Junta Departamental de Maldonado repartirá en el 2023 casi un millón de pesos a cada edil

El citado mecanismo fue aprobado por veintinueve ediles en veintinueve presentes en sala en la sesión del 21 de julio de 2015

La División Jurídica del Tribunal de Cuentas de la República insistió en proponer a los ministros de la corporación que se dé cuenta a la Fiscalía General de la Nación de la existencia del mecanismo ilegal de pago a los ediles de la Junta Departamental de Maldonado.
Sin embargo, los ministros del Tribunal de Cuentas de la República no dieron trámite a lo solicitado por los abogados del organismo por entender que “no existe mérito para proceder en ese sentido”.
“En efecto, una denuncia de similar contenido presentada por un ciudadano en el 2015 y ampliada en el 2018 ante la Fiscalía de 3er. Turno de Maldonado con el mismo objeto, fue archivada el 24 de agosto de 2021”, indicaron los ministros.
Más allá de esta negativa, los ministros insistieron con observar el referido gasto de la Junta Departamental de Maldonado de repartir dinero entre los partidos políticos con representación en el legislativo departamental.
Al pronunciar su voto por mantener la observación del gasto, los ministros recordaron que el citado mecanismo fue aprobado por veintinueve ediles en veintinueve presentes en sala en la sesión del 21 de julio de 2015 tal como había sido propuesto por resolución de la Mesa del cuerpo el 7 de julio de mismo año.

Observados
La citada resolución dispuso destinar a cada Sector político con representación en la Junta Departamental de Maldonado, una partida para el mejor cumplimiento de sus fines.
En dicha Resolución, se dispuso que la partida se asignara a cada sector político en proporción al número de Ediles que formen parte del mismo, se estableció su liquidación mensual y el ajuste en las mismas oportunidades y porcentajes que los gastos de representación de los Representantes Nacionales (o sea, el monto se ajusta semestralmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo en enero y julio de cada año).
Entre los años 2015 y 2022 los gastos derivados de las partidas referidas fueron sucesivamente observados por la Contadora Delegada y por el Tribunal de Cuentas de la República por contravenirse los artículos 86, 211 literal B) y 295 de la Constitución de la República.
En esta ocasión, la contadora delegada remitió al Tribunal de Cuentas de la República para su intervención el monto estimado para el Ejercicio 2023, el que asciende a la suma de 30:746.800 pesos.

Ajustes salariales
Al expedirse el Tribunal de Cuentas de la República sostuvo que las causales de observación formuladas tanto por la Contadora Delegada como por este Tribunal respecto a erogaciones realizadas en Ejercicios anteriores, se configuran respecto del gasto correspondiente al Ejercicio 2023. “Dichas causales de observación se vienen repitiendo año a año desde 2015, sin que la Administración haya modificado su proceder, con lo cual se torna necesario no solo indicar las disposiciones que se han venido contraviniendo, sino explicitar en qué medida se vulnera cada una de las normas, a efectos de que cuente con los elementos necesarios para corregir la situación; que en tal sentido, corresponde destacar que el gasto derivado de la partida de referencia carece de naturaleza resarcitoria o indemnizatoria, pues no se ajusta a las pautas establecidas para ello en la Resolución s/n de este Tribunal de fecha 22/12/2010. Específicamente, la partida se asigna para cubrir “asesoramientos puntuales, gastos de materia de transporte, funcionamiento representación”, siendo que la Resolución del Tribunal expresamente indica que los gastos de asesoramiento deben ser observados y establece una serie de requisitos para admitir los gastos de transporte (declaración jurada, documentación probatoria, detalle de actividades realizadas, etc.) cuyo cumplimiento no se ha verificado en el caso concreto. Asimismo la partida se aumenta año a año en proporciones que solo pueden corresponder a ajustes salariales”, expresó el Tribunal de Cuentas.
“En consecuencia, al tratarse de una partida de carácter remuneratorio, se vulnera lo establecido en los artículos 86 y 295 de la Constitución de la República; que asimismo, las actuaciones cuentan con principio de ejecución en contravención a lo preceptuado por el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República; que si bien se propone por la División Jurídica dar cuenta de las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación, este Tribunal mantiene su posición de fecha 03/02/2021, entendiendo que no existe mérito para proceder en ese sentido. En efecto, una denuncia de similar contenido presentada por un ciudadano en el 2015 y ampliada en el 2018 ante la Fiscalía de 3er. Turno de Maldonado con el mismo objeto, fue archivada con fecha 24/08/2021;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el artículo 211 literales B) y E) de la Constitución de la República; EL TRIBUNAL ACUERDA 1) Observar el gasto por lo expresado en los Considerandos 3), 4) y 5); 2) Téngase presente lo expresado en los Considerandos 2) y 6); 3) Comunicar a la Contadora Delegada actuante; 4) Devolver las actuaciones•, finaliza.