Justicia desestimó reclamo presentado para detener demolición de varias construcciones en Punta Colorada

“No ofrecieron ni una sola prueba conducente para que acreditar que son los titulares de los inmuebles donde se sitúan las construcciones que la Intendencia proyecta demoler”, dijo el juez al referirse a los reclamantes

El juez letrado de Primera Instancia en lo civil de 5º turno de Maldonado, Federico Rodríguez Luzardo desestimó el recurso de amparo presentado por un grupo de personas que aseguran ser propietarios de varias edificaciones en la faja costera de Punta Colorada y que serán demolidas por la Intendencia de Maldonado, sostuvo el abogado Hugo Alvez, asesor del ejecutivo departamental.
El juez Rodríguez Luzardo entiende que sobre este tema existe cosa juzgada respecto a las cuatro personas que radicaron la acción de amparo con el objeto de detener las demoliciones de las construcciones por otros planteos similares registrados tiempo atrás. “Sin embargo, no ofrecieron ni una sola prueba conducente para que acreditar que son los titulares de los inmuebles donde se sitúan las construcciones que la Intendencia proyecta demoler”, dijo el juez al referirse a los reclamantes.
El fallo no está firme y puede, en los plazos legales correspondientes, ser apelado por los accionantes en este caso.

Fallo
El siguiente es el fallo de la víspera: “resultando. 1) Que con fecha 13 de noviembre comparecen María Esther, Zelidh, Milton, Victoria, Juan Manuel, Andrés González y Diego Sales González. Promueven acción de amparo contra la Intendencia de Maldonado. Sostienen que los cuatro primeros son propietarios del inmueble 1245 de la localidad catastral de Punta Colorada. El 7 de noviembre de 2023 fueron notificados por parte de la Intendencia de Maldonado resolución adoptada por la Dirección General de Asuntos Legales en el sentido de proceder a la demolición de las construcciones existentes en inmueble referido, fijándose fecha a tales efectos para el 15 de noviembre de 2023.
La demolición notificada fue dispuesta en ejecución de la Resolución 0579/2021 adoptada el 28 de agosto por el intendente de Maldonado, por la que se intimó a los accionantes a la demolición de las referidas construcciones.
Los promotores interpusieron recursos administrativos, que fueron denegados. Asimismo, promovieron acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y solicitaron la suspensión del acto impugnado, que se encuentra en trámite y pendiente de resolución. También resistieron la decisión adoptada por la Directora General de Asuntos Legales de demoler administrativamente sus viviendas mediante la interposición de los recursos administrativos y mediante la remisión de un telegrama colacionado que fuera remitido el 10 de noviembre y por el que se formula oposición a lo resuelto.
El actuar de la demandada el resolver por sí y ante sí ejecutar la demolición administrativa de las construcciones y el futuro acto de demolición (anunciado para el 15 de noviembre) son manifiestamente ilegítimos.
Cualquiera sea la posición que se adopte respecto a la naturaleza del bien, no corresponde la ejecución administrativa de las demoliciones y en ausencia de pronunciamiento judicial. Ello lesiona en forma actual e inminente los derechos y libertades constitucionalmente protegidos, como lo son el debido proceso, el derecho a la vida y la seguridad jurídica.
Los accionantes se encuentran legitimados a promover la demanda. María Esther, Zelidh, Milton y Victoria González son propietarios del inmueble 1245 y junto con los comparecientes Andrés, Juan Manuel y Diego Sales son propietarios de las construcciones existentes en el inmueble. Todos son sujetos directamente damnificados por el actuar arbitrario de la IM, en tanto está privando a los accionantes de su “día ante el Tribunal”.
Al disponer la demolición sin intervención del Poder Judicial la demanda se aparta del debido proceso. Además, no debe perderse de vista que la Intendencia concedió únicamente 5 días hábiles entre la notificación de la demolición y la fijación de la fecha de ésta. El exiguo plazo otorgado para que esta parte pueda ejercer sus defensas también constituye una violación a principio del debido proceso consagrado en nuestra Constitución.
El derecho a la vivienda comprende: el derecho a estar protegido contra los desalojos forzosos, la destrucción y demolición arbitraria del hogar; el derecho a ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, la privacidad y la familia, el derecho a elegir la residencia y determinar donde vivir y el derecho a la libertad de circulación.
Resulta evidente que, fuera del proceso de amparo que se promueve, no existe ningún mecanismo jurídico hábiles a los efectos de evitar la violación de los derechos constitucionalmente protegidos por la demolición proyectada por la IM para el día 15 de noviembre de 2023.
En la medida que el daño que ocasionaría la demolición de las viviendas es irreversible se solicita como medida provisional y urgente la prohibición a la Intendencia de Maldonado de efectuar obras y demoliciones en el padrón 1245 durante la tramitación del proceso.
Ofrecen prueba, fundan su derecho y solicitan que se acoja la demanda, ordenando la inmediata suspensión de las demoliciones dispuestas por la Intendencia de Maldonado hasta tanto se de cumplimiento a los artículos 68º y 69º de la ley Nº 18.308.
2) Por dispositivo de 13 de noviembre de 2023 se hace lugar a la medida provisional solicitada, disponiéndose la prohibición a la Intendencia de Maldonado de efectuar obras y demoliciones en el padrón 1245 de la localidad catastral Punta Colorada durante la tramitación de este proceso y hasta la existencia de sentencia ejecutoriada. Asimismo, se ordena la notificación a la accionada y se dispone la convocatoria a audiencia.
3) Al acto comparecen las partes con la asistencia de precepto. La accionada contesta la demanda, controvirtiéndola. Interpone excepción de cosa juzgada, litispendencia, falta de legitimación activa y pasiva. Niega la configuración en el caso de los elementos constitutivos del amparo, ofrece prueba, funda su derecho y aboga por la desestimación de la demanda en todos sus términos. Asimismo, solicita el levantamiento de la medida provisional por considerarla desproporcionada y porque la ejecución se encuentra en trámite ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Considerando
I) Objeto del proceso. Conforme la delimitación inicial realizada en audiencia, el objeto de este proceso consiste en determinar si corresponde hacer lugar al amparo movilizado y en su mérito disponer la prohibición a la suspensión de las demoliciones proyectadas por la Intendencia de Maldonado con respecto al padrón 1245 de la localidad catastral de Punta Colorada hasta tanto exista pronunciamiento firme en proceso tramitado al amparo del artículo 69º de la ley 18.308.
III) legitimación activa y pasiva
A criterio del suscrito, la vinculación de la Intendencia con el objeto de la causa se justifica por haber sido la autora del acto administrativo que se tilda de ilegítimo y cuya ejecución se pretende suspender. Esta autoridad estatal tendría legitimación pasiva en este proceso únicamente si se lograra acreditar la realización de algún acto, omisión u hecho que de forma actual o inminente, restrinja, altere o amenace, con legitimación manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución. Extremo que –de acuerdo con lo que se dirá- no se configura en este caso. Por otro lado, los accionantes promueven la demanda por considerarse titulares de un derecho amenazado o lesionado. Se consigna en forma expresa en el escrito de proposición inicial que los integrantes de la familia González articular su pretensión en base a su supuesta calidad de propietarios del padrón 1245 y en ello fundamentan su pretensión.
Afirman que “María Esther, Zelidh, Milton y Victoria González, son propietarios del inmueble 1245 donde tienen asiento las construcciones cuya demolición administrativa pretende llevar la demandada y junto con los comparecientes Andrés González, Juan Manuel González y Diego Sales González son propietarios de las construcciones”. En tanto fundan el reclamo en su calidad de propietarios, tenían la carga de acreditar (al menos sumariamente) ese extremo, no lo hicieron. Sin embargo, no ofrecieron ni una sola prueba conducente para que acreditar que son los titulares de los inmuebles donde se sitúan las construcciones que la Intendencia proyecta demoler.
Por el contrario, se aportan por la demandada resoluciones judiciales pasadas de cosa juzgada y que dan cuenta de la naturaleza jurídica de dominio público del padrón 1245 de la localidad catastral Punta Colorada”.
Además el juez se expidió a favor de la Intendencia en otros aspectos del reclamo.

2 COMENTARIOS

  1. es como hacer una casa en la plaza independencia y después reclamar son lugares de todo el pueblo Uruguayo !!!!?????

  2. Estimados, la foto que publican en la nota es equivocada. en realidad, esas construcciones ya fueron demolidas.
    Aquí debiera ir la foto de las 4 casitas blancas, llamadas ” techitos rojos”, que son las que están a punto de ser demolidas por la comuna departamental.
    Decimos NO a la demolición de estás construcciones que son parte de nuestro patrimonio!

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