La directora de Asuntos Legales de la comuna, María del Carmen Salazar, analizó junto a la Comisión de Legislación de la Junta Departamental el proyecto de decreto presentado por el nacionalismo para detener los desalojos de malos pagadores en Cerro Pelado y aseguró que la norma propuesta adolece de varias anomalías. Entre otras cosas, el proyecto incluye medidas que “ya existen” cuando no pretende introducir medidas que violan la constitución, aseveró. Salazar también aseguró que desde hace varios años la comuna ha estado brindando facilidades para que todos los promitentes compradores se acojan a los beneficios que les otorgó el decreto 3817 del año 2006, pero sostuvo que un núcleo de 29 adquirentes no regularizó su situación a pesar de que solo debían pagar unos $ 1.600 mensuales por una casa de tres dormitorios.
La reunión de la comisión tuvo lugar el 16 de octubre y se extendió por algo más de una hora. En primer lugar hizo uso de la palabra el edil Guillermo Ipharraguerre, redactor del proyecto de decreto. Al culminar su exposición, Ipharraguerre debió retirarse de la sesión, por lo que no pudo oír los argumentos de Salazar, quien cuestionó punto por punto la iniciativa nacionalista. Del encuentro participaron los ediles Juan Ramos -presidente de la comisión-, Daniel Ancheta, Washington Martínez, José Monroy, Alejandro Lussich, Guillermo Ipharraguerre, María Cruz, María Cristina Rodríguez y María del Rosario Borges.
El caos
Al hacer uso de la palabra, la doctora Salazar recordó que en el año 2005 el gobierno comunal halló que “la situación era de gran caos en materia de vivienda social. Había denuncias de ventas de las viviendas sociales, ventas en beneficio de algunos de los funcionarios implicados, había una irregularidad absoluta, siendo hasta ese momento una cosa bastante común la venta de las viviendas. Se dispuso una investigación administrativa que terminó con el procesamiento de tres personas, como ustedes saben, una de ellas con prisión” indicó.
“Lo que nosotros advertimos inmediatamente es que teníamos que empezar un trabajo muy profundo de regularización, pero nos encontramos con la gran dificultad de que, además, era difícil encontrar las constancias de pago dentro de la propia Intendencia, por el caos administrativo, por el absoluto desorden administrativo que había en este tema. Por lo tanto, se empezó a trabajar en el Decreto No 3.817 donde en el Artículo 2, justamente, una de las cosas que se dice es que se le da la posibilidad al que está ocupando la vivienda de cambiar el compromiso que tenía a la fecha. Obviamente que el cambio es voluntario, porque un contrato celebrado entre partes no puede ser cambiado por la fuerza sino que tiene que ser voluntario”, aclaró.
La jerarca señaló que las viviendas fueron retasadas y se determinó “que lo que se hubiera pagado a cuenta de la Contribución Inmobiliaria se agregaba al precio”. Esto se decidió “porque realmente era mucha la dificultad que había para ordenar todo ese desorden administrativo de tanto tiempo, y la retasación se hizo por algo que decían los vecinos –y tenían razón–: que se les había entregado una vivienda que desde el punto de vista constructivo dejaba bastante que desear; el precio que se había fijado, en realidad, en los hechos, por la mala construcción y por la precariedad de los materiales, merecía una tasación. Tanto es así que la tasación que se hizo determinó que los precios bajaran muchísimo. Les muestro la última actualización de los precios de julio de este mismo año, y surge que, por ejemplo, por el método anterior, una vivienda de dos dormitorios estaba fijada en $ 892.301, y con la retasación que se hizo bajó a $ 262.805. La vivienda de tres dormitorios antes estaba en $ 1.004.638, y con la retasación bajó a $ 303.123. A su vez, obviamente que las cuotas bajaron todas. En lo que era terreno con servicios, antes estaban pagando $ 448.475 y ahora pagan $ 205.455”, explicó.
Retasados
La jerarca dijo que, como consecuencia, “ni bien los vecinos se empezaron a dar cuenta de lo que el gobierno les estaba ofreciendo”, los titulares de 971 padrones sobre un total de 1250 se acogieron al decreto para regularizar su situación. “De estos 971 tenemos que 717 están con el compromiso, 44 ya cancelaron totalmente –porque al retasarle la vivienda al que era buen pagador se la tuvo por cancelada y, por lo tanto, se le entregó el título de propiedad–, otros 82 también cancelaron, y existen 89 compromisos a firmar –es decir, que están en trámite–. Se puede decir que por primera vez todo Cerro Pelado está analizado y estudiado, y que 971 padrones se acogieron a este decreto”, señaló.
Salazar analizó a continuación el proyecto de decreto presentado por Ipharraguerre, al que, en términos generales, atribuyó problemas, como “cuestiones de inconveniencia”, además de “inconstitucionalidades y nulidades”. “Pero antes quiero contestar algo que dijo el doctor Ipharraguerre en el sentido de que no se sabe cuántos desalojos hay, que hablan de 200. Les voy a decir que de la totalidad de las viviendas sociales tenemos 29 desalojos por incumplimiento de la vivienda social. Luego tenemos otros desalojos, pero no sé cómo no se distingue uno del otro en el nuevo decreto; no sé si se refiere a eso, pero, por ejemplo, hay una persona argentina que en Punta Ballena se construyó una casa entre las rocas, y la estamos desalojando porque lo hizo en la faja costera, que es tierra fiscal. Tenemos a otra persona que ocupó una vivienda que antes era de Prefectura –que se utilizaba para controlar la playa–, y le estamos haciendo un desalojo porque está en tierra fiscal. Estamos desalojando una serie de casas que se le dieron hace muchísimos años a la Policía, al Jefe de Policía. Están hace muchos años y no pagan nada; es enfrente a El Placer, de este lado, que también los estamos desalojando. Estamos desalojando a una señora escribana, que ocupó un terreno municipal en Punta Ballena”, detalló.
El imperio de la ley
La directora insistió que en que solo se está desalojando a 29 personas que ocupan viviendas en Cerro Pelado y que el propósito del decreto en vigor es que las personas comprendan la necesidad de respetar la legalidad.
“Nosotros consideramos que una cosa que ha hecho este gobierno con gran esfuerzo y que ha sido apreciado por los buenos pagadores es, justamente, poner un orden, poner reglas bien claras y parejas; acá no hay gente que se haya beneficiado por no pagar, además las cuotas son muy accesibles. Por ejemplo, las cuotas que yo les decía, las de las casas de dos dormitorios son de $ 2.190; en el caso de que no se hayan acogido a Quitas y Esperas, ni a la subvención ni a ninguno de los beneficios; una casa de tres dormitorios, la casa de fibrocemento es de $ 1.895, también si no se hubiera acogido a nada. O sea que, en realidad, es de ahí para abajo”, explicó.
”A nosotros nos parece importante que la gente empiece a entender que hay que cumplir con el gobierno departamental, que no se puede hacer lo que se quiere y más cuando existe también una disposición –que si no me equivoco está en el Presupuesto– que todo lo que se cobra en materia de vivienda va para el Fondo Social de Vivienda. Es decir que en realidad se está retroalimentando la construcción de viviendas”, señaló.
Más tarde, tras analizar varios aspectos de la propuesta nacionalista, Salazar resumió que el proyecto “tiene artículos que ya estaban en el decreto anterior, tiene artículos que son absolutamente nulos y tiene otros artículos que son abiertamente inconstitucionales”.
Por otra parte, señaló que “una de las cosas que se ha logrado conseguir” en los últimos años “es que la persona tenga derechos y obligaciones. Así como tiene el derecho a estar en una situación de igualdad con otro que también quiera conseguir una vivienda –ya no se dan más a dedo porque se vaya a un comité político ni nada por el estilo–, entonces también tiene su obligación, que es pagarla; y si nosotros hacemos una amnistía por 29 que no pagan, creo que el mensaje es bastante delicado”, sentenció. En otra parte de la sesión, explicó que algunos de los vecinos “nerviosos” por el inminente desalojo no han pagado sus cuotas “dese 1994” . Asimismo, destacó que, desde 2010 en adelante, el plan de regularización permitió a la comuna recuperar $ 9.805.000 para reinvertir en viviendas de interés social.
No pago y no pago
En un momento de la reunión, el edil Washington Martínez pregunto a María del Carmen Salazar si alguno de los 29 futuros desalojados había mostrado voluntad de pago o “de entregar algo”, al menos, en vistas de que “cuando uno tiene voluntad de pago es atendido”.
“Hay distintas situaciones -explicó la jerarca. Por ejemplo, hay un caso en que los propietarios son dos colegas, que nunca pagaron nada, que alquilaron la vivienda… Después que se constató que la tenían alquilada y nunca jamás… La recibieron en el 90 y pico. Además, nos parece que hay que pensar si dos profesionales universitarios están en condiciones… No importa. Al margen de eso, en este caso, después que ya se había dispuesto la rescisión por incumplimiento, por haber sido alquilada y porque nunca habían pagado, ahí se presentaron a querer pagar, pero cuando ya se había constatado absolutamente todo”, explicó.
“En todos los casos en que hay falta de pago se les intima, se manda un inspector, se va varias veces, se les cita para que vengan a tratar de arreglar su situación. A veces presentan cartas diciendo que la van a arreglar, que los esperen un mes; se espera pero al mes no aparecen. En todos los casos se dan esas oportunidades. Cuando se llega a la resolución de rescisión por falta de pago es porque se agotaron todas las instancias. En todos los casos donde se está haciendo es porque no han pagado, pero hay algún otro que vendió en U$S 11.000 y compró una en U$S 3.000. Hizo un negocio. También están todas esas situaciones”, añadió.
