Una docena de exempleados de la estancia El Gran Chaparral, del argentino encarcelado en Uruguay, Marcelo Balcedo, y su esposa Paola Fiege (pronúnciese “Figue”), denunciaron al matrimonio por violar normas de la legislación laboral vigente. El abogado Guillermo Ahlers, que representa a los trabajadores, explicó al semanario Brecha que algunos de ellos nunca figuraron en el BPS, mientras que por otros, los patrones aportaron cifras menores a las que correspondía de acuerdo a sus salarios reales. La empresa tampoco dio de baja en el BPS a quienes estaban registrados y quedaron sin empleo.
Según informó el Semanario Brecha y replicó FM Gente, los que reclaman son doce peones, jardineros, serenos e integrantes del servicio doméstico que trabajaron en la chacra ubicada en Cerro de los Burros, al este de Piriápolis. Ahora todos se presentaron ante el Ministerio de Trabajo (Mtss) para denunciar al matrimonio, y a su empresa Martok SA, y para reclamar el pago de distintos créditos salariales adeudados.
Guillermo Ahlers explicó a Brecha que tras la detención del matrimonio, el pasado 4 de enero, Martok SA dejó de aportar al BPS. Entonces varios trabajadores estaban en seguro de desempleo con causal de “suspensión de tareas” por cuatro meses, que vencieron hace unas semanas.
Enterados de que la justicia de Crimen Organizado dictaminó la prisión domiciliaria para la dueña de casa, el 15 de este mes los empleados fueron al establecimiento a preguntar por su futuro. Allí se enteraron de que no serían retomados. “Esto les da derecho a dos meses suplementarios por causal de despido, pero no pueden cobrarlos porque la empleadora (Martok SA) no dio la baja al BPS”, comentó el abogado.
Alhers dijo que la situación es aun más compleja para quienes siguieron trabajando en El Gran Chaparral, a pesar del encarcelamiento de sus patrones. Además de suspender los aportes al BPS, les pagaron los salarios “en cuotas” y no les computaron horas extras, entre otras cosas. “Eran condiciones totalmente irregulares que hacían insoportable el vínculo laboral”, concluyó el abogado.
Nada por aquí
Los empleados cobraban sueldos por encima del laudo de cada sector, pero no eran grandes sumas de todos modos. “Trabajaban por 20 mil pesos y el que ganaba más, con 12 horas de trabajo diarias y sin descansos intermedios ni pago de fictos, cobraría 30 mil pesos”, precisó el abogado.
Hasta el momento, Martok SA no ha reconocido los despidos. Tampoco se presentó en las audiencias de conciliación convocadas por el MTSS en Maldonado. En esas circunstancias, Ahlers ya prepara una demanda ante la justicia laboral. Paralelamente, los demandantes reclaman al BPS que les dé la baja de oficio.
Ahlers cree que el Estado debería legislar de forma urgente para proteger los créditos laborales cuando los patrones son encausados en el marco de la ley integral contra el lavado de activos. Según advirtió, aunque la justicia laboral reconozca los reclamos económicos de los trabajadores, es difícil ejecutar la sentencia y cobrar cuando Crimen Organizado embarga los bienes y el dinero de los encauzados.
“Es necesaria una ley que despeje cualquier tipo de duda interpretativa respecto a la prioridad en la ejecución del cobro cuando se saquen a remate bienes incautados por lavado de activos”, indicó.
“Ayer fue Sanabria, ahora es Balcedo y quizás ocurran otros casos. El Estado, que legisla y se apropia, legítimamente, de los bienes confiscados, es el que tiene que dar protección al trabajo como ordenan la Constitución, los tratados de derechos humanos y los convenios de Oit”, concluyó Ahlers.
