Un equipo de treinta funcionarios municipales, entre ellos abogados, técnicos de informática y administrativos de la Intendencia de Maldonado, trabaja a contrarreloj para establecer si la suma 362:501.951 pesos reclamada por los inspectores de tránsito se ajusta a la verdad.
Los integrantes del equipo revisan una por una cada multa aplicada por los inspectores de tránsito entre setiembre de 2008 y el presente.
El trabajo precede a la notificación que realizará la justicia civil a la administración en el juicio por liquidación de sentencia que llevan adelante los inspectores de tránsito.
El abogado de los inspectores, Gonzalo Sánchez, explicó que el escrito de liquidación de sentencia fue presentado semanas atrás.
En cualquier momento, la administración municipal será notificada por la justicia del traslado de la demanda por lo que empezará a correr un plazo de seis días para contestar la misma.
“Es un trabajo engorroso pero que de cualquier forma tiene que ser llevado adelante. Todavía no nos notificamos del traslado de la demanda. Esto ocurrirá esta semana. A más tardar”, dijo la doctora Adriana Graziuso, directora de la asesoría legal de la Intendencia.
“En el momento de contestar la demanda, tenemos que agregar toda la información. Tenemos que ver si las multas fueron aplicadas o no. También agregar el convenio de pago realizado a partir de la aplicación de cada multa. Es muy engorroso. Mucha información está en el sistema del SUCIVE. En ese caso no aparece el numero de la boleta, ni la chapa del automovil infractor. Sin esto es imposible saber quien fue el inspector que intervino y aplicó esa multa”, explicó Graziuso.
Los sesenta y tres inspectores que ganaron el juicio por el no cobro de las comisiones de multas por ellos aplicadas exigen en los estrados judiciales el pago de 362:501.951 pesos.
La suma equivale por un lado por la deuda generada entre setiembre de 2008 y setiembre de 2012 cuando se dictó la sentencia condenatoria en primera instancia. Por otro por la condena a futuro entre setiembre de 2012 y febrero de este año.
Liquidación de sentencia
El dato numérico se desprende del incidente de liquidación de sentencia iniciado en los últimos días por el abogado Gonzalo Sánchez, asesor letrado de los funcionarios.
Sánchez notificó a la Intendencia de Maldonado que inició la acción de liquidación de sentencia a partir del fallo favorable logrado a partir de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Fuentes del caso indicaron que en el escrito se detalla el monto que cobrará cada uno de los funcionarios a partir del fallo a su favor logrado en febrero pasado.
De acuerdo a esta nómina 17 inspectores de tránsito exigen cada uno 5:013.292 pesos. Otros 33 inspectores piden cada uno 7:737.138 pesos. Otros 8 funcionarios solicitan el pago de 409.507 pesos. 3 reclaman 3:084.491 pesos. Uno solo pide 6:792.195 pesos y el restante 2:628.709 pesos.
El abogado Gonzalo Sánchez, asesor legal de los inspectores, explicó que el fallo está firme y que solo resta pagar lo adeudado. Sánchez reveló que los inspectores de tránsito de Maldonado aplican, en promedio, dos mil multas por año cada uno de ellos. “De esas dos mil se pagan unas trescientas. El porcentaje de incumplimiento es muy grande. La mayoría de los multados hacen un convenio de facilidad de pago. Así pagan una multa, recuperan el vehículo, y después la mayoría no pagan más”, indicó. Empero, el artículo del presupuesto del año 2006 habilitaba el pago de la comisión del 25% aunque la multa nunca haya sido pagada por el infractor. “Del 2012 subió bastante la Unidad Reajustable y subió también la cantidad de multas aplicadas por año. Hablamos de dos mil multas aplicadas por cada inspector durante ocho años”, agregó.
¿Cómo se llega a los 362:501.951 pesos?
La Justicia por un lado condenó a la Intendencia al pago de lo adeudado entre el momento de constatarse el no pago y el fallo en primera instancia. Esto es el periodo comprendido entre el mes de setiembre de 2008 y el mes de setiembre de 2012, fecha de la promulgación del fallo en primera instancia.
A esto debe sumarse, la condena dispuesta por la justicia a futuro a partir de setiembre de 2012 y febrero de 2016.
Los treinta y tres funcionarios que reclamaron el pago de los 192 mil pesos adeudados a setiembre de 2008 vieron como esa suma se transformó en 409.507 pesos. Esto es por la aplicación de los intereses dispuestos por la aplicación del decreto ley 14.500 y la variación del IPC experimentada entre setiembre de 2008 y setiembre de 2012. A esto se debe sumar el dinero no percibido entre setiembre de 2012 y febrero de este año. Esta suma es $5:600.000. La suma de ambas representa un total de 7:737.138 pesos.
Antecedentes
El máximo órgano jurisdiccional del país se expidió en régimen de casación sobre la sentencia del 23 de febrero de 2016 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno. El tribunal de alzada había anulado el fallo en primera instancia de junio del 2014 del juzgado civil de 5º turno de Maldonado. Empero, la Suprema Corte de Justicia dio vuelta el fallo en segunda instancia y dejó firme la sentencia condenatoria de la administración municipal por el no pago del 25 por ciento de comisión por las multas constatadas por los inspectores municipales.
