El Servicio Secreto de Estados Unidos lidia todos los días con una importante diversidad de potenciales riesgos que, de alguna manera, puedan afectar la vida del presidente de turno, en este caso, Donald Trump. Desde eventuales amenazas terroristas hasta peligros que pudieran enfrentar al salir de viaje al exterior. Lo que es casi seguro es que el Servicio Secreto jamás tuvo entre sus motivos de inquietud una demanda laboral contra su máximo jefe. Menos una radicada en un juzgado situado a miles de kilómetros de distancia de la Casa Blanca.
Lo cierto es que el 28 de mayo de 2014 un expediente fue caratulado como “Kronenberg Betina c/Faroy y otros. Demanda laboral”. Años más tarde, en febrero de 2017, la jueza Ana Aberastegui, titular del juzgado civil de 7º turno de Maldonado, recibió la papelería y notó que uno de los demandados había modificado su vida apenas unas semanas antes. Era nada menos que Donald Trump. La magistrada no tuvo otra opción que apelar a las normas del Derecho Internacional para seguir adelante con el juicio. Así redactó el siguiente decreto:
“Maldonado, 3 de Febrero de 2017. Fíjese provisoriamente el objeto del proceso y de la prueba en los términos señalados en la Providencia No 1961/2014 de fecha 10 de Setiembre de 2014. Convócase a las partes a audiencia para el día 25 de mayo a la hora 13:00, debiéndose diligenciar la prueba dispuesta. En atención a los recientes hechos públicos y notorios respecto del codemandado Donald Trump, deberá la parte actora tener en cuenta las normas de Derecho Internacional, referentes a las prerrogativas de un Presidente Extranjero”.

No contesta
La providencia del 10 de septiembre de 2014 refería al juicio laboral promovido contra Donald Trump, Eric Trump, Ivanka Trump, Trump Marks Punta del Este LCC y Fortune International Realty. La demanda había sido entablada por Betina Kronenberg, una exencargada de ventas de la torre Trump de Punta del Este. Ninguno de los nombrados contestaron la demanda por lo que la jueza prosiguió con el referido reclamo laboral por concepto de salarios impagos, diferencia de salarios, licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extras, descanso semanal trabajado, indemnización por despido común, daños y perjuicios, y multa, así como determinar la procedencia de la oposición formulada por la parte demandada. A la jueza no le tembló el pulso cuando el 8 de noviembre de 2017 condenó a los demandados a pagar 165 mil dólares adeudados a la reclamante.
Los demandados apelaron el fallo en primera instancia de la jueza Aberastegui por lo que el expediente pasó a estudio de un tribunal de alzada. El 27 de agosto de 2018, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno anuló el fallo en primera instancia que condenó a los demandados el pago de 165 mil dólares por diversos conceptos de índole laboral. En el fallo en primera instancia, la jueza no involucró a Donald Trump.

Cambio
Con el correr del tiempo, el expediente cambió de caratula. Así para el Tribunal de Apelaciones de 3º turno, el caso pasó a denominarse “Kronenberg, Betina c/Trump, Donald y otros, demanda laboral”. La demanda incluyó a las firmas Faroy SA y Aetos SA. A la primera empresa se la conoce en el ámbito comercial como Fortune International Realty y tiene su base en Miami. Es propiedad del cordobés Edgardo de Fortuna. La otra empresa, Aetos SA, es la empresa propietaria de la Torre Trump de Punta del Este. Ambas firmas estuvieron unidas para la comercialización de la Torre Trump. Empero, con el correr del tiempo se generó una profunda crisis entre ambas que terminó con una demanda de tres millones de dólares de Fortune International contra la propietaria de la Torre Trump.
Al contestar la demanda, la propietaria de la torre aseguró que el vínculo laboral de la demandante fue con la empresa Fortune hasta mayo de 2013. En la misma contestación, fue negado que Trump y sus hijos tuvieran algo que ver con la relación laboral de la demandante.
Kronenberg aseguró todo lo contrario al reconocer que, si bien los codemandados Trump nada tuvieron que ver con su contratación, “objetivamente fueron sus empleadores, porque la actora sirvió al proyecto Trump Tower y sus beneficiarios directos. Y que Eric y Donald Trump hablaban de Trump Tower como propia. Y que los nombrados se vincularon con la actora”. Kronenberg dijo que en ese caso debería operar la responsabilidad objetiva establecida en la ley de tercerización. Por lo tanto, pidió al tribunal que los Trump fueran involucrados en la demanda y condenados a pagar la suma reclamada.
Entre las reclamaciones de Kronenberg se encuentra la comisión generada a su favor por las ventas realizadas en Venezuela por un monto de U$S 17.182.000 dólares, lo que implica comisiones por U$S 171.820. También que se revisara el fallo en primera instancia y “se condenara a Faroy SA y Aetos SA al pago de U$S 550.000 por las ventas cumplidas entre enero de 2013 y octubre de ese año por la suma de U$S 19.286.000, lo que ascendió a fines del 2013 a un total de ventas por U$S 55.000.000, según declaración de Eric Trump”.

Amplia libertad
Luego de analizados los hechos, el Tribunal de Apelaciones consideró que no fue probada la relación laboral. “Los correos electrónicos agregados por la actora ponderados en su conjunto y en el conjunto de prueba rendida en autos según pautas de sana crítica, razonabilidad y experiencia de lo que normalmente ocurre, indican que se trató de relación no laboral. Y que la actora negoció las condiciones de su prestación de actividad, estando previa y contemporáneamente al desarrollo de la vinculación inscripta como empresa. También resulta de dicha documentación que la accionante negoció con amplia libertad los términos de la contratación. Que tenía libertad en el uso y disposición del showroom, y que disponía unilateralmente de las fechas en que se retiraba del país. Así, con fecha 9 octubre 2013, la actora expresa que se le dijo que no se continuaría desde el 1 de noviembre con lo pactado, y que ella cobraría por todo el trabajo realizado hasta el 31 de octubre”, dice el fallo.

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