La administración nacionalista acordó el pago del juicio ganado por los inspectores de tránsito del departamento, quienes exigían el pago de comisión por las multas aplicadas. En principio representó una demanda por US$ 11 millones con sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia a favor de los funcionarios. El acuerdo alcanzado reduce a unos 700 mil dólares la cifra que los inspectores de tránsito cobrarán como resarcimiento por incumplimiento de la administración.
En los últimos días, la intendencia acordó con un grupo de 47 inspectores de tránsito el pago total de unos 320 mil dólares. A cada inspector le tocará alrededor de unos 204 mil pesos.
El director general de Hacienda, Luis Eduardo Pereira, dijo a Correo de Punta del Este que se trata de una deuda heredada de la administración del entonces intendente Óscar De los Santos. “Esta deuda fue generada cuando fue aprobado el primer presupuesto de De los Santos en el año 2005. En ese presupuesto fue incluida una norma que habilitó el cobro de una comisión del 25% de cada multa aplicada por los inspectores de tránsito. Esto sin tener en cuenta si la multa fue efectivamente cobrada por la intendencia o no”, recordó Pereira.
El jerarca explicó que esta demanda había sido iniciada el 3 de septiembre de 2012 por los inspectores municipales, que aducían no haber percibido el correspondiente 25% de las multas aplicadas por infracciones de tránsito. “Increíblemente ésto se mantuvo en la siguiente administración de De los Santos cuando fue aprobado el presupuesto quinquenal. Esta cosa sin sentido bien pudo corregirse entonces. Sin embargo, nada se hizo. Los inspectores, como la administración no les pagó esa comisión a la que tenía derecho, comenzaron con los juicios. Esto se convirtió en una bola de nieve”, precisó. “Cuando asumió el intendente Antía lo primero que se hizo en el presupuesto actual fue modificar este disparate. De esta forma evitamos que la deuda siguiera creciendo”, indicó.
Pereira criticó a la administración anterior por no haber resuelto la situación: “Patearon nueve años contra el propio arco y le metieron una gran cantidad de goles a Maldonado con estas actitudes, por impericia en el gobierno y por no tener capacidad de enmendar los errores. Estas cosas siempre ocurren cuando se actúa con soberbia e impunidad”.
El jerarca recordó que al comienzo de este período, la administración del intendente Antía había acordado una solución de consenso con siete inspectores de tránsito de la ciudad de San Carlos, que habían presentado la misma demanda y obtuvieron un primer fallo favorable. Reclamaban $ 1.032.000 para cada uno. El acuerdo extrajudicial fijó el monto a pagar en $ 325.000 para cada inspector.
Condena
Correo de Punta del Este informó el año pasado que la SCJ había fallado a favor de los inspectores condenando a la Intendencia de Maldonado a pagar una cifra estimada en unos 11 millones de dólares. Los reclamantes fundamentaron su derecho en lo establecido en el articulo 40° del primer presupuesto quinquenal de la administración del entonces intendente Óscar de los Santos (2005-2010). Esa norma estableció que los inspectores percibirían una compensación cada vez que se constatara una infracción “debidamente comprobada y servicios prestados”.
La compensación se fijaba en el 25% sobre las infracciones y “hasta un 50% sobre los servicios inspectivos de tránsito realizados a solicitud de particulares”. La norma presupuestal no exigió que para el cobro de esa compensación, la multa debería haber sido efectivamente pagada por el infractor.
El presupuesto del segundo gobierno del Frente Amplio (2010-2015) insistió con la forma del decreto anterior e involucró además al resto de funcionarios municipales de áreas similares, como los inspectores que cumplen tareas de control bromatológico.
Los demandantes recurrieron en septiembre de 2012 a los tribunales ante la falta de pago de la cuota parte de cada multa que aplicaron durante la administración de De los Santos. Cada uno de los inspectores reclamó $ 192.000 más los reajustes que marca la ley. La suma total fue de $ 12:096.000. Los inspectores obtuvieron en junio de 2014 un fallo en primera instancia favorable a sus intereses, dictado por la jueza Ivón Olivera Kamaid. El expediente fue apelado y elevado al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° turno cuyos integrantes, el 25 de febrero de 2015, revocaron el fallo de primera instancia.
Los inspectores, finalmente, interpusieron un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia que confirmó el fallo en primera instancia por el cual fue condenada la Intendencia de Maldonado.
