“Guste o no guste”, por Hoenir Sarthou

Nada más fútil, poco digno y efímero que lo que se escribe para agradar o “quedar bien”, a contrapelo de las propias convicciones.
Cuando uno está convencido de algo, debe defenderlo. No importa lo que piensen o digan los demás. Y nunca es más importante defender las propias convicciones que cuando éstas están en minoría, o en riesgo de ser avasalladas.
Lo que acabo de decir (en estos tiempos hay que aclararlo todo) nada tiene de opuesto a la democracia, sino todo lo contrario. La democracia exige que -dentro de ciertos límites, que son los derechos fundamentales- se haga lo que elige la mayoría. Pero ni por asomo significa que la voluntad de la mayoría sea acertada ni, mucho menos, que uno deba estar de acuerdo con la mayoría. Por el contrario, la democracia tiene como condición que puedan existir minorías discrepantes y qué esas minorías puedan exponer libremente sus puntos de vista.
En eso estoy, o estamos, respecto a la pandemia, porque afortunadamente somos muchos los que desconfiamos de la información que se nos brinda y discrepamos con las medidas adoptadas para prevenirla.
Durante casi diez meses, en esta columna se han sostenido reiteradamente varias cosas, que voy a reseñar: 1) Que, en lo personal, carezco de conocimientos para pronunciarme sobre la existencia, origen y efectos del coronavirus; 2) Que las medidas adoptadas tras la declaración de pandemia serían social y humanamente más costosas que cualquier pandemia y afectarían muy especialmente a los sectores sociales de condición más precaria; 3) Que la información y recomendaciones de la OMS no resultan coherentes ni confiables, y que la información internacional que nos llega sobre los avances de la enfermedad está manipulada; 4) Que detrás de la declaración mundial de pandemia hay intereses globales muy poderosos, financieros, farmacéuticos, mediáticos y de política internacional, que influyen decisivamente en los discursos sanitarios, en la cobertura mediática del fenómeno y en las políticas adoptadas por la mayoría de los Estados para prevenirlo; 5) Que, después de mucho averiguar y leer sobre el punto, los test PCR no detectan adecuadamente el virus y, por diversas razones, producen falsos positivos; 6) Que la llamada “nueva normalidad” se presenta como un modelo de control y sumisión social basado en el miedo a la enfermedad, incompatible con nuestra concepción de la democracia y con nuestro esquema de derechos fundamentales.
En estos días estamos siendo bombardeados por lo que se anuncia como un gran “aumento de los casos” (positivos al PCR) y un mayor número de personas en tratamiento intensivo, lo que ha disparado una nueva oleada de miedo y justificado que el gobierno reinstalara restricciones que ya habían sido superadas y adoptara una actitud más punitiva. Una vez más, los mecanismos constitucionales para imponer esas restricciones brillan por su ausencia.
Escribo con la casi seguridad de que es muy difícil revertir racionalmente las reacciones emocionales generadas por esa información. Pero, como adelanté, algunas cosas deben ser dichas, produzcan o no el efecto que uno desearía.
El “aumento de casos” se corresponde con un proporcional aumento de la cantidad de test que se realizan. Es decir, ahora se realizan casi cuatro mil test diarios, diez veces más que a principios de año, por lo que no puede sorprender que haya diez veces más “casos”.
Por otro lado, un “caso” significa que una persona dio positivo al test, pero no indica que la persona esté enferma o sea contagiosa (hasta la OMS reconoce esto último). Sin embargo, la información diaria oficial insiste en describir la situación aproximadamente en estos términos: “Hoy se realizaron 3.621 análisis y se detectaron 168 nuevos casos de coronavirus covid 19 en diversos Departamentos del País. Desde que se declaró la emergencia sanitaria se realizaron 437.520 test y se detectaron 6.024 casos positivos de coronavirus. De ese total 4.483 se recuperaron. Hoy se confirmó un nuevo fallecimiento por Coronavirus en nuestro país. Se trata de un paciente de 82 años de Rivera. Hasta el momento son 78 las defunciones por COVID-19 en Uruguay. Actualmente hay 1.463 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 22 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios.”.
El informe presenta al menos dos incongruencias importantes. La primera es que se identifica el dar positivo al test con ser un paciente de “Coronavirus Covid 19”, cuando en realidad, como se ha dicho hasta el cansancio, dar positivo al test no significa tener el virus activo ni ser contagioso. La segunda es que, si haciendo casi cuatro mil test diarios se detectan cada dia cerca de doscientos infectados, la cantidad de infectados no detectados debe de ser enorme (mañana aparecerán otros 150 o 200 nuevos, que hoy andan por la calle), con lo que el prolijo informe que sitúa en 1.463 a las personas que “están cursando la enfermedad” no tiene ningún sentido. Muchos de los identificados como “positivos” no cursarán ninguna enfermedad y muchísimos potenciales “positivos” andan circulando tranquilamente. En suma, la política de los test PCR es algo así como dar palos de ciego para llenar el ojo, aislando a gente que está sana al tiempo que se desconoce lo que pasa en la realidad de la calle.
El otro asunto impactante es la cantidad de internados en CTI y el número de fallecidos. Dos cifras que, por la forma en que se las comunica, generan más dudas que certezas.
Respecto a los fallecidos, como se ha dejado de comunicar el nombre y las enfermedades preexistentes, la información es difícilmente verificable. Las primeras decenas de fallecidos tenían nombre y se sabía qué enfermedades los afectaban antes de ser declarados casos de coronavirus. Así pudo verificarse que casi la totalidad eran personas de avanzada edad que padecían una o varias enfermedades graves preexistentes, que bien podrían ser causa o concausa del deceso. Hoy apenas sabemos la edad -que sigue siendo en general bastante avanzada- y el Departamento en que se produjo el deceso. Lo demás es una incógnita.
Algo similar ocurre con los internados en CTI, porque no se sabe si fueron internados por efecto del coronavirus o si lo fueron por otra causa y luego dieron positivo al test, tal como pasó en Argentina con el actor Hugo Arana.
No se trata de una negación irracional. Claro que cada muerte y cada internación preocupan y causan alarma, pero desconocer todo pormenor que permita chequear el caso hace que la información tenga cierto halo de irrealidad. ¿Por qué, si se trata de un asunto de tanto interés público, no informar al menos sobre el cuadro de salud previo del paciente y los motivos que llevaron a su internación? De lo contrario, si de lo que se trata es de preservar la intimidad y evitar sufrimientos a los familiares supervivientes, bien se podría omitir toda publicidad sobre los fallecimientos e internaciones, como se hace con absolutamente todas las otras enfermedades, contagiosas o no.
Está claro que, en todo el mundo -no sólo en Uruguay-, las políticas pandémicas prevén terminar este año y empezar el que viene en un régimen de “anormal normalidad”, con restricciones sociales de todo tipo y una suerte de suspensión indefinida de las necesidades y libertades que en nuestra cultura creíamos irrenunciables.
Buena parte de la Humanidad está dispuesta a esa pérdida, así como a someterse o cualquier tratamiento (léase vacuna) que le prometa salud. Otros no estamos dispuestos a nada de eso. Unos y otros, nunca habíamos vivido una situación como ésta.