiliarias de Piriápolis (CIP) cuenta con dieciocho asociados. En tanto, la flamante unión de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este con la Cámara de Inmobiliarias de Maldonado generó la nueva entidad ADIPE-CIDEM. Esta nueva institución tiene 143 empresas agremiadas. Esto implica que el 31,9% de las inmobiliarias existentes están asociadas a las gremiales de Piriapolis y de Maldonado-Punta del Este.
Estos datos no incluyen a las empresas truchas o bien a aquellas personas que, desde su propio domicilio, se dedican a la intermediación inmobiliaria sin contar con la autorización de algunas de las reparticiones estatales con competencia tributaria, por ejemplo, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Intendencia Municipal de Maldonado.
Normativa
Para poder operar en el mercado de alquileres por temporada, las inmobiliarias deben ajustar su actividad a lo establecido por varios decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo.
Uno de ellos es el decreto 385/1990, que obliga a toda empresa de este rubro a inscribirse en el registro de prestadores de servicios turísticos inmobiliarios. Este decreto abarca a las empresas inmobiliarias que realicen alquileres por temporada en los departamentos de Maldonado, Rocha, Colonia y Canelones. Además de los trámites de rigor, como figurar en el BPS, DGI y otras reparticiones estatales de contralor, las empresas deben constituir una garantía de funcionamiento que podrá otorgarse mediante aval bancario, seguro de fianza expedido por el Banco de Seguros del Estado, títulos u obligaciones nacionales o municipales. Éstos últimos deben ser depositados en el Banco de la República Oriental del Uruguay a la orden del Ministerio de Turismo.
El monto de la garantía deberá constituirse en 1000 unidades reajustables para las empresas que tengan inscripción vigente con más de un año de antigüedad al 30 de setiembre de 1994. A partir de esa fecha, las nuevas empresas tuvieron que depositar una garantía equivalente a 4000 unidades reajustables. Para los restantes departamentos no incluidos en la referida zona, el aval deberá equivaler a 750 UR para las empresas existentes antes de 1994 y de 2000 UR para las posteriores a esa fecha. La garantía obligatoria apunta a que el Ministerio de Turismo tenga a mano una suma de dinero para hacer frente a eventuales multas o resarcimiento por daños y perjuicios que las inmobiliarias puedan generar durante su actividad. El citado decreto establece varias obligaciones para las empresas, como no menos del 50 por ciento del área del local donde trabajan.
Otro decreto
El Poder Ejecutivo aprobó el decreto 390/2003 el 25 de setiembre de 2003 que modificó el anterior decreto para las empresas inmobiliarias domiciliadas en el departamento de Maldonado. Ante el aumento de la cotización del dólar, experimentada a partir de la crisis financiera del año 2002, el Poder Ejecutivo modificó la fianza cambiando las unidades reajustables por las unidades indexadas, éstas últimas creadas por aquellos días.
Para el caso del departamento de Maldonado las empresas que funcionan desde antes del 30 de setiembre de 1994 deberán acreditar una fianza equivalente a 142.715 unidades indexadas y de 570.860 para las nuevas empresas que soliciten figurar en el registro respectivo. Asimismo, el nuevo decreto fijó una nueva zona para la aplicación de la norma que obliga a las inmobiliarias a garantizar su funcionamiento. En el caso de Maldonado quedaron comprendidas las inmobiliarias cuyo domicilio se encuentre dentro del perímetro delimitado por el arroyo Solís Grande, las rutas Interbalnearia y 9, Laguna Garzón, Océano Atlántico y Río de la Plata.
