La jueza letrada de concursos de 2º turno, doctora María Constanza Farfalla Salvo, decretó el pasado 25 de octubre la liquidación de la empresa Chihuahua Club Sociedad Anónima propietaria del predio de cuarenta hectáreas ubicado sobre la margen este de la desembocadura del arroyo El Potrero en el Río de la Plata y frentista a la playa naturista de fama mundial.
La referida magistrada, en la misma audiencia, dispuso la liquidación de la masa activa de la misma empresa, en la que se incluye el valioso predio avaluado en cien millones de dólares por la reconocida casa de remates Bavastro que en la emergencia actuó como perita designada y tasó el inmueble en la referida suma. Entre los activos se encuentran, además, los permisos tanto nacionales como municipales para manejar el álveo del arroyo El Potrero para construir un puerto para yates y veleros con un complejo inmobiliario de hasta cuatro pisos en el predio de cuarenta hectáreas-
En la misma audiencia, la magistrada decretó el cese de sus administradores y dispuso la suspensión de la legitimación de la empresa deudora para disponer la masa del concurso cambiando, además, la condición de interventor del abogado Alfredo Ciavattone para elevarlo a la calidad de síndico.
Recurso de apelación
Al finalizar la audiencia, la defensa de la empresa anunció que interpondrá un recurso de apelación contra los decretos resueltos en esa jornada por la jueza María Constanza Farfalla. Por esta razón el expediente deberá ser elevado a un tribunal de apelaciones quien en definitiva dejará firme o no las decisiones de la magistrada resueltas en la audiencia de la junta de acreedores del pasado 25 de octubre. Se desprende de estos, que el fallo de la jueza Farfalla no está firme y será sometido, a pedido de la parte perdidosa a un tribunal de apelaciones en lo civil que lo dejara firme o lo anulará.
Empero, la sentencia en primera instancia fue resuelta a partir de que la firma concursada no presentó en la audiencia de junta de acreedores un plan de pagos para poder enjugar sus deudas.
El pasivo de la empresa es de unos veinte millones de dólares. La mayor parte de la deuda, alrededor de dieciocho millones de dólares, fue contraída con un fuerte inversor argentino representado por uno de los principales estudios jurídicos del país. Los propietarios del predio deben además más de cien mil dólares por tributos y tasas a la Intendencia de Maldonado. La empresa jamás colocó un ladrillo o contrató personal para la obra.
Historia
Todo indica, salvo que la empresa cancele sus deudas en el corto plazo, que se pondrá fin a un largo proceso ante el gobierno nacional y la Intendencia de Maldonado. El largo trámite duró hasta el presente treintaiún años y pasó por siete presidentes de la República y doce intendentes de Maldonado. El proyecto para ese lugar incluyó las obras de protección externa, acceso marítimo y canales para la construcción de una marina de embarcaciones deportivas, viviendas privadas y servicios. Por esta razón, el gobierno de la época le otorgó una concesión de uso exclusivo, privativo y gratuito de parte del álveo del Rio de la Plata y de sus aguas, para llenar y mantener los canales de acceso e interiores. El entonces presidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) aprobó el 26 de febrero de 1992 el proyecto de boating club en el lugar. El presidente Julio María Sanguinetti dictó el 3 de diciembre de 1997 otros permisos. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se aprobó, el 2 de enero de 2007, el proyecto definitivo para la concesión de uso de un álveo y espacio de aguas frente a un predio de su propiedad, y se ratifica el plazo para el inicio de la obra en doce meses contados a partir de la suscripción del contrato de concesión. Durante el gobierno de José Mujica, el 8 de marzo de 2013 se suscribió el contrato entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y CHIHUAHUA CLUB S.A., lo que introdujo en la Cláusula Segunda una modificación al objeto de concesión, aprobándose la propuesta modificativa del proyecto del emprendimiento de fecha 12 de agosto de 2011, concediéndole el uso exclusivo, privativo y gratuito de parte del álveo del Rio de la Plata que se indica como fracción A, 2 fracciones de álveo del Arroyo El Potrero que se indican como fracción E y fracción G, y de las áreas indicadas como fracciones B, C y D de propiedad del Estado y de la fracción F, correspondiente al área portuaria interna de amarre de la marina a construir, todas las cuales se detallan en el plano de mensura de fecha 30 de enero de 2012, de Ingeniero Agrimensor Sergio Bonilla incluido en el Anexo V del referido contrato.
Prórrogas y más prórrogas
El presidente José Mujica concedió a la firma, el 17 de abril de 2013, un plazo de cincuenta años el uso gratuito del álveo del Río de la Plata y el 9 de setiembre de 2014 concedió una prórroga de ocho meses para el inicio de las obras.
El presidente Tabaré Vázquez el 14 de marzo de 2016 autorizó, a solicitud de CHIHUAHUA CLUB S.A., una nueva prórroga de veintiún meses contados a partir del 19 de diciembre de 2014, para comenzar las obras portuarias, y otra prórroga de 17 meses contados a partir del 19 de abril de 2017 para la finalización de las obras; disponiendo además que la Concesionaria debía dar estricto cumplimiento a los plazos previstos para su realización, caducando en caso de no respetar dichos plazos, todas las autorizaciones y permisos otorgados.
EL presidente Tabaré Vázquez, un día antes de dejar la presidencia, el 28 de febrero de 2020 autorizó -insistiéndose en el procedimiento- la prórroga solicitada por la empresa CHIHUAHUA CLUB S.A., por el plazo de 90 (noventa) días hábiles, contados a partir de la notificación de la esa resolución, para comenzar las obras portuarias incluidas en la concesión que le fuera otorgada según un contrato suscrito con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con fecha 8 de marzo de 2013, y aprobado por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 17 de abril de 2013, para el uso exclusivo, privativo y gratuito de parte del álveo de Río de la Plata, para la construcción de una marina de embarcaciones deportivas, conexa a un emprendimiento habitacional turístico.
El presidente Luis Lacalle Pou, el 30 de noviembre de ese mismo año, modificó el contrato en lo que respecta los avales que la empresa depositó como garantía de fiel cumplimiento del contrato.
