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En una ponencia presentada el pasado martes, el edil nacionalista Nicolás Sosa pidió a las autoridades de Economía que tomen en cuenta los perjuicios, que, según dijo, sufrirán los pequeños comerciantes en virtud de la entrada en vigor de la nueva ley de Inclusión Financiera. Según indicó, los comerciantes deberán invertir en la compra de cajeros y aparatos electrónicos para atender a clientes con tarjetas de crédito y débito, lo que los pondrá en serios aprietos a causa de su escaso caudal de ventas frente a la competencia de los grandes establecimientos. Asimismo, recordó que deberán pagar aranceles que también afectarán su recaudación.

“Sabemos que uno de los lemas del Frente Amplio es ‘que pague más el que tiene más’ y acá pretendo informar a la población con datos simples y fáciles de entender que esa máxima electoral no se ajusta a la realidad”, comenzó.

“Voy a tomar como ejemplo la injusticia a nivel de competitividad que se crea con el uso de las tarjetas de crédito y débito, sistema al cual han obligado a la población a que implemente su uso y a los comerciantes más chicos se les ha vuelto una carga financiera casi insoportable. Para ir a datos concretos y hablando de estos últimos, los comerciantes chicos, los que tienen el pequeño almacén o tiendita, los comerciantes de barrio o los del negocio familiar, para poder entrar en la cadena comercial se ven obligados a adoptar métodos de venta con dinero electrónico para poder mantener las ventas y que no se los coman los grandes”, señaló.

“Ahí es donde comienza la balanza a hacerles mucho más pesado el costo que a las empresas de mayor porte y esto a la larga se ve reflejado en el aumento obligado de los precios y la consecuente falta de competitividad para con sus hermanos (sic) más poderosos. Hablando directamente de números vemos que el costo de poder operar con estos sistemas se traduce en el alquiler de equipos para vender con medios de pago electrónico o la compra de los mismos. En cualquiera de estos casos un negocio familiar que quiera entrar en el sistema debe pensar en costos que van desde los 400 pesos por mes (aproximadamente) si ya cuentan con internet en el lugar hasta 1200 por mes (aprox) en un equipo que les da ya la solución incorporada (vía celular) más los insumos correspondientes como el rollo para las maquinas. Si hablamos de compra de los mismos hablamos hasta de 3000 dólares una caja registradora que nos introduzca en el ticket electrónico esto último ya pensado para negocios de mayos porte”, aseguró.

Aranceles

Sosa dijo que “luego viene el tema de los aranceles que se cobran para operar con dichos medios. Hablamos que un negocio chico debe pagar de arancel para tarjetas de crédito hasta casi un 5% y para débito llega hasta un 2 y medio %. O sea que de cada compra de 1.000 pesos con tarjeta de crédito el banco le paga al comerciante 950 pesos 21 días después y las de débito le paga 975 en un plazo de 48hs aproximadamente”, aseguró.

“Si comparamos estos aranceles con los de las grandes superficies es donde empezamos a ver que la balanza está inclinada abiertamente hacia un lado. Estas últimas llegan a negociar hasta un 1.5% para las tarjetas de crédito y hasta un 0.5% para las de débito y hasta en ocasiones en planes especiales acordados, las financieras les libran de pagar los aranceles correspondientes”, aclaró. Sosa destacó que un negocio chico ya tiene “de por sí”  un poder de compra menor, por lo que “eso se traduce en un costo más alto (y) se ve también obligado a pagar más por los costos financieros del sistema”.

“Vemos que indefectiblemente el vecino que opta por ir al negocio del barrio va a pagar más caro que si decide ir a una gran superficie; aquí no vemos equidad y es donde empezamos a ver que el negocio esta justamente haciendo lo contrario a lo que predica el gobierno nacional”, afirmó.

“Es un negocio en el que, sin dudas, se ve más beneficiado el banco. Tanto que se ha hablado de beneficiar banqueros en el pasado y acá granito a granito se van llenando los bolsillitos sin mover un dedito. Luego de estos los siguen en beneficios los negocios de gran porte, a los cuales los ayudan haciendo que sus hermanos menores aumenten sustancialmente sus costos y pierdan competitividad de manera tal que día a día se van fundiendo trabajando, cosa que en este país nunca vimos como ahora. Me permito preguntar ¿dónde está la equidad? Me atrevo a preguntar ¿dónde está la defensa del que tiene menos?”, señaló.

“Desde esta humilde banca le pido al equipo económico que analice la posibilidad de liberar de los costos financieros a las pequeñas empresas, de los comerciantes menores y de barrio, que estos costos los asuman los bancos, que se anule para este tipo de comercios el arancel y que a su vez pueda ser subsidiada la compra o alquiler de los equipos necesarios para la operativa pudiendo deducir la totalidad de los mismos del IVA u otros tributos que paguen. Creemos que estas medidas serían un grano de arena que contribuiría a una equidad real y achicarían las brechas que aunque oficialmente lo nieguen cada vez son más grandes”, concluyó.

El edil pidió que sus palabras se  enviaran al Ministerio de Economía, a la Unión de Comerciantes de Maldonado, a la Asociación de Supermercados del Uruguay, a Cambadu y a Fuecys.

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