José Ignacio: deberán demoler parte de una casa que no cumple con la ordenanza

La construcción de esta vivienda, sobre el médano de playa Brava, fue motivo de polémica

Los propietarios de una casa ubicada sobre el médano de la playa Brava de José Ignacio cuya construcción fue motivo de polémica en los últimos tiempos fueron intimados por la Intendencia de Maldonado a demoler el exceso en altura de la casa en un plazo no mayor a los treinta días a contar desde la fecha de su notificación.
Si en el plazo de un mes esa porción de la casa, que no se ajusta a los parámetros de la ordenanza de construcción del lugar, no es demolida, la Intendencia iniciará las acciones legales previstas en el artículo 69º de la ley Nº 18.308 denominada “De ordenamiento territorial y desarrollo sostenible”.
El citado artículo establece la facultad de policía territorial a las intendencias departamentales de promover acciones judiciales para restablecer el orden en caso de constatarse construcciones ilegales o no ajustadas a la norma.
Fuentes de la Intendencia de Maldonado explicaron que los propietarios construyeron la casa 1,24 metros por encima de la altura máxima permitida en ese lugar.

Pasada de altura
El trámite de construcción ante la Intendencia de Maldonado fue presentado por la empresa Good Fortune Company Sociedad Anónima para construir una casa de 303 metros cuadrados en el padrón 235 de la manzana 28 de la zona Faro de José Ignacio. La solicitud fue precedida por la autorización ambiental concedida por el entonces ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Luego de iniciadas las obras, el 17 de junio de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente notificó a la Intendencia de Maldonado que la misma había superado la altura máxima permitida.
La Intendencia no solo paró la obra, sino que además la declaró “inapropiada” y le aplicó un gravamen equivalente a 1/5 del importe del impuesto de contribución inmobiliaria.

Antecedentes
El año pasado el diario La Nación de Buenos Aires consignó este tema en una nota en la que brindó y recolectó información sobre la polémica que había estallado en el balneario. “Hoy, los vecinos de José Ignacio están en pie de guerra. Argumentan que hay dos proyectos inmobiliarios que violan normas ambientales y de construcción, y que, “por obra de quién sabe qué”, no son sancionados. Unidos en una alianza vecinal, argentinos, europeos y uruguayos parecen decididos a defender su posición y su nuevo hábitat con todos los recursos disponibles. Una de las fincas es propiedad de la ciudadana argentina Siobhan Dumas de Sánchez Elía, hija del fallecido y reconocido chef argentino, Carlos Alberto “Gato” Dumas. La otra casa es propiedad del empresario argentino Andrés Reinaldo Rossi. El abogado Mauricio Fioroni, asesor legal de la Liga de Fomento de José Ignacio, piensa que ambas casas serán demolidas por entender que las mismas no se ajustan a los parámetros vigentes en la materia. Sobre este aspecto, estima que en un 75 por ciento las casas serán tiradas abajo. La Liga de Fomento inició acciones legales para poner a las dos casas dentro de la normativa vigente, sostuvo la nota del diario argentino.

Carta al presidente
Por este tema los vecinos de José Ignacio remitieron en el mes de enero una nota al presidente Luis Lacalle Pou. “Los abajo firmantes, vecinos de José Ignacio, tenemos el agrado de dirigirnos a usted respetuosamente, para ponerlo en conocimiento de la nota que aquí acompañamos presentada ante la Justicia en el día de la fecha y con motivo de la demanda judicial que hoy inicia la Liga de José Ignacio”, sostuvo la misiva.
“Las obras que en la playa Brava han avanzado grandemente, entristecen a la comunidad toda, presenciando un atentado contra el medio ambiente de importantes magnitudes con consecuencias que ya se aprecian y efectos a medio plazo devastadores para la configuración de la costa, para el paisaje y en general para la calidad y el desarrollo sostenible de un destino natural icónico de este país”, continuó la misiva.
“Debemos decir también que es igual de grave lo acontecido en los expedientes donde se han canalizado los planteos de la sociedad civil ante el Ministerio de Ambiente recientemente creado y esto no solo es una bofetada al más básico sentido común, sino que entendemos no representa en nada a las mejores tradiciones de las instituciones de Uruguay y a la autoridad moral con la que su gobierno se encuentra transitando este difícil periodo de nuestra historia”, agregó la nota.

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